Por: Natalia Pérez Cordero*
Este año 2024 es un año complejo para la agenda en materia de protección a derechos humanos, ya que como hemos venido observando desde el segundo semestre del año pasado, muchas de las personas que estuvieron al frente de la toma de decisiones en temas de relevancia para el país, como la desaparición de personas, dejaron sus cargos y han sido ocupados por nuevas personas funcionarias públicas, que, a decir de sus antecedentes profesionales, no necesariamente son especialistas en estos temas.
Aunado a ello, resulta difícil avanzar en lo que aún sigue pendiente de implementar de la Ley General en Materia de Desaparición, como los registros y sistemas de intercambio de información entre las fiscalías y comisiones de búsqueda, pues la falta de experiencia y la reducción del personal hace que lo que quede para este año de transición sea resistir para no dar pasos hacia atrás en lo que hasta ahora se logró implementar, como el Centro Nacional de Identificación Humana y la propia Comisión Nacional de Búsqueda; o incluso resistir ante la insistencia del Ejecutivo Federal para lograr una reforma constitucional que permita a la Secretaría de Defensa tener el manejo y control de la Guardia Nacional, militarizando a este cuerpo policiaco y a una parte de la seguridad pública que debería estar a cargo de mandos civiles, de acuerdo con la Constitución y Tratados Internacionales.
Paralelamente a estos cambios en la administración pública, la crisis de desaparición sigue vigente y en aumento, al día de hoy se reportan 114,534 personas desaparecidas y no localizadas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, aunque el gobierno intentó disfrazar la gravedad de esta crisis, creando nuevas categorías no establecidas en la Ley General para decir que no se podían confirmar al cien por ciento dichos registros. Todo ello, en pleno cierre de esta administración y en un contexto político electoral donde está en juego la próxima presidencia de la República y varias gobernaturas en los estados.
Sin embargo, frente al intento de disimular lo que esta administración no logró -al igual que las dos administraciones anteriores-, es decir, frenar los fenómenos delictivos que originan la desaparición de personas, a través de políticas de prevención y reconstrucción del tejido social, así como de la sanción de los responsables y contribuir a conocer la verdad en torno a este crimen atroz, es necesario que se creen espacios de diálogo y construcción de políticas públicas de la mano de las familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil especialistas en el tema; en primer lugar, para reflexionar en torno a cómo evitar ir en retroceso a los avances que se han dado, en su gran mayoría por el impulso, tenacidad y amor de las familias que luchan incansablemente por encontrar a sus seres amados desaparecidos; y, en segundo lugar, para pensar colectivamente sobre propuestas de acción que se pueden impulsar en este contexto de transición electoral.
Estas reflexiones necesariamente deben incluir un análisis de los impactos diferenciados que enfrentan los distintos grupos de población y cómo la normalización de ciertas violencias, por ejemplo la violencia hacia las mujeres, ha sido un caldo de cultivo para el recrudecimiento de la crueldad hacia grupos históricamente vulnerados, lo que ha llevado a reproducir formas de violencia extrema como el feminicidio, cometido tanto por personas cercanas, en su mayoría hombres, pero también por miembros del crimen organizado, dando muestra de la violencia que se vive en todas las escalas y ámbitos.
En este contexto, resulta fundamental pensar en claves que puedan retomar las próximas administraciones, tanto la nacional como las estatales, para avanzar en estrategias que permitan una transformación política, económica y social real y efectiva que permita dar paso a un México más justo, igualitario, pacífico y, sobre todo, que respete y garantice los derechos humanos de todas, todos y todes.
Desde Fundar, consideramos relevante impulsar este tipo de reflexiones dentro y fuera de la organización, como una forma de seguir apostando a la incidencia y construcción ciudadana y colectiva que permitan fortalecer las acciones desde el Estado, a través de sus instituciones y políticas públicas, en aras de lograr que un futuro digno y sostenible para todas las personas sea posible.
* Natalia es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico
