Rubén Martín
07/04/2024 - 12:03 am
La cínica obstrucción militar del caso Ayotzinapa
“No sólo se ha decidido no entregar documentos relacionados sobre el caso, contraviniendo las órdenes expresas del Presidente López Obrador, sino que deliberadamente se ha resguardado y ocultado información relativa a los hechos, y se miente al responder a peticiones de solicitudes presentadas vía transparencia”.
Estamos a menos de seis meses del fin del periodo de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador y nada parece indicar que vaya a cumplir con su promesa de brindar verdad y justicia para las víctimas de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014, a pesar de promesas en contrario.
Como se recuerda, tanto en campaña electoral y ya como Presidente electo, López Obrador ofreció a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en la terrible noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, integrar una comisión de la verdad para indagar este caso y llegar a esclarecerlo. El 26 de septiembre de 2018, ya como Presidente electo y acompañado de Olga Sánchez Cordero que asumiría como Secretaria de Gobernación, el próximo mandatario se reunió con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y les dijo: “Vamos a cumplir (…) No debemos temer si se conoce la verdad”. Pero las promesas del entonces Presidente electo se cumplieron a medias.
Inicialmente parecía que el nuevo Gobierno cumpliría a los padres. Se creó la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa (Covaj), se permitió el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se creó la Unidad Especial para la Litigación e Investigación del caso Ayotzinapa (UELICA) en la Fiscalía General de la República (FGR).
Pero las cosas cambiaron cuando los avances en la investigación del caso llevadas a cambo por estas tres instancias, Covaj, GIEI y la UELICA, se acercaron a identificar la responsabilidad del Estado en general y en particular de las Fuerzas Armadas. Esto quedó de manifiesto hacia agosto de 2022, cuando el entonces Subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Covaj, Alejandro Encinas, presentó el Segundo Informe de dicha comisión. Casi al mismo tiempo, los integrantes del GIEI anunciaron que no podían continuar con su trabajo en México por las deliberadas obstrucciones que encontraban para seguir avanzando en las investigaciones.
En el mismo periodo se dio la renuncia del titular de la UELICA, Omar Gómez Trejo, y se dio un viraje en la investigación de esta unidad especializada. Todo apunta que se debió a que se empezaron a tocar intereses de las Fuerzas Armadas.
Ahora, a menos de medio año del final del sexenio del Gobierno autonombrado de la “Cuarta Transformación”, quedan claras, explícitas y hasta cínicas las obstrucciones deliberadas que se deciden desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Reporteros de la revista Proceso tuvieron acceso a la carpeta de investigación sobre el caso que lleva a cabo la FGR donde han recolectado testimonios de testigos de esta cínica obstrucción de la Sedena para entregar información sobre el caso Ayotzinapa.
No sólo se ha decidido no entregar documentos relacionados sobre el caso, contraviniendo las órdenes expresas del Presidente López Obrador, sino que deliberadamente se ha resguardado y ocultado información relativa a los hechos, y se miente al responder a peticiones de solicitudes presentadas vía transparencia.
En un reportaje publicado el pasado 31 de marzo, se asienta que las solicitudes de información presentadas por la Covaj, “la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional ordenó a todas las unidades de la Sedena enviarle la ‘información física’ que tuvieran sobre de la desaparición de los 43 normalistas. Esa información, que el Ejército ha negado a la Covaj–en los últimos meses, ya con el aval del Presidente Andrés Manuel López Obrador–, fue ‘concentrada’ y ‘resguardada’ en las instalaciones del Centro Militar de Comunicaciones (CMC) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, ubicado en el Campo Militar 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, dijeron a la FGR testigos de esos hechos”.
En este reportaje de la revista Proceso, titulado “Operación silencio: Así el Ejército ocultó información sobre el caso Ayotzinapa”, se revela además que no sólo se concentró la información física en el Campo Militar 37-C. La Sedena decidió además “cambiar todas las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información del caso Ayotzinapa, para evitar que integrantes de la Covaj encontraran esos datos digitales en caso de que el Presidente López Obrador ordenara darles acceso a ellos” (https://cutt.ly/vw88W0Sh). Y dicha información digital se decidió almacenarla en los servidores del Centro Militar de Inteligencia.
Además de concentrar y resguardar la información física, la Sedena ocultó información recolectada por el Centro Militar de Comunicaciones (CMC) que cuenta con equipos para la intercepción de llamadas de teléfonos satelitales, utilizadas por personajes del grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los normalistas.
Otra muestra clara de esta deliberada y cínica obstrucción de la información que la Sedena tiene en su poder es que el 4 de agosto de 2022, circuló un memorándum interno que ordena que las peticiones de información que “son impulsadas desde diversos frentes por la Covaj” deben ser respondidas “en el sentido de que esta Dependencia de Gobierno (la Sedena) no realiza actividades de monitoreo o intervención de comunicaciones privadas”.
Por estas acciones decididas, preparadas y deliberadas se puede ver que la Sedena no sólo no tiene ya intención de colaborar, si alguna vez la tuvo, para esclarecer y llegar a encontrar la verdad y la justicia para el caso Ayotzinapa. No es sólo una obstrucción deliberada, sino que cínicamente se está ocultando información clave que podría dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como los 800 folios del Centro Regional de Inteligencia Militar de Iguala que los padres y madres han identificado y que los militares se niegan a entregar. A pesar de esta cínica obstrucción de información del caso Ayotzinapa, todo indica que ya no se avanzará más debido a que la Sedena cuenta con la complacencia del jefe de las fuerzas armadas, el mismo Presidente López Obrador.
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