Las impugnaciones serán turnadas a alguna de las ministras de la Segunda Sala de la Suprema Corte, por lo que Yasmín Esquivel Mossa o Loretta Ortiz Alhf serán las encargadas de analizar y proponer un proyecto de resolución a la queja presentada.
Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite los recursos de reclamación que fueron presentados por la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado de la República contra la suspensión del Plan B de la Reforma Electoral para los comicios en el Estado de México y Coahuila.
Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado; y Karla Almazán, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, fueron los funcionarios del Poder Legislativo que se unieron a la Presidencia para presentar los recursos de queja.
Las impugnaciones presentadas por entidades principales de los poderes Ejecutivo y Legislativo fueron turnadas a la Segunda Sala de la SCJN, por lo que alguna de sus ministras, Yasmín Esquivel Mossa o Loretta Ortiz Alhf, analizará y propondrá un proyecto de resolución con respecto a la suspensión otorgada por el Ministro Alberto Pérez Dayán.
El pasado 21 de febrero, el Ministro concedió una suspensión provisional para que las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que integran el Plan B de la Reforma Electoral, no se apliquen en los actuales procesos electorales que se desarrollan en el Estado de México y Coahuila.
De acuerdo con la información dada por la SCJN, la suspensión para que la Ley no sea aplicada en los procesos electorales del Edomex y Coahuila se debe a que se promulgó durante el periodo de veda electoral, acto que está prohibido en la Constitución.
“De no concederse [la suspensión], su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en este”, se expone.
Se trata de siete acciones de inconstitucionalidad admitidas por el Ministro Pérez Dayán, quien además suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limita el gasto en dicha materia a sólo 0.1 por ciento del presupuesto de las alcaldías del país, para que no se apliquen en el Estado de México y tampoco en Coahuila, los dos estados que tendrán elecciones este año.
En total, la Suprema Corte ha recibido más de 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 31 controversias constitucionales contra el Plan B Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En respuesta a ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dicha suspensión “es un fraude a la Constitución”.
A través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, el mandatario argumentó que el Ministro Pérez Dayán “viola la Constitución al suspender aplicación de la Ley General de Comunicación Social”, puesto que “las normas expedidas por el Congreso de la Unión sólo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros y está proscrito expresamente suspender sus efectos”.
“Los juzgadores, como todas las autoridades del Estado, están obligados a fundar y motivar sus decisiones, por lo que el Ministro Pérez Dayán no puede apartarse de las reglas específicas que establecen las leyes al tramitar los medios de control constitucional, pues la legitimación del Poder Judicial se diluye cuando sus decisiones responden a posiciones políticas o personales”, señala el documento.
