Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– Políticos y expertos en seguridad coincidieron que ante la violencia que asola Tamaulipas urge una mayor presencia de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, éste no tiene ni recursos económicos ni elementos policiacos para apagar todos los fuegos que, además, se han encendido por la irresponsabilidad e incluso complicidad de los gobernadores.
Aunque el pasado 11 de marzo, el Senador panista Francisco García Cabeza de Vaca planteó al pleno un punto de acuerdo para que las fuerzas federales entraran a auxiliar a la población tamaulipeca, que vive actualmente en medio de una guerra desatada por los cárteles de El Golfo y Los Zetas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se negó a aprobarlo.
De acuerdo con García Cabeza de Vaca, se sabe que el gobierno federal tiene concentrados sus esfuerzos en Michoacán, pero a su juicio debe sacar recursos para proteger a la ciudadanía en Tamaulipas. Si toma la decisión de apoyar a la entidad, la estrategia debe ser “un traje a la medida” del estado fronterizo, que tiene características geográficas muy distintas a las de Michoacán, expuso.
El Senador del Partido Acción Nacional (PAN) también fue víctima de la delincuencia organizada en Tamaulipas. El 28 de abril un comando armado intentó secuestrarlo cuando se dirigía al aeropuerto de Reynosa.
“Es un incidente que viven día a día muchas familias, en este caso le tocó a un Senador al que un grupo de personas armadas trató de detener su vehículo. Pero es una situación que se vive día a día, que viven las familias tamaulipecas”, dijo a SinEmbargo.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Tamaulipas fue la entidad que durante el primer trimestre de este año registró un mayor incremento del secuestro, la extorsión y los homicidios culposos, con 59 por ciento, 56 por ciento y 21 por ciento, respectivamente.
García Cabeza de Vaca recordó que ante el recrudecimiento de estos delitos en la entidad, desde el 11 de marzo de este año pidió un punto de acuerdo en el Senado de la República para pedir la intervención de las fuerzas federales en su estado, pero los priistas se negaron a aprobarlo.
“El punto de acuerdo no ha sido aprobado por los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes se opusieron a que fuera de urgente resolución”, dijo.
En el documento que leyó en la Cámara Alta, el legislador expuso la situación que atraviesa Tamaulipas, entidad que en las últimas cuatro semanas ha sumado más de 60 muertos por enfrentamientos internos entre fracciones del Cártel del Golfo contra células de Los Zetas.
“Tamaulipas requiere acciones integrales urgentes para abatir la inseguridad. Necesitamos acciones que vayan más allá de la contención del tráfico de drogas; también es necesario contener los delitos que más dañan a la población: tan sólo en el último año, en el 2013, ya para el mes de diciembre Tamaulipas ocupó el segundo lugar en secuestros y un lugar dentro de los primeros cinco escaños a nivel nacional en los citados delitos [homicidios dolosos, robo de vehículos y extorsión].
“Hoy en Tamaulipas se ha llegado a tal grado que para poder circular en las carreteras es necesario organizarse y transitar en convoy o en caravanas de seguridad encabezadas por la Policía Federal y el Ejército mexicano en horarios fijos, con el fin de evitar los asaltos, hacer frente a los falsos retenes y a delincuentes que se han apoderado de algunas vías de comunicación en el estado de Tamaulipas”, leyó ese día, ante sus compañeros legisladores.
El Senador opinó que, en cuanto el gobierno federal tome la decisión de apoyar a la entidad, la estrategia debe ser un traje a la medida del estado fronterizo, y diferente a Michoacán. Mencionó que Tamaulipas tiene 17 cruces fronterizos, 433 kilómetros de litoral y tres puertos marítimos, mientras que el estado purépecha carece de puertos fronterizos y sólo cuenta con un puerto.
“Es diferente a lo que se vive en Michoacán y por eso dimos a conocer el punto de acuerdo, el PRI determinó que no era urgente, y yo les digo que les pregunten a las familias de Tamaulipas si lo es o no”, comentó.
Cuestionado sobre el papel del gobierno estatal del priísta Egidio Torre Cantú en la crisis de inseguridad y violencia que padece Tamaulipas, respondió que ha habido irresponsabilidad de éste y otros gobiernos.
“Lo que sucede no es producto de la casualidad sino de la irresponsabilidad y complicidad de muchos gobiernos. El sistema político está inmerso en la podredumbre y no tiene nada qué hacer, está rebasado por los acuerdos perversos que tuvieron en su momento. Más allá de señalar a un Gobernador o ex gobernadores, el mismo sistema político está colapsado y tiene que entrar el gobierno federal a restablecer el orden y la paz”, afirmó.
El Senador panista dijo que espera que la ayuda federal no demore.
“Estoy convencido que el gobierno federal va a actuar en consecuencia y va a incrementar una estrategia integral el estado, eso lo vamos a ver muy pronto, no me cabe la menor duda, porque Tamaulipas ya no aguanta más”.
DIFICULTADES EN AYUDA FEDERAL
A pesar de la violencia e inseguridad que asola a Tamaulipas, replicar el modelo de intervención michoacano se ve lejano para la entidad fronteriza, consideraron especialistas consultados por SinEmbargo.
“El problema de Michoacán es que no hay recursos para replicarlo en otros estados. Los recursos materiales y políticos del gobierno federal están agotados. Si hacen eso entonces otros estados levantarán la mano, eso va a generar una nueva ronda perversa de los que no hicieron su trabajo”, explicó el director del área de Seguridad del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Alejandro Hope.
Sobre el tema, el ex Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Jorge Lara Rivera, planteó una problemática similar al observar que no habría recursos ni elementos policiacos suficientes para dejar Michoacán y mandarlos a otros estados, como a Tamaulipas, para tratar de reducir la violencia.
“Es una cuestión de fuerza del Estado. El esfuerzo que la Federación está haciendo específicamente en Michoacán demanda recursos económicos y humanos, y no puede estar permanentemente asistiendo a todos los lugares donde hay conflictos. Eso es lo que se ha dicho en los últimos años sobre este asunto: la insuficiencia está en la actuación que tienen los estados y sus gobernadores, y entender que la Federación no puede estar apagando todos los incendios”, expuso el también consultor contra el lavado de dinero.
“A lo mejor ya está diagnosticado [el problema] pero también hay insuficiencia de fuerza. En la Policía Federal sólo hay 35 mil elementos y se habla de que en la delincuencia organizada tienen enrolados a 500 mil personas, y es una batalla desigual. Muchos de los policías están concentrados en varios estados”, planteó Lara Rivera.
AUTODEFENSAS LEJANAS
Uno de los temas que ha sido expuesto por algunos actores políticos en la entidad es el supuesto surgimiento de autodefensas, tal como ocurrió en Michoacán desde inicios del año pasado.
Entre quienes han hablado de estos grupos armados se encuentran legisladores del PAN, como el Diputado federal Carlos García González, quien el 11 de febrero de este año afirmó que había autodefensas en tres municipios tamaulipecos: Hidalgo, Tula y Ocampo, y solicitó al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, evitar que el fenómeno creciera.
El 5 de marzo se dio a conocer un comunicado de una llamada “Brigada Alberto Carrera Torres”, que informó que ese día “pasó por las armas” a 16 integrantes de Los Zetas en Ciudad Victoria.
La brigada, que retoma el nombre de un militar revolucionario nacido en Tamaulipas, se hizo llamar “Autodefensa” y anunció que realizaría acciones contra Los Zetas y los funcionarios corruptos. En ningún momento habló de ir contra el otro grupo delictivo con presencia en la entidad, el Cártel del Golfo.
El 10 de abril, el delegado federal de la Secretaría de Gobernación, Rabrindanath Juárez Mayorquín, desmintió la presencia de grupos de autodefensa, tal como en días anteriores habían denunciado panistas del estado.
“Se presume que no se trata de organismos de autodefensa comunitaria porque, a la fecha, ni el gobierno federal ni el del estado tienen evidencia presentada por el PAN sobre ese supuesto”, dijo el funcionario federal, según recogió El Diario de Ciudad Victoria.
Al respecto el Senador García Cabeza de Vaca también comentó que no está confirmada la presencia de grupos de autodefensa.
“No pudiera confirmar eso mientras no los vea con mis ojos, al día de hoy no tengo conocimiento; se dice que están surgiendo. Es caer en especulaciones, esperemos que no se llegue a eso”, dijo.
Para el ex Subprocurador y ex Diputado Federal, Jorge Lara, Tamaulipas tiene una base social diferente a la michoacana, que haría complicado que emergiera un fenómeno como el de las autodefensas.
“En buena medida ahí crecieron bajo la sociedad y tienen una historia ancestral en la que han existido organizaciones intermedias que articulan identidades étnicas”, explicó.
En el mismo sentido opinó la encargada del programa de Seguridad Pública de México Evalúa, Lilián Chapa Koloffón.
“El contexto histórico de Michoacán y Tamaulipas es muy distinto. Tanto en Michoacán y Guerrero ha habido grupos de civiles armados a falta de la fuerza del Estado y por la guerrilla. En Tamaulipas no veo que se hayan dado estas condiciones y que se armen para defenderse. Ahí se ve poca cohesión entre los grupos empresariales, mientras que en Michoacán había objetivos en común; en Tamaulipas no se ve a la población organizada, las marchas se ven pequeñas, no vemos a la sociedad civil organizada como en Michoacán, lo que podría pasar son [que se armen] grupos de defensa privada, pero no se ven grupos en cohesión, que es difícil formar por el riesgo de perder la vida”, comentó.
Lo mismo consideró Alejandro Hope, quien deseó que no aparezcan las autodefensas en territorio tamaulipeco.
“No sabría decirles, si existen no tienen la magnitud, el impacto y trabajo social que implican y además sería una mala señal”, expuso.
HOMICIDIOS IMPUNES
El vocero del gobierno de Tamaulipas, Guillermo Martínez, aseguró el 1 de mayo pasado que en la entidad hay tranquilidad. “Estamos en paz, en calma”, dijo en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo.
Pero en materia de información sobre la inseguridad, Tamaulipas es aún más opaca que Michoacán y se trata de una entidad donde la prensa, amenazada por el crimen organizado, informa poco sobre la delincuencia y los hechos de violencia en los que los cárteles participan, aseguró Lilián Chapa.
Recordó que en la crisis de violencia de 2010 en la que se registraron enfrentamientos callejeros y en las carreteras entre el Cartel del Golfo y Los Zetas, una gran parte de la información se publicó a través de las redes sociales.
“Lo que vemos es que cada que hay un estallido de violencia hay información y luego empieza a disminuir, una es la versión oficial y otra la que llega a los medios. Seguimos viendo que Tamaulipas es utilizado por la delincuencia organizada como un campo de batalla, que se enfrentan en vías públicas cuando deben dirimir sus conflictos. Aunque las autoridades estatales digan que es sólo entre ellos y que se trata de homicidios suyos, trátese de quien se trate deben investigarse.
“En Michoacán hay más información y de Tamaulipas tenemos menos y esto hace que sólo veamos la punta del iceberg, sólo vemos estos enfrentamientos a plena luz del día, pero no sabemos quiénes están involucrados”, explicó.
Chapa agregó que el delito más visible es el de los homicidios, que en el discurso gubernamental se clasifican como “ejecuciones”, para no investigarlos, pero son delitos que quedan impunes.
“No existe un delito que se llame ejecución y deben investigarse, o se mandan señales de impunidad y cualquier conflicto que diriman en las calles no hay problema para ellos”, dijo.
“Lo que hemos visto es preocupante, no es nuevo para la entidad. Desde 2010 que detonó el conflicto entre los carteles, vimos episodios violentos en vías públicas, en carreteras, lo que no vimos en este tiempo fue que las autoridades estatales y federales aumentaran sus capacidades. Los homicidios si bien los puede atraer la Procuraduría General de la República (PGR), la seguridad debe ser brindada en cambio por los alcaldes y el gobierno estatal”, afirmó.
También dijo que hay datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que corroboran el bajo porcentaje de investigación de homicidios.
“De mil 510 homicidios ocurridos en el año 2012 sólo se sentenció a un responsable en 113 casos. En 2011 de mil 78 casos, fueron sentenciados 116, eso deja ver las señales de impunidad, que el estado tienen una capacidad rebasada para atender estos casos”.
Pero no sólo los homicidios son un problema grave, lo mismo ocurre con los secuestros y la extorsión, ambos a la alza, concluyó.
