El Estado que se ha ido desprendiendo de la responsabilidad social que tiene con los menores en situación de vulnerabilidad, pues del 100 por ciento de instituciones de cuidados alternativos a nivel nacional, el 80 por ciento por ciento están en manos privadas. Ejemplo de esta situación son los albergues de Guanajuato.
Con información de Edith Domínguez, Carmen Pizano y Martha Silva
Ciudad de México, 7 de mayo, (PopLab/SinEmbargo).- La violencia estructural, la impunidad, la inoperancia estatal, la falta de seguimiento, acompañamiento, regulación y criterios claros de evaluación, además de la poca sensibilidad, son las razones por las que una y otra vez se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en albergues. Lograr que sus derechos sean respetados, es una deuda que tiene el Estado con ellos y ellas.
En el caso de Guanajuato, las violaciones a los derechos de los infantes continúan, así quedó de manifiesto en febrero de 2018 en el Albergue Infantil de Irapuato y después, el 18 de abril de este en la Casa Hogar del Niño Pobre. Parece que poco han cambiado las cosas luego de darse a conocer la situación de Ciudad de los Niños en Salamanca en 2017.
Gabriela Ruiz Serrano, coordinadora del Seminario Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo, lamenta que las circunstancias no cambien “parece que no aprendemos, son experiencias que se dan una y otra y otra vez y me lo explico desde lo que (Zygmunt) Bauman llamaba los cuerpos desechables: estos niños se vuelven fácilmente mercantilizados, porque si no te sirven para explotarlos sexualmente, sirven para vincularlos con la medicidad forzada, por ejemplo”. Explica que los menores están en una dicotomía de inclusión/exclusión, por un lado hay regulación jurídica, marcos de actuación, estrategias de política pública, dinero destinado a ellos. Pero por el otro, permanecen excluídos, “porque son desechables, los niños y niñas que viven en situación de calle o un niño migrante no acompañado o un niño en un orfanato ¿a quién le importan? ¿quién va a reclamar por él? Son niños invisibles, no tienen una figura que pueda reclamar sus derechos y entonces son cuerpos humanos con potencial de ser utilizados, de la manera en que se desee”.
La también maestra de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que a esto contribuyen algunas ideas que han permeado en la sociedad, pues al no recibir “cuidados parentales creemos que no son responsabilidad de nadie, que con que estén en una casa hogar es suficiente porque ahí les dan de comer, porque van a la escuela”.
Y por otro lado está el Estado que se ha ido desprendiendo de la responsabilidad social que tiene para con estos menores en situación de vulnerabilidad, pues del 100 por ciento de instituciones de cuidados alternativos a nivel nacional, el 80 por ciento por ciento están en manos privadas.
En Guanajuato las cosas no son muy distintas, el registro muestra que los 914 menores de edad se encuentran en 40 Centros de Asistencia Social, sólo uno de estos espacios pertenece al Gobierno estatal, el resto depende de organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada o agrupaciones religiosas.
Ruiz Serrano explica que muchos de los albergues privados sólo buscan obtener recursos para atender en lo básico a niños y niñas, pero el problema es que no trabajan con “enfoques, no hay modelos, sólo hay una asistencia que cae en un asistencialismo, en donde no se apuesta por la transformación de sus trayectorias y esto es una línea muy delgada entre el maltrato y el cuidado”.
La inoperancia del Estado queda patente al no haber una verdadera política de vigilancia. A esto hay que sumarle “las condiciones de impunidad y corrupción. Los niños se vuelven en un objeto intercambiable, una mercancía, son un objeto consumible”, señala la especialista.
De la Ciudad de los Niños, la académica dice que hay que mirar más allá de Pedro Gutiérrez Farías y ver las violencias estructurales que permiten la repetición de los casos: “la impunidad, la inoperancia estatal, la falta de seguimiento, de acompañamiento, la falta de regulación y sensibilidad, el no tener criterios claros de evaluación a estas instituciones y ahí tiene el Estado una deuda”.
Y es que “los niños en situación de orfandad y sin cuidados parentales son responsabilidad del Estado y el Estado tendría que estar generando las condiciones para poder atender a esos niños en centros que realmente sean de cuidado y no en centros que los ponen en riesgo y se vulneran sus derechos y se revictimizan”.
Es el caso de estos albergues en Guanajuato.
CASO ALBERGUE DE IRAPUATO
El 22 de febrero de 2018, exempleados y voluntarios presentaron al menos cinco denuncias por violencia física y sexual en contra de menores en el interior del Albergue Infantil de Irapuato A.C.
Las quejas iban desde que se les negaban zapatos, ropa y juguetes que el albergue recibía en donación y que se mantenían guardados. Las denuncias más graves se dieron por la agresión contra un menor, que resultó con fractura de cráneo y mandíbula. Se fijo que fue a consecuencia de una pelea con otro menor. La gravedad de las lesiones ha sido negada por el Patronato del albergue.
Iván, coordinador educativo, fue uno de los señalados por “abusos físicos, golpes, insultos y abusos sexuales, tocamientos”. Sin embargo, el sujeto abandonó la ciudad antes de ser requerido por la justicia.
A 14 meses que se inició la investigación bajo el expediente 49/MP/2018 y la carpeta de investigación 12625/18, se desconocen los avances, pues el área de comunicación de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, no respondió a las solicitudes de información realizadas por POPLab.
Al Albergue Infantil de Irapuato AC le realizaron 100 observaciones que luego de solventarlas fue certificado como Centro de Alojamiento Social, el único en el estado con dicho reconocimiento. Se desconoce si las observaciones se refieren sólo a la infraestructura del inmueble o si debieron capacitarse o contratar presonal capacitado.
Aún cuando no se ha resuelto la situación jurídica del albergue, ya está atendiendo niños de varios municipios. A las afueras de las instalaciones se observó una camioneta con logotipos del DIF de Villagrán y un automóvil Tsuru blanco con logotipos del municipio de Irapuato del cuál descendió un adolescente que ingresó al inmueble. Rafael Uro, director del DIF Municipal de Irapuato, informó que el albergue regresó a funciones en febrero y señaló que “cumple perfectamente para estar operando”
POPLab visitó el albergue para solicitar una entrevista con Alma Bueno, la nueva directora, sin embargo dijo que tendría que pedir permiso al DIF Estatal y luego al Patronato. Aún no ha dado respuesta.
Sin embargo se logró dialogar con un integrante del Patronato, quien de manera anónima, explicó que para obtner la certificación de Centro de Alojamiento Social se invirtieron cerca de 2 millones de pesos. También explicó que se cambió a todo el personal y que habrá cambios en el patronato, que estaría integrado por voluntarios nuevos y empresarios.
CELAYA: CASA HOGAR DEL NIÑO POBRE
El segundo caso de agresión ocurrió en la Casa Hogar del Niño Pobre en Celaya, el pasado Jueves Santo donde un hombre fue detenido por el presunto abuso sexual de dos niñas.
La prensa local ha publicado que son 10 menores de edad los que fueron llevados a diferentes Centros de Asistencia Social, aunque algunos de ellos sí cuentan con familiares y recibían un servicio temporal.
El presunto agresor, identificado como Juan Carlos, de 42 años, que realizaba varias actividades en el albergue, ya fue detenido por la FGE y fue vinculado a proceso penal y prisión preventiva por los delitos de Violación Espuria, Violación Equiparada y Corrupción de Menores. La sentencia podría sobrevenir en cuatro meses.
No obstante, hay testimonios que aseguran que los menores también sufrían violencia psicológica y física de parte de sus cuidadores, entre ellos, parte del personal del albergue. Se desconoce las acciones que las autoridades competentes ejecutarán para evitar que más menores sean violentados.
IMPUNIDAD EN CIUDAD DE LOS NIÑOS
Un tribunal colegiado resolvió que tras los posibles hechos violatorios de garantías y derechos de los menores de la Ciudad de los Niños Salamanca sean investigados por la Fiscalía General de la República ante la posible colusión de intereses de las autoridades locales.
Mientras que en un evidente acto de protección al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, presunto responsable de alteración de identidades, maltratos y lesiones y violencia sexual contra menores, la alcaldesa de Salamanca, ex panista y hoy integrante de Morena, Beatriz Hernández Cruz, invitó al consejo del DIF municipal a cuatro allegados a Gutiérrez Farías.
TRES REVISIONES EN ALBERGUES: DIF
A través de la Coordinación de Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil es que el DIF estatal realiza las revisiones en los albergues que hay la entidad. De acuerdo con el director del Sistema DIF, Alfonso Borja Pimentel, las revisiones ordinarias se realizan de dos a tres veces por año.
Borja Pimentel afirmó que a cada centro acuden con dos equipos interdisciplinarios, uno que vela por el estado físico y psicológico de los menores de edad, otro más que revisa las condiciones en las que se encuentra la infraestructura.
Además de las revisiones ordinarias, cada vez que se presenta una denuncia se ordena que los equipos ingresen a hacer una nueva revisión de manera extraordinaria para dar atención a los menores de edad y hacer la inspección.
Así, el DIF Estatal parece sólo concentrarse en los aspectos físicos de las instalaciones, en la información proporcionada por el funcionario, no habla de revisión a planes, programas, métodos que brinden una atención integral a los niños y niñas; mucho menos de capacitación a los empleados, dejando la atención de los infantes a medias.
FALTA CULTURA DE ADOPCIÓN
Gabriela Ruiz explica que cerca del 80 por ciento de los niños y niñas que se encuentran en casas hogar no son adoptables, debido a su edad, género, condiciones físicas o psicológicas.
El 20 por ciento restante, tiene la opción de encontrar una nueva familia, pera que sea la más adecuada, hay que desprenderse de los mitos que hay en torno a la adopción. Ruiz Serrano dice que el más común de los errores es que “se cree que al restituir el derecho de un niño a tener una familia en si mismo va a cubrir todos los demás derechos. Y en la experiencia te puedo decir que se vulneran muchos derechos en este proceso”.
Por ejemplo, su derecho a la identidad, “muchos niños y niñas que son ingresados a una familia tienen que lidiar con una no historia, que no saben de donde vienen y muchas parejas que los adoptan creen los niños son una hoja en blanco. Y eso es anular al niño como ser humano, hay una historia, que por terrible y dolorosa que haya sido, es su historia”.
Otro error, es que se ve que la adopción como un trámite y no como un proceso que va mucho más allá de mostrar el patrimonio de los adoptantes, pero “se tiene que pensar en un proceso de adopción colocado en el interés superior del niño. Pensar que entre más rápido valores a una pareja es más eficiente el proceso, es falso. Las probabilidades de regresar a un niño que estuvo integrado a una familia no apta son muy altas y se produce mucha frustración y dolor en estos niños”.
Finalmente, se habla mucho del derecho a adoptar de los adultos y no del derecho del niño a tener una familia. “La adopción es el medio en el cual el Estado busca restituir el derecho del niño a tener una familia. Son a los niños a los que tendríamos que estar privilegiando, no a los adultos”.
OTRAS OPCIONES
Especialistas han buscado soluciones para darles una vida mejor a los niños y niñas que habitan en los albergues.
Una de las alternativas, según estipula la ley, es mediante las familias de acogida, (familias que cuidan de manera temporal a menores de edad) “pensando un poco en que la institucionalización decrementa las capacidades psicosociales del niño, lo cual es verdad, pues puede tener efectos de larga duración, pero hay muchos niños y niñas que no van a tener otra alternativa”, explica Gabriela Ruiz.
Para la especialista las familias de acogida podría no ser el ideal, pues existe la posibilidad de que se dé maltrato “porque son niños y niñas que vienen de procesos traumatizantes, donde fueron desprendidos de sus familias de origen, entonces, si sus comportamientos no son trabajados de manera adecuada pueden ser violentos”.
Así que recomienda que se haga un trabajo “muy fuerte con estas familias, que realmente se configuren como espacios seguros para los niños y no nada más como si fuera un objeto al que hay que darle de comer, llévalo a la escuela en lo que cumple 18 años y luego nos deshacemos del problema y a ver cómo le hace”.
Por otra parte, con un Estado que no ha logrado del todo en asumir su papel de instancia rectora, de generar los mecanismos de vigilancia de las instituciones, será mucho más complicado que lo hagan dentro de las familias de acogida.
La solución sería ver a las instituciones como modelos familiares sustitutos, “en la medida en que los acompañemos, como sociedad, como Estado através de políticas públicas, se pueden configurar como escenarios de seguridad”.
Para ello propone que se haga un diagnóstico con la finalidad de encontrar estrategias adecuadas pues “vemos a muchos niños que no van a poder irse ni a una familia de acogida ni a una adoptiva. Hay muchos niños que van a tener que vivir en las instituciones: los que son parte de un grupo de hermanos, los que tienen problemas cognitivos o problemas motores”, y estos infantes requieren de los albergues y casas hogar.
El diagnóstico sería la opción “para generar mejores condiciones para que esos cuidadores puedan tener realmente una crianza efectiva con estas niños y niños. No es desapareciendo las instituciones, no es apostándole al adelgazamiento del Estado, en dónde se lava las manos y deja a otros a cargo”, dice la académica de la UNAM.
Los gobiernos tienen una responsabilidad que no pueden evadir, ya que “si el Estado no pudo evitar que la familia expulsara a ese niño, porque no le dio condiciones adecuadas, porque no es la familia mala, es el Estado que no ha dado las condiciones para que ese niño permaneciera en su familia de origen”, debe buscar los centros de acogimiento residencial cuenten con modelos y enfoques adecuados de cuidado y crianza bien tratante.
“Tenemos una deuda importante y tenemos que caminar mucho hacia la construcción de estas interacciones sanas, nutricias y que realmente ayuden al niño a reparar las condiciones traumatizantes que lo expulsaron de su familia de origen”, concluye la especialista.
