Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto destinaron más de 600 millones de pesos a redes sociales, publicidad y software, pero sólo 4.5 por ciento de los afectados por la violencia recibieron apoyo económico directo gracias a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Las prioridades del órgano especializado en atender a los mexicanos que han resultado con daños por trata de personas, narcotráfico, secuestro o desaparición se concentraron en el manejo de sus redes sociales, la adquisición de computadoras personales, la renta de vehículos, la vigilancia y seguridad en su propio edificio, la limpieza de sus oficinas, publicidad oficial, viajes nacionales e internacionales.
Por Linaloe R. Flores
Ciudad de México, 10 de marzo (Vice/SinEmbargo).– Para atender a las víctimas del delito, el Gobierno mexicano ha gastado más en redes sociales, campañas publicitarias y software que en apoyos económicos directos para atender las problemáticas de las personas afectadas por la trata de personas, el narcotráfico, el secuestro y la desaparición de familiares.
Creada en 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, como la máxima instancia para atender a las víctimas de la violencia, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV, entonces Províctima) ha gastado más en servicios para sus propias oficinas y funcionarios que en la compensación del daño a las personas afectadas por la violencia a lo largo del país. Eso muestra su historial en Compranet, el sitio en el que el Gobierno publica sus contratos, contrastado con las cifras del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), instituido en 2014.
A marzo de 2018, la comisión tuvo un gasto de 638 millones 191 mil 295 pesos, mientras que se erogaron 360 millones de pesos con cargo al FAARI que beneficiaron apenas a 706 víctimas –el 4.5 por ciento de la 15 mil 525 inscritas en el Registro Federal de Víctimas (Refevi)–. Así, el presupuesto destinado al CEAV es más del doble que el dinero canalizado a las mujeres y hombres afectados por los delitos. La creación del FAARI fue precisamente el argumento en 2014 para otorgarle más fondos a la CEAV.
Vice elaboró el top de los 40 contratos más grandes firmados por la comisión, con el fin de detectar cuáles fueron las prioridades de este órgano especializado en atender a los mexicanos que han resultado con daños por trata de personas, narcotráfico, secuestro o desaparición. Encontró que sus gastos más altos se concentraron en el manejo de sus redes sociales, la adquisición de computadoras personales, la renta de vehículos, la vigilancia y seguridad en su propio edificio, la limpieza de sus oficinas, publicidad oficial, viajes nacionales e internacionales, así como la fabricación del software para la plataforma del Registro Nacional de Víctimas.
De esos 40 contratos, seis fueron convenidos en 2012, el último año en que gobernó Felipe Calderón Hinojosa. Los otros 34 se signaron en el transcurso del sexenio de Enrique Peña Nieto.
20 MILLONES EN REDES
En 2015, la CEAV pagó 21 millones 907 mil 368 pesos a la empresa Tec Plus por un equipo de cómputo personal, mientras que por el manejo de las redes sociales en el mismo año la compañía Reto Industrial se llevó 20 millones 250 mil pesos. Televisa tuvo lo suyo en este pastel de ventas. Cobró 6 millones 999 mil 730 pesos por la difusión de la campaña “CEAV, un nuevo modelo de atención a víctimas” en 2014.
También, en el top de contratos más caros de la CEAV, aparecen dos por reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos con la empresa Conceptos Avanzados en Turismo en 2013 y 2015. La suma fue de 12 millones 422 mil 520 pesos.
Las erogaciones más altas de esta comisión hasta ahora ocurrieron en 2016. Una fue por 42 millones 583 mil 292 pesos para pagar a Negocios Optimus Jumace, empresa externa de recursos humanos ( outsourcing), la administración de la nómina del personal. Otras dos fueron para montar el centro de datos de la plataforma del Registro Nacional de Víctimas (34 millones 449 mil 837 pesos) y la fabricación del software que sostendría ese sitio cibernético (23 millones 635 mil pesos).
Además de sus abultados gastos, esta comisión es una de las que en el pasado guardó más secretos. Cuando en 2012 Enrique Peña Nieto recibió la banda presidencial de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, ese órgano tenía 258 expedientes reservados. Hoy tiene 500 asuntos con tal clasificación; es decir, la secrecía de la institución para aliviar la pesadumbre de las víctimas creció en 93.7 por ciento.
Uno de los expedientes puestos bajo reserva hasta 2025 es el protocolo de búsqueda de desaparecidos: no es posible saber qué hizo el Gobierno en los años más crueles de la guerra en contra del narcotráfico frente a ese fenómeno. El argumento del organismo es que revelarlo tendría “relación directa con temas de prevención y persecución de delitos, estrategia procesal e impartición de justicia”. Además, la CEAV clasificó la manera en que distribuyó el dinero del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en 2016.
AMLO CAMBIA LAS REGLAS
En 2011, a cinco años de que el Presidente Felipe Calderón iniciara una guerra en contra de los grupos del crimen organizado, los conteos más conservadores arrojaban por lo menos 12 mil muertos. En cuanto a los desaparecidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconocía 5 mil 397. Frente a ese panorama, por decreto, el entonces primer mandatario creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas (Províctima).
El 8 de enero de 2014, con un nuevo decreto, Peña Nieto transformó a Províctima en la CEAV, que recibió la encomienda de elaborar la Ley General de Víctimas, así como la instalación de una comisión en cada estado de la República. Según un comunicado del gobierno federal cuando aún gobernaba Peña Nieto, el objetivo lo logró el 28 de mayo de 2018.
Ahora viene otro cambio. El 4 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en su rueda de prensa matutina, un viraje de la estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas en México. Para presentarla le dio la palabra a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, quien presentó un plan de 11 puntos. El siete concierne a la CEAV.
La reforma de este órgano consistirá en fortalecer y revisar los mecanismos de protección a defensores y periodistas, acompañar de manera permanente en búsqueda de campo y el impulso para la creación de 12 CEAV locales que según el gobierno de AMLO aún faltan.
Por lo pronto, el historial de la CEAV muestra que sus gastos más altos no tuvieron impacto en la atención a las víctimas.
