Los habitantes están pidiendo la intervención de los principales funcionarios electos del estado luego que el contratista federal del proyecto comenzó a levantar viviendas móviles.
Por Susan Montoya Bryan
ALBUQUERQUE, Nuevo México, EU, 7 de marzo (AP) — Algunos residentes en un pueblito en el sur de Nuevo México, defensores de los inmigrantes y otros están expresando su preocupación por la llegada de trabajadores a la comunidad durante la pandemia de coronavirus como parte de las labores del Gobierno federal para construir el muro fronterizo.
Los habitantes están pidiendo la intervención de los principales funcionarios electos del estado luego que el contratista federal del proyecto comenzó a levantar viviendas móviles.
El pedido refleja los crecientes temores en las fronteras sur y norte de Estados Unidos respecto a los trabajadores de la construcción que puedan llevar el virus a áreas con pocos servicios de salud.
Los opositores de la obra argumentaron en una carta que las órdenes de salud pública que emitió la gobernadora Michelle Lujan Grisham tienen el objetivo de limitar los grupos de personas y los contactos para impedir que empeore la pandemia.
“Les pedimos respetuosamente que hagan todo lo posible para frenar la llegada de trabajadores de otros estados a nuestras comunidades fronterizas, para proteger la seguridad y la salud de los residentes rurales de Nuevo México y las comunidades fronterizas”, dice la carta. “Las vidas de los residentes dependen de ello”.
En un área remota del norte de Montana comenzaron el fin de semana los trabajos en el oleoducto Keystone XL. El Gobernador, el demócrata Steve Bullock, dijo que las preocupaciones sobre los campamentos planeados para los trabajadores que pudieran albergar a hasta mil personas deben ser resueltas antes que TC Energy finalice sus planes de construcción.
En la mayoría de los casos, el virus causa apenas síntomas leves o moderados, como fiebre y tos, que desaparecen en dos o tres semanas. Para otros, especialmente ancianos y personas con problemas de salud, puede provocar cuadros más severos e incluso la muerte.
Pese a una restricción al desplazamiento de personas en casi todo Estados Unidos, los trabajos del muro fronterizo y del oleoducto están exentos de las órdenes de confinamiento. Incluso en Nuevo México, las órdenes de salud pública establecen exenciones para operaciones de infraestructura, como las obras públicas y la reparación y construcción de caminos.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que supervisa a los contratistas que trabajan en la frontera, dijo a The Associated Press la semana pasada, cuando afloraron las primeras preocupaciones, que la agencia sigue las directrices federales, pero se negó a ofrecer detalles específicos sobre cómo va a proteger la salud pública durante la construcción.
Lujan Grisham, una demócrata, ha criticado desde hace tiempo las políticas de inmigración del Presidente Donald Trump y sus planes para construir más secciones del muro fronterizo. El año pasado, su gobierno trató infructuosamente de demandar a las autoridades federales de inmigración por su manejo del incremento de solicitantes de asilo.
El lunes, el Vicegobernador Howie Morales dijo que los trabajadores representan un riesgo adicional. Las obras se realizan cerca de Columbus, un pueblito de menos de mil 500 personas ubicado a unos 130 kilómetros (80 millas) al oeste de El Paso, Texas.
Morales ha estado en comunicación con el Alcalde de Columbus, Esequiel Salas, respecto a los entre 40 y 60 trabajadores que llegarán a la comunidad. Dijo que estos obreros tendrán que ir de compras y a recoger comida de los restaurantes locales, lo que significa un mayor contacto con la comunidad.
“La emergencia nacional ahora no es construir el muro fronterizo. La emergencia nacional es la crisis de salud que enfrentamos”, dijo Morales, quien destacó que el enfoque debería ser aumentar la capacidad del sistema de salud.
Ray Trejo, coordinador de la Federación de Vida Silvestre de Nuevo México, visitó Columbus el lunes y vio largas filas de viviendas portátiles. Su grupo fue uno de los firmantes de la misiva, junto a la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México, el New Mexico Center on Law and Poverty y otras organizaciones.
“A pesar de que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo por permanecer en casa y apegarnos a las directrices de la gobernadora, estos individuos representan una amenaza incontrolable a nuestra comunidad debido a que trabajan hombro con hombro en espacios confinados y entran y salen de nuestra ciudad y compran en nuestros negocios locales. Deberían irse mañana”, declaró Trejo.
SLS, un contratista federal con sede en Texas, recibió casi 790 millones de dólares el año pasado para instalar bolardos de acero en el sur de Nuevo México.
Las promesas de seguridad fronteriza fueron parte central de la campaña presidencial de Trump en 2016. Tras un incremento en el número de migrantes que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos en 2019, se fijó la meta de tener 800 kilómetros (500 millas) de bardeado para principios del próximo año. Se han construido más de 161 kilómetros (100 millas), la mayoría para reemplazar barreras de varias décadas de antigüedad.
