¿Cómo se convirtió Nemesio Oseguera Cervantes, de 50 años, antes policía municipal y distribuidor de heroína en el norte de California, en líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el ejército criminal más letal para el Estado Mexicano?
Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador priista de la entidad, dio una pista contundente el pasado 15 de abril, en entrevista radiofónica: la organización criminal ha crecido porque ha sido solapada desde el Gobierno del Estado anterior al suyo.
Lo que no dijo el mandatario priista en esa entrevista es que él ascendió a los jefes policiacos de la administración panista que acusa de proteger al narco, como su Fiscal General, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Junto con ellos, desde la década de los noventa, creció Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”.
Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– La ceremonia fue pública, en el Palacio de Gobierno de Jalisco, el 13 de marzo de 2009. El abogado, político priista y empresario Antonio Molina de la Puente entregó ahí las llaves de seis camionetas Dodge Ram, cortesía de su despacho, al comandante Alejandro Solorio Aréchiga, entonces director general de Seguridad Pública del Gobernador panista Emilio González Márquez. Era el primer Día del Servidor Público de las fuerzas armadas estatales, instituido por el Ejecutivo para reconocer “el valor, mérito y antigüedad” de los elementos a cargo de su secretario de Seguridad Pública y hoy Fiscal General, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.
“Con el trabajo comprometido de los cuerpos policiacos, el crimen organizado no tendrá asiento en Jalisco”, dijo Nájera en el evento, ante cámaras, otros funcionarios estatales, legisladores, jueces y militares.
Después habló el abogado Molina de la Puente, que pidió “a la sociedad respaldar las acciones de los cuerpos de seguridad”, y todo quedó documentado en un boletín oficial del Gobierno estatal y en fotografías en las que se observa al mandatario panista con las camionetas Ram nuevas. Nájera, de cabello claro y nariz aguileña, aparece de perfil en la imagen, detrás del mandatario.
Nadie pareció sospechar entonces del dueño del Grupo Molina, un despacho ubicado en la colonia Providencia de esta capital y especializado en la gestión de negocios, lobby y diseño de esquemas fiscales como fusión, escisión y creación de “empresas integradoras”, entre otros instrumentos financieros. En 2009 fue incluso nombrado candidato a síndico de Zapopan por la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con Nueva Alianza (Panal), y en 2014, condecorado en la Cámara de Diputados por una universidad privada en la Ciudad de México.
Molina de la Puente era benefactor del Gobierno del Estado de Jalisco y públicamente cercano a los jefes policiacos Nájera y Solorio. Pero Molina de la Puente era, asimismo, un empresario relacionado con una persona probablemente vinculada con el crimen organizado y con la vasta red de lavado de dinero que el veterano narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cartel de Guadalajara –semilla de casi todos los demás–, tiene aún en esta capital y su zona metropolitana. El Gobierno estadounidense apunta específicamente a un presunto amigo del abogado Molina de la Puente, el empresario Luis Cortés Villaseñor, señalado desde 2013 por el Departamento del Tesoro de EU como parte de blanqueo en el que también fueron acusados de participar los cuatro hijos de Caro Quintero, su esposa María Elizabeth Elenes Lerma, una nuera y más de una decena de integrantes de una familia de apellidos Sánchez Garza, también radicada en Guadalajara. Es para éstos últimos, según EU, para quien trabajaría Cortés Villaseñor directamente.
Entre todos, señaló la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Tesoro de EU el 12 de junio de 2013, han creado y sostenido un entramado de lavado de dinero procedente de actividades ilegales a través de al menos 15 negocios, como la constructora Fracsa, el restaurante bar Los Andariegos o Barbaresco, en la colonia Providencia; el spa Hacienda Las Limas y la tienda de jabones y productos de aseo personal que la red criminal tuvo el gesto de llamar “El Baño de María”.
Cortés Villaseñor era tan cercano al abogado Molina de la Puente que, en abril pasado, según reportó este 3 de mayo la revista Proceso Jalisco, ambos empresarios hicieron un viaje a Zacatecas junto con dos de sus hijos pequeños para practicar la cacería. Y de allá regresaban el día 26, en una camioneta Dodge Ram sobre la carretera Guadalajara-Colotlán, cuando hombres armados y a bordo de otras dos SUV los interceptaron, los acribillaron y luego escaparon sin problema. Eran las 17:55 horas, publicó Reforma, a la altura del municipio zacatecano García de la Cadena.
“(Molina de la Puente) patrocinó campañas del PRI y fue cercano al magistrado con licencia, Leonel Sandoval, padre del Gobernador”, agregó Proceso Jalisco.
El abogado –a cuya familia solicitó SinEmbargo una entrevista– aparece identificado en éste y otros reportajes locales como una persona tan cercana al Gobierno estatal que, justo días antes del crimen en el que perdió la vida, en medio del estallido de violencia atribuido al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su nombre se mencionaba para sustituir al Fiscal Nájera.
¿CÓMO CRECIÓ OSEGUERA CERVANTES?
El CJNG ha sido descrito por el gobierno de Estados Unidos como una escisión del Cartel del Milenio y presuntamente aliado con el Cartel de Sinaloa en su exitosa lucha contra la expansión de Los Zetas o la Familia en Jalisco y sus alrededores. Otros factores de su formación son las consecuencias del homicidio de Ignacio “Nacho” Coronel, su antiguo aliado, abatido en julio de 2010. A partir de estos cinco años, agrega el comunicado de Estados Unidos, el grupo se habría convertido en uno de los más poderosos de México.
El presunto líder ha sido identificado por el Gobierno norteamericano como Nemesio Oseguera Cervantes, o “Mencho”, michoacano que trabajó como policía municipal en la costa Norte de Jalisco hace dos décadas, de unos 50 años y que, en 1997, luego de tres años de prisión en California por distribución de heroína, volvió a México y se integró al Cártel del Milenio. Este grupo se desmanteló a la postre y, alrededor de 2003, empezó a dar paso a la formación del CJNG, ahora en control no sólo de Jalisco, sino también de Michoacán y Colima y en contacto con otras organizaciones de América Latina, Africa, Europa y Asia.
“Esta expansión ha impactado a sus rivales, como Los Caballeros Templarios y Los Zetas, a quienes han quitado territorio y mercado, lo que ha resultado en violentos enfrentamientos con el CJNG y otros grupos del crimen organizado. A través de ganar territorio, el CJNG ha podido también aumentar su participación en el narcotráfico, sus ganancias y su influencia”, reportó el Tesoro norteamericano el pasado 8 de abril.
La cantidad de personal armado y desplegado el 1 de mayo para secuestrar camiones de transporte público y de carga, tener el tiempo suficiente y ningún obstáculo para bajar choferes y pasajeros, rociar gasolina y cerrar al menos 39 accesos en 25 municipios del estado, le dieron al CJNG desde las primeras horas del viernes pasado un lugar en la historia de la guerra del narcotráfico en México.
Pero fue la efectividad que mostraron en el uso de armamento de alta sofisticación en contra de activos del Estado, como el lanzacohetes RPG (o “granada propulsada por cohete”) que impactó el helicóptero Cougar matrícula 1009 de la Fuerza Aérea, lo que analistas han considerado como el inicio de una nueva fase de letalidad del crimen organizado en México.
¿Cómo se convirtió “El Mencho” en el jefe de la que presuntamente es la organización criminal más poderosa de México? Según mencionan brevemente los reportes del gobierno norteamericano, lo ha hecho a través de ejercer “violencia y corrupción”.
La misma explicación, pero con más detalles y contundencia, la dio el propio Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz el pasado 15 de abril, cuando, en entrevista con Radio Fórmula y en medio de la crisis de seguridad, dijo que la organización CJNG “se enquistó y arraigó solapada por sexenios anteriores (…) No es de ahora ni de mi gobierno, es desde el anterior gobierno. Se ha venido fortaleciendo ante el debilitamiento de otras organizaciones, sobre todo en Michoacán”.
Lo que Sandoval no mencionó en la entrevista, sin embargo, fue que las autoridades policiacas del anterior gobierno, que él aseguró que solapaban al CJNG, estaban ahora en su gabinete y con mejores cargos. Fue él quien, para sorpresa de los jaliscienses, en 2013 ascendió a Luis Carlos Nájera de Secretario de Seguridad pública a Fiscal General del Estado; y Alejandro Solorio de director de Seguridad Pública a Comisionado de la misma dependencia.
Nájera, también vinculado con el senador priista Arturo Zamora Jiménez, es un abogado que anuncia públicamente combatir la delincuencia organizada –que es un delito federal– y que en el último informe de González Márquez presumió tener armamento altamente sofisticado. Está bajo sospecha pública de proteger al CJNG desde al menos 2011, cuando mantas colocadas en Guadalajara y videos que se atribuyó la Familia Michoacana (o FMG) lo señalaron con la acusación de estarles haciendo una guerra personal para favorecer a sus rivales.
Pese a la clandestinidad del origen de los mensajes, y como ocurrió desde el sexenio pasado en otros territorios de México, los contenidos describieron con detalle la estructura, patrones operativos y probable corrupción política detrás de la impunidad con la que actúan los grupos criminales, única explicación contundente de tal estallido de violencia.
“Y si, efectivamente, la guerra es entre nosotros, entonces ¿por qué mandan a Solorio Aréchiga, a Carlos Alejandro Torres Cárdenas, alias ‘Charly’, que son de la Secretaría de Seguridad Estatal al mando de Luis Carlos Nájera, a levantar a nuestros elementos para entregárselos a ‘los torcidos’ (como también le llaman al CJNG)? Que no creemos que el señor Nájera no tengo conocimiento de esto, ¿verdad?”, cuestiona una voz en un video colocado en Youtube en febrero de 2011.
“Señor Gobernador, pregunte a estos mandos policiacos por qué nunca detienen gente del cartel de ‘los torcidos’, o CJNG. No le pedimos que los corra; sólo que sea ecuánime, ya que sus mandos policiacos están haciendo la guerra personal contra nosotros. Y a ustedes, ‘torcidos’: también estamos listos para pelear, ya que no nos hemos ido, y no nos vamos a ir”, agregó el personaje, acompañada en la trasmisión por cuatro hombres con pantalón de camuflaje tipo militar enmascarados y con armas largas de uso exclusivo del Ejército.
Así se agudizó la violencia del grupo criminal este año. Sobre todo, de acuerdo con el propio Fiscal Nájera, a partir del homicidio de Heriberto Acevedo Cárdenas, “El Gringo”, presunto jefe regional del grupo delictivo y abatido por la Fuerza Única estatal el 23 de marzo. Otro antecedente del “calentamiento” de Jalisco es el 28 de febrero, cuando elementos de la Secretaría de la Marina detuvieron en Puerto Vallarta a Abigael González Valencia, “El Cuini”, cuñado de Oseguera.
“Hubo una ruptura, por la detención del Gobierno federal, y aparentemente (el CJNG) culpa a la Fiscalía Estatal, por no haberles avisado. Y ahí empezaron los problemas, como el ataque contra el comisionado Alejandro Solorio”, dijo una fuente con información del crimen organizado en la región y cuyos datos se omiten por seguridad.
Esta tensión habría sido también el motivo por el que, en una reunión el viernes en Casa Jalisco, donde supuestamente se instaló un “cuarto de situación” con autoridades federales, el Gobernador Sandoval se habría negado a la salida de Nájera de la Fiscalía y, pese a que “El Mencho” es famoso por poder escapar, pidió a los militares de la Quinta Región Militar que detuvieran momentáneamente el denominado “Operativo Jalisco”.
Y, efectivamente, el comandante de la Quinta Región Militar, Miguel Gustavo González Cruz, no se hizo cargo de la seguridad en Jalisco sino a partir del martes 5 de mayo, cuatro días después de los ataques y sólo porque el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, llegó a Guadalajara para reunirse con el Gobernador Sandoval Díaz. En una conferencia sin el Fiscal Nájera, Osorio anunció que el General Brigadier González Cruz quedaba a cargo del operativo.
JALISCO A MERCED DEL CRIMEN ORGANIZADO
Fue así como, entre el viernes 1 y el lunes 4 de mayo, el territorio de una parte recorrida en Jalisco se percibía solo, sin los patrullajes militares esperados de una Operación federal contra el crimen organizado, tan sólo con los rastros de los tracto-camiones incendiados por varios puntos.
La versión inicial del Gobierno federal fue que los “narcobloqueos” y el derribo del helicóptero del 1 de mayo había sido respuesta al “Operativo Jalisco”, iniciado las primeras horas de ese viernes para detener a Oseguera Cervantes y su grupo.
Pero, en los 240 kilómetros que este medio transitó entre Guadalajara y el municipio de Villa Purificación –en la costa sur del estado, donde cayó la nave–, se observó sólo un vehículo de la Policía Federal en la carretera federal 80 y, militares, únicamente apostados en la zona aledaña al punto del siniestro aéreo.
El resto de la población, aun la que presenció por la madrugada de ese 1 de mayo el paso de las camionetas de reciente modelo atestadas de hombres armados entre las brechas de Villa Purificación –y en las que medios suponen podría ir “Mencho”–, quedó horas después completamente desprotegida.
Los militares no patrullaron las calles de la cabecera municipal ese fin de semana, ni este medio observó elementos de la Policía Estatal o Federal en esas rancherías del sur jalisciense. Y eso que la caravana criminal que atacó la aeronave, según mostró el gobierno federal en fotografías del interior de las camionetas abandonadas, llevaba lanzacohetes, ojivas e incluso dispositivos para artillería.
Los restos de la aeronave fueron difundidos por el gobierno apenas este miércoles 6, pero los habitantes del ejido confirmaron a SinEmbargo haberlo escuchado volar a pocos metros la mañana del viernes, a eso de las siete, en medio de una balacera que duró dos horas pero que empezó con un estruendo que se escuchó por encima de las demás detonaciones. Luego vieron el incendio en la parte baja de esa porción de la Sierra de Manantlán, en lo que ellos llaman Paso Real.
El periódico El Informador de Guadalajara publicó, por su parte, que la nave impactada empezó a girar en franco descenso, esparciendo turbosina y fuego sobre las colinas. “Ahí cayó, donde se ve el humo”, señaló un campesino de Villa Vieja a este medio.
Fue a este enfrentamiento, en el que murieron seis militares, que le siguió en cuestión de horas el “ataque coordinado” de “narcobloqueos”. Casi la mitad de estos ocurrieron en 20 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara; uno de ellos, en el crucero de Avenida Revolución y Calle Matamoros, en la colonia Analco y muy cerca del Hospital Militar Regional que, desde el viernes, recibió a los soldados víctimas del derribo de la aeronave.
Pese a la gravedad del ataque, el exterior del sanatorio castrense estaba la noche de ese 1 de mayo aparentemente vacío, sin vigilancia. Tan desprotegido que, a dos cuadras, entre las calles Aldama y Abasolo, sujetos armados y a bordo de un vehículo circularon con toda calma y dispararon al menos en cuatro ocasiones contra un adolescente, impactándole en el pecho.Eran alrededor de las nueve de la noche en esa deteriorada parte sur del Centro Histórico tapatío, cuando los vecinos oyeron alrededor de siete detonaciones. “Eran como de pistola”, respondió una vecina cuando se le preguntó si eran sonidos aislados o ráfagas de metralla. “Pero no salí, yo no vi a nadie –agregó. Está uno con miedo. Aquí a dos cuadras pusieron un narcobloqueo”.
Era la noche de la fecha considerada incluso “versión 2.0” de la guerra del narcotráfico. Pero, aun así, la única presencia policial observada esa noche del 1 de mayo en este sector de Guadalajara, en los alrededores del Hospital Militar, fueron dos patrullas municipales que llegaron al exterior de la Clínica Macías, a cuatro cuadras de donde ocurrió la balacera contra el adolescente. Las torretas indicaron el punto en el que familiares gritando coléricos trataban de forzar la cadena que cerraba la puerta de cristal del sanatorio.
Los policías municipales ni siquiera acordonaron la escena, sobre la que después circulaban peatones y vehículos. Lo más que hicieron fue colocar vasos desechables sobre cuatro casquillos percutidos y unirlos con cinta adhesiva al pavimento. Uno de los agentes municipales dijo a este medio no poder distinguir el calibre de los restos de los cartuchos sobre el suelo, pero aun así se apresuró a asegurar que la agresión armada contra el joven no tenía “nada que ver con el crimen organizado”. Algunos policías se recargaron luego contra las paredes de las viejas viviendas de este sector, y ninguno hizo patrullaje en búsqueda de los asesinos, pese a los pocos minutos transcurridos desde el crimen.
Frente a la Clínica Macías, la familia de la víctima, arremolinados y violentamente empujando las puertas por varios minutos, acometían al mismo tiempo contra los uniformados, reclamando que el único detenido fuera el amigo que había buscado la atención médica. Una joven en sus 20 y con una niña asustada abrazada a la cintura, ambas llorosas, era la más iracunda contra los policías: “¡Son unos hijos de la chingada! ¡Ustedes no hacen nada!”
