Un país no puede cambiar de la noche a la mañana. A pesar de la crisis que representa la pandemia, la violencia sigue ahí. Algunos pensamos que se podría reducir su intensidad, por lo menos, ante el miedo de los propios delincuentes a ser víctimas del virus o, mínimo, por la dificultad de operación.

Sin embargo, ningún virus o crisis ha logrado que la prensa se escape de las balas o de las agresiones que perpetúan aquellos a los que les molesta la palabra. Lo que no se resolvió en tiempos de “paz”, se revela de la manera más cruenta en tiempos de “guerra”.

Veracruz, el estado más sangriento para las y los periodistas de los últimos años [1] fue el escenario del asesinato de María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Jalapa y Directora del medio Quinto Poder. Su homicidio pone en evidencia los nulos cambios que ha habido en la política de protección a periodistas a nivel nacional. La falta de medidas preventivas, de protección, sancionadoras y de reparación, permiten que sigamos documentando diariamente una serie de agresiones que no cesan pero se diversifican e intensifican.

En 2016 y 2018, María Elena fue víctima de varias agresiones. El 29 de marzo de 2016 denunció una amenaza de desaparición, por parte de Basilio Camerino Picazo, funcionario público y, en ese momento, candidato a Diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De acuerdo a la documentación de Article 19 “Por la amenaza se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE Veracruz). Sin embargo, Camerino Picazo no fue detenido. Además, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) le asignó medidas de protección, mismas que fueron retiradas en 2018”.  Previo a su homicidio el 30 de marzo de este año, el 12 de marzo, María Elena seguía denunciando la corrupción e impunidad con la que opera el grupo político “Totonacapan” encabezado por Basilio Picazo.

Desde hace más de 10 años, Article 19 ha señalado que ninguna medida de protección alcanza cuando existe impunidad, cuando las razones por las cuales un periodista decide acercarse al Mecanismo de protección a periodistas -federal o estatal- no son investigadas y sancionadas.

Al inicio del sexenio de López Obrador, el Mecanismo de Protección Federal se sometió a un diagnóstico profundo en colaboración con la oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas. Este estudio derivó en una centena de recomendaciones que hasta la fecha se han quedado en el papel y no han derivado en más protección y mejores condiciones de seguridad para el trabajo periodístico.  Hasta ahora, seguimos a la espera de una ruta de trabajo que nos permita identificar que realmente se busca cambiar las condiciones de inseguridad a las que se enfrenta la prensa en nuestro país.

Sin embargo, el caso de María Elena si bien nos refiere a la más terrible realidad a la que se enfrenta la prensa en México, la pandemia también ha puesto en evidencia esas otras violencias que existen, que no se reconocen y poco se nombran: las muy diversas amenazas políticas y la precaria condición laboral del periodismo.

En Puebla, desde la entrada de Barbosa al Gobierno, Article 19 había documentado una serie de agresiones por parte de funcionarios públicos a periodistas que se traducían en campañas de desprestigio, estigmatización y, en algunos casos, el uso de la ley como arma para atacar el debate público a través de diversas demandas de daño moral. Ahora, en el marco de la pandemia, la intolerancia de la función pública se exacerba al momento de ser cuestionados por periodistas que buscan informar a la sociedad sobre las acciones que se están llevando a cabo para prevenir el contagio.  El bloqueo informativo y la estigmatización contra la prensa se vuelven formas eficaces para desviar el mensaje y controlar los flujos de información que llega a la gente.

Por su parte, a nivel nacional, los despedidos de periodistas, la suspensión de pagos, la falta de seguridad social sugieren la necesidad de reformas laborales urgentes que reconozcan la función social del trabajo periodístico y su relevancia en los contextos más serios y complejos a los que se pueden enfrentar una sociedad. En estos tiempos de pandemia, el personal médico desarrolla trabajos esenciales, es cierto; pero también las y los periodistas, la información juega un papel clave para combatirla.

[1] Desde el 2000 han asesinado a 28 periodistas y solamente durante el sexenio de Javier Duarte (2010 a 2016) asesinaron a 17 posiblemente por hacer su trabajo.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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