El Estado mexicano ha respondido a la crisis humanitaria de migrantes con el incremento del despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera sur, criticaron activistas en defensa de los derechos de los migrantes. Alertaron que esto no es una casualidad, pues consideran que el endurecimiento de la política migratoria en México podría estar directamente relacionado con la negociación comercial que se reliza en Washington.
Esta tarde, luego de la segunda reunión entre altos funcionarios de México y Estados Unidos, el Canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que informaron a los representantes de ese país del despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, y que hasta hoy aún no hay un acuerdo entre ambas naciones para frenar los aranceles..
Tapachula, Chiapas, 7 de junio (SinEmbargo).– Colectivos de derechos humanos y activistas no descartan que el endurecimiento de la política migratoria en México –principalmente el despliegue excesivo de fuerzas armadas para detener a la Caravana de Migrantes, y el arresto de dos defensores de migrantes–, esté relacionado con la negociación que la delegación mexicana, encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, realiza en Washington en busca de evitar la imposición de aranceles.
Ayer por la tarde, luego de la segunda reunión entre altos funcionarios de México y Estados Unidos, el Canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que informaron a los representantes de ese país del despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala, y que hasta hoy aún no hay un acuerdo entre ambas naciones para frenar los aranceles.
Para algunos derechohumanistas, las recientes acciones del Gobierno mexicano contra migrantes podrían interpretarse como una presentación de resultados de México hacia Estados Unidos, frente a la exigencia del Presidente Donald Trump para frenar el flujo migratorio y ante su amenaza de gravar todos los productos mexicanos con un arancel del 5 por ciento a partir del próximo lunes.
“Es un verdadero problema que el Gobierno de México esté mirando en el trato de los migrantes una oportunidad para avanzar en una negociación con los Estados Unidos”, dijo en entrevista con SinEmbargo, Marco Antonio Castillo, de la organización Red de Pueblos Trasnacionales.
Salva LaCruz, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, comentó que aunque no puede asegurar que hay una relación directa entre el despliegue operativo con las negociaciones comerciales, consideró que la presencia de elementos militares y de la Policía Federal ayer en Chiapas fue “insólita”. “Sí pudimos observar una cantidad grande de gente de la Marina y de Policía que por lo que entendimos, ya opera bajo Guardia Nacional”, dijo.
“Tampoco nos parece casualidad que ayer se hayan dado detenciones de personas defensoras de los derechos de los migrantes, presuntamente vinculadas a la organización de esta Caravana, yo creo que [estas acciones] son cierta actitud de presentarle resultados a los Estados Unidos, de presentarle a EU una actitud de que México está siendo duro con el tránsito de personas migrantes y refugiados en México”, comentó el activista.
La delegación mexicana inició ayer miércoles en Estados Unidos, la primera ronda de conversaciones con altos funcionarios de la Casa Blanca en busca de impedir que entre en vigor la amenaza del Presidente Trump.
Mientras tanto, en la frontera sur de México, una nueva Caravana de migrantes era contenida y detenida en medio de fuerte despliegue de fuerzas armadas; además, en diferentes hechos, los defensores de derechos a migrantes, Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica fueron detenidos por autoridades mexicanas en la Ciudad de México y Sonora.
“Nos parece sumamente sospechoso y preocupante que estén aumentado este tipo de acciones –este despliegue por parte de las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Migración (INM)– mientras se están llevando los diálogos aquí en Washington y cuando todavía no se han resuelto las negociaciones”, expresó en entrevista telefónica, Daniella Burgi, de la organización Latin America Working Group.
El arresto de Cristóbal Sánchez e Irineo Mujíca levantó el reclamo de la sociedad civil y activistas del país. La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves, en un comunicado de prensa, que la detención fue en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión contra los activistas, a quienes acusan de la comisión de posibles delitos en materia migratoria.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que fue una casualidad que el operativo en Chiapas se haya realizado mientras se celebran las negociaciones comerciales en Estados Unidos.
“Coincidentemente estaban las negociaciones en Washington y una Caravana, no se si fueron 400, irrumpe, algunos hasta en forma violenta en el puente de hacía Chiapas, y hacia ciudad Hidalgo. Irrumpiendo, ¿por qué no lo hacen ordenadamente?, ¿por qué no lo hacen seguro y legalmente?. Tenemos leyes migratorias, y teneos que regularizar a toda la población migrante”
La titular de Gobernación añadió que el Instituto Nacional de Migración (INM) ya está mejor organizado para “hacer una migración regular y ordenada”, y que cuenta con el presupuesto necesario. “Creo que el INM tiene tiene bastante recursos para hacer esto”, comentó.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, integrado por múltiples organizaciones civiles, reprochó el actuar de las autoridades mexicanas y acusó que tanto el INM como las fuerzas de seguridad federal detuvieron a los migrantes en Chiapas bajo engaños y desgaste. Además, aseguró que es falso que los migrantes ingresaron de manera violenta “no se trató de una entrada al país de forma abrupta, ni descontrolada, sino buscando precisamente alguna de las diversas formas de regularización en México”, explicaron.
Andrea Villaseñor, Directora del Servicio Jesuita a Refugiados, organización que forma parte del Colectivo de Monitoreo, relató que las autoridades migratorias dejaron que los migrantes cruzaran la línea fronteriza, permitieron que caminaran por horas bajo el calor, para más tarde, montar un operativo migratorio en Metapa de Domínguez, Chiapas, acompañado de un despliegue de Policía Militar, Policía Federal con elementos antimotines.
La activista comentó al menos 300 elementos policiacos participaron en el operativo, se detuvo a la gente sin darles información y se aprovechó de su agotamiento.
“Vimos que la gente estaba cansada, estaba deshidratada, no habían comido, tenían mucho calor, la gente estaba muy desgastada física y emocionalmente; estaba muy asustada, con miedo, la gente decía ‘No puedo regresar'”, describió.
Las personas, que estaban desesperadas y confusas, fueron orilladas a ser trasladadas al centro de detención migratoria Siglo XXI en Tapachula, bajo esta modalidad de desgaste físico y emocional, agravado por la presencia militarizada, expuso la defensora.
“Al final la gente se subió a los autobuses porque estaban cansados, porque tienen miedo, pero no se subieron porque esten informados o tengan la claridad de a dónde van a ir, o a dónde los iban a llevar”, narró.
El colectivo reiteró que “la militarización de la política migratoria en México” es contradictora al discurso de Gobierno federal, pues esta estrategia está alejada de un enfoque de derechos humanos.
Marco Antonio Castillo, de la Red de Pueblos Trasnacionales, y Daniella Burgi-Palomino, recordaron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se respetarían los derechos humanos a migrantes, se ampliarían las oportunidades laborales y el acceso a sus derechos, sin embargo, recriminaron, cambió sus compromisos conforme las negociaciones en Washington se han ido ejecutando.
“Lo que hemos visto es que a partir de las denuncias de Trump, el Gobierno mexicano ha ido endureciendo el trato a migrantes y es una larga lista de hechos que lo comprueban: generar un operativo con presencia y apoyo de la Guardia Nacional, recibir a solicitantes de asilo en Estados Unidos e imponerles que esperen en México y, con mucho más sentido, el día de ayer, con las detenciones de dos defensores y el operativo que hubo con más de 400 personas detenidas. Estos son indicadores de que México ha estado aceptando condiciones de fortalecer la seguridad, que son exigencias de Estados Unidos”, manifestó Marco Antonio Castillo.
Daniella Burgi criticó que estas acciones son contrarias a lo que el mandatario mexicano prometió. “Lo que estamos viendo son respuestas desde una visión de seguridad y no humanitaria. Consideramos que el Gobierno de México hoy tiene una oportunidad para cambiar este tipo de políticas confusas y con perspectivas de seguridad”, dijo.
ENDURECIMIENTO DE LA POLÍTICA NO ES NUEVO
El endurecimiento de la política migratoria no es nuevo, se ha gestado semanas atrás. La presencia de Fuerzas Armadas, como soldados, marinos, policías federales, estatales y municipales, se ha incrementado en los puntos de migración desde inicios de este año, según identificó y destacó la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, que la semana pasada realizó un ejercicio de observación en la frontera sur de Chiapas.
Los activistas consultados alertaron que la detención migratoria no sólo se ha intensificado sino que funge como estrategia de represión y castigo, misma que es violatoria a los derechos humanos y a los pactos firmados por México ante la ONU.
“Es inaceptable que se diga que no se están violando los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, eso aquí en la frontera sur es todo los días, no hace falta que llegue una caravana para verlo”, expresó Salva LaCruz, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
Este jueves, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que las medidas que el Gobierno mexicano ha implementado buscan regular el ingreso de los migrantes y garantizar el respeto a sus derechos humanos. Por ello reprochó que se acuse a la administración federal de violar los derechos de los migrantes.
Para Daniella Burgi, el Gobierno de México, más allá de sólo decir que no hay violaciones a derechos de migrantes tendría que demostrar con acciones, que realmente respeta los derechos.
“Su supuesta prioridad de derechos humanos –que dice Gobierno– se queda solo en la retórica. El Gobierno debería aclarar su postura. Exigiríamos que el gobierno mexicano se ponga fuerte y no acuerde ninguna propuesta que pueda poner a los migrantes en una situación de mayor riesgo y de endurecimiento de la política migratoria”, comentó.
LAS REVISIONES EN LA FRONTERA
En un recorrido por 120 kilómetros por el territorio fronterizo y la costa de Chiapas se pueden apreciar al menos 8 tipos de retenes o controles de migración. Policías federales y soldados vigilan mientras agentes del INM inspeccionan a las personas o unidades seleccionadas.
Las revisiones se centran principalmente en vehículos con más de cuatro hombres, transportes colectivos, camiones, vehículos tipo Urvan o Combis. Cada uno de estos retenes tiene capacidad para privar de la libertad a migrantes con una estancia irregularidad.
“Hemos encontrado que predomina una perspectiva de seguridad en todo el abordaje migratorio y una política militarizada en torno a esta práctica de control de la población migratoria”, explicó Fernando Ríos Martínez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), una de las organizaciones participantes de la observación.
VEN INTIMIDACIÓN Y MALTRATO
Alethia Fernández de la Reguera, coordinadora del Área de Vinculación Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), explicó que la militarización genera un entorno de intimidación y propicia el maltrato de los funcionarios locales hacia los migrantes.
“Tiene un impacto el actuar del funcionario cotidiano de migración que aumenta los niveles de maltrato, criminalización porque [el funcionario] está trabajando al lado de un militar, entonces, esto genera un enfoque muy diferente de lo que era un proceso administrativo a un proceso de criminalización”, detalló.
La académica reprochó que la realidad de Chiapas es contradictoria al discurso que maneja la nueva administración federal. Recordó que México firmó en 2018, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular para garantizar un enfoque seguro y de respeto a derechos humanos a las personas en tránsito, sin embargo, dijo, “lo que esta sucediendo es un total incongruencia, porque tenemos esa presencia [militar] que no habíamos visto antes”.
Vecinos y diversos migrantes entrevistados en las zonas de revisión y aledañas a puntos de migración coincidieron que tanto la presencia militar y el trato violento a personas en tránsito se ha incrementado durante los últimas semanas.
El maltrato a los migrantes y la vulneración a sus derechos sólo traerá más problemas a México porque, explicó Marco Antonio Castillo, las condiciones de crisis de CentroAmérica no van a detener a los migrantes a que intenten llegar a otros país y/o Estados Unidos: “Lo único que va a generar [el maltrato] son mayores condiciones de vulnerabilidad y mayores riesgos a la vida de las personas en su transito por México”, sentenció.
Castillo también advirtió que el maltrato a los migrantes y violentar sus derechos es una amenaza también a los derechos de los propios mexicanos. “Si hoy la policía y la Guardia Nacional están violentando los derechos de migrantes, en consecuencia, mañana podrá ser de mexicanos”, dijo.
CONFUSIÓN EN LA GUARDIA NACIONAL
Los primeros elementos de la Guardia Nacional arribaron a Chiapas finales del mes de abril, de acuerdo a medios locales. Sin embargo, fue hasta mayo que se confirmó oficialmente su presencia en temas migratorios.
El Instituto Nacional de Migración informó el pasado 19 de mayor que elementos militares de la Guardia Nacional implementarían acciones de vigilancia perimetral de las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI.
No obstante, los guardias nacionales aún no portan uniformes que los distingan como tal y tampoco conocen con exactitud sus funciones, cargos o rangos como integrantes de la Guardia, según compartieron algunos de los efectos a miembros de la Misión de Observación.
“Yo no sé qué estoy haciendo aquí”, expresó un soldado entrevistado en uno de los puntos de revisión, quien pidió no revelar su identidad.
El castrense platicó que anteriormente estaba destacamentado en Sonora con sus funciones claras como elemento del Ejército, pero recientemente lo cambiaron a Tapachula, Chiapas, en labores de retenes migratorias.
El entrevistado indicó que no tenía conocimiento de cuál era su papel como parte de la Guardia Nacional. Explicó que, al ingresar al ejército, los soldados los adiestran y entrenan para que ellos solo obedezcan ordenes de sus superiores sin importar, pero con la recién creada Guardia, tanto soldados como policías federales no tienen la certeza de cuáles son sus roles, rangos y funciones.
Un Policía Federal, quien también pidió reservar su identidad, coincidió en que no hay una claridad entre los miembros de la Guardia Nacional sobre las funciones que habrán de realizar. El federal aludió que no hay una conformación homogénea entre los miembros, pues debido a que los soldados tienen una mayor jerarquía institucional, esta percepción se ha trasladado en las funciones diarias entre federales y castrenses.
“Somos de la Guardia Nacional, pero al final todos estamos defendiendo nuestros uniformes”, expresó el policía.
Para los integrantes de la Misión de Observación es preocupante que los elementos no tengan claro sus funciones o participación, ya que, el desconocimiento de sus facultades aumenta el riesgo de la violación a derechos humanos. Los organismos derecho humanistas urgieron al Estado mexicano “transitar de una política de Estado en materia de movilidad humana basada en la seguridad nacional, a una centrada en la seguridad humana”.
