México
Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante reunión de trabajo con la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados.

Exauditor consigue amparo

Un Juez falla a favor para que Agustín Caso Raphael mantenga su cargo en la ASF

07/05/2024 - 6:36 pm

En abril, David Colmenares cesó de su cargo a Agustín Caso Raphael por “pérdida de confianza” y lo reemplazó por la exfiscal de Peña Nieto, Arely Gómez. En 2019, Caso Raphael reveló que la cancelación del NAIM en Texcoco fue de 331 mil millones de pesos.

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).- Agustín Caso Raphael, exauditor Especial de Desempeño, obtuvo un amparo de un Juez federal que obliga a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a mantenerlo en dicho cargo. La decisión ocurre tras una demanda presentada por Raphael, luego de que el Auditor Superior David Colmenares Páramo lo cesara el pasado mes de abril por “pérdida de confianza”.

El Juez Francisco Javier Rebolledo, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió el amparo indirecto promovido por Agustín Caso Raphael. De esta forma, el funcionario podrá continuar en el puesto que, después de su despido, tomó Arely Gómez Gonzálezextitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En concreto, Caso Raphael impugnó el oficio UGA/DGRH/DRL/045/2024, por el que se comunicó “el cese de los derechos de su nombramiento”.

“Con fundamento en el artículo 128 y 135 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable se abstenga de cesar los efectos del nombramiento del quejoso y continúe con sus funciones que desempeñaba como Auditor Especial de Desempeño de la Auditoria Superior de la Federación”, dice la resolución.

La decisión no es definitiva, pero se mantendrá hasta que haya una resolución del caso. De acuerdo a Gerardo Lozano Dubernard, exauditor Especial de Cumplimiento Financiero, el 13 de mayo el Juez decidirá si se concede una suspensión definitiva.

Agustín Caso se encargó de la auditoría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, donde reveló el costo de cancelación por 331 mil millones de pesos y no 100 mil millones de pesos, como había dicho el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ante la respuesta del Presidente, exigiendo que la ASF “corrigiera” esa información, el Auditor Superior David Colmenares separó a Caso Raphael de manera temporal del cargo.

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.

La ASF se retractó de dicha revisión y la Unidad de Evaluación y Control del organismo le abrió una investigación, que no dio ningún resultado, ya que Caso Raphael defendió su metodología y los hallazgos publicados. Poco después, Rhapael volvió a su puesto.

Sin embargo, el pasado 9 de abril, en una carta publicada en X, antes Twitter, Caso Raphael acusó a Colmenares Páramo de abandonar los principios de autonomía e imparcialidad por la “aspiración claramente ponderada en estos días de hacer política, lo que es incompatible con la responsabilidad de dirigir la Auditoría Superior de la Federación”.

El exauditor denunció la decisión como “arbitraria e ilegal” y declaró su intención de interponer recursos legales, basándose en la ausencia de pruebas que demuestren la comisión de alguna falta contemplada en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tal como lo estipulan los artículos 93 y 94.

En su carta, agregó: “Es evidente para todos que la Auditoría Superior de la Federación ha descuidado de manera creciente el respeto a los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de su función de fiscalización, lo que resulta en un abandono o retroceso en la labor de los equipos de auditoría”.

“Además, se han dejado de procurar y hacer cumplir los principios de separación de poderes, Estado de Derecho y, con ello, se ha debilitado no sólo a la Auditoria, sino a todas las instituciones públicas que dejan de cumplir con su actividad institucional, la cual emana del mandato constitucional a que están obligadas”, agregó.

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