Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– Los aserraderos, huertos y empacadoras de aguacate son el siguiente objetivo del gobierno federal en su estrategia para golpear la estructura financiera del cártel de Los Caballeros Templarios, luego de la intervención a 11 empresas que exportan minerales desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Alfredo Castillo Cervantes, titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, planteó que la estrategia busca minar la capacidad financiera del grupo criminal. A la intervención de empresas nacionales y extranjeras, y la incautación de 119 mil toneladas de mineral y maquinaria pesada, seguirán operativos similares en el puerto, pero también en otras zonas del estado para copar el negocio millonario de la madera y el aguacate en Michoacán.
“Éste es el punto de partida, porque no pueden seguir realizando este tipo de actividades. No son las 119 mil toneladas, es que el día de mañana se iban a juntar otras 100 mil o 200 mil toneladas (de mineral) que ahorita ya no van a poder hacer. Eso es lo que está minando la capacidad financiera. Hay que pegar donde más duele. Ahorita es el puerto de Lázaro Cárdenas, mañana serán los aserraderos, la madera y después será la aguacatera”, expuso en entrevista.
El funcionario federal añadió: “Hay que ver cuáles fueron absolutamente todas las fuentes de financiamiento. Ser muy inteligentes, ser estratégicos y dar tiros de precisión, hacerlo de manera interinstitucional e involucrar a las autoridades locales y a la sociedad, que es la que sabe y nos informa.
El operativo en Lázaro Cárdenas inició con la intervención a las empresas mediante la inmovilización de los patios de acopio, el mineral y la maquinaria pesada con sellos de clausura y suspensión de actividades. Pero también se verifican las concesiones y se investiga si eran sujetos pasivos, víctimas de extorsiones en la explotación, transportación y procesamiento.
Explicó que también se detalla el estatus de las empresas chinas asentadas en el puerto michoacano, aunque rechazó que puedan ser responsables directas del tráfico de minerales desde México y que afecte la relación comercial entre ambos países.
“Es tanto como si un mexicano hiciera algo malo en otro país. No tiene por qué afectar la relación bilateral. Aquí estamos hablando de personas físicas o morales con responsabilidad penal, civil o administrativa y no hay que satanizar”, aclaró.
Castillo comentó que en las investigaciones “hay que ser muy cuidadosos, no hay que clasificar a un malo de la película. Lo que sí es que tenemos que ser minuciosos en determinar y verificar… si está vigente la concesión, hasta cuándo tenía autorizado extraer, cuánto exportar y si estaba al corriente en el pago de sus impuestos”.
El operativo en Lázaro Cárdenas seguirá en otras empresas que serán intervenidas a través de procedimientos administrativos, vía la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para la verificación por daños, al impedir el almacenamiento de residuos peligrosos y la deforestación, así como embargos precautorios por parte del Sistema de Administración Tributaria.
“Hay más (empresas), se tiene que seguir investigando, nosotros entramos a las que hacen colindancia con Guerrero”, dijo.
A seis semanas de la implementación de la estrategia integral para Michoacán, Castillo sostuvo que hay avances importantes, desde detenciones de criminales, recuperación de territorio, coordinación entre instancias, así como aumentar las denuncias ciudadanas y políticas públicas en materia de desarrollo social.
“Hay avances muy importantes, los resultados se verán a mediano plazo. Si lo sumas, en seis semanas hay avances importantes, sustanciales que nos permiten dibujar un escenario totalmente favorable para Michoacán, pero es un tema que se debe trabajar todos los días y no hay que echar las campanas al vuelo. Era un reto complejo pero posible”, afirmó.
CNDH, CONTRA TURBAS
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que en el informe que alista sobre el caso Michoacán contiene recomendaciones al Congreso y al Ejecutivo por la destitución de alcaldes que han hecho las autodefensas.
“Las guardias comunitarias son una turba de personas que no están en condiciones de destituir a nadie”, afirmó en entrevista Raúl Plascencia, presidente del organismo, al acudir al Senado de la República .
El ombudsman nacional añadió “que debe ser el Congreso del estado el que analice la condición de cada presidente municipal.. y si no está funcionando que así se establezca y se pueda nombrar a un consejo”.
