De todas las enormidades que ha dicho López Obrador en su circo mediático mañanero quizás la más insidiosa haya sido esta frase: “Que no me vengan a mí de que la Ley es la Ley”. El que lo haya expresado un Presidente de la República en funciones debería hacernos meditar del peligro que vivimos en México.

Las palabras del Presidente deben ponerse en un contexto político para ser entendidas en toda su magnitud. Lo primero que hay que decir es que se trata de un ataque a nuestro sentido del derecho y, por lo tanto, a nuestra idea de un orden constitucional. 

Es claro que López Obrador no entiende o no quiere entender el significado del constitucionalismo moderno. En su estudio clásico sobre el tema, “The Law of the Constitution”, A. V. Dicey llegó a la conclusión de que el Estado de Derecho es la esencia del constitucionalismo. El imperio del Estado de Derecho implica a su vez la idea de que se debe excluir como práctica humana el ejercicio arbitrario del poder. Como pilar del pensamiento liberal el constitucionalismo moderno no se puede concebir más que como un intento de establecer límites a la autoridad.

La Constitución mexicana tiene ciertamente esa intención cuando coloca en el centro la necesidad de la separación de poderes.

Este imperativo fundamental se ha mantenido en todas las encarnaciones de la Constitución. Y esto es cierto incluso en la última de ellas, promulgada en 1917, que agregó preocupaciones sociales a la base liberal de las constituciones de 1824 y de 1857. Como lo indicó la Ministra Norma Piña en su discurso reciente: la Constitución no es sólo un arreglo político, sino que contiene la aspiración de proteger y promover la dignidad humana. 

Hoy nuestra Constitución es la base dogmática, orgánica y legal que regula las relaciones sociales de los ciudadanos en la República liberal y democrática. En un sentido eminente, la Constitución otorga legitimidad al sistema político del que forma parte. 

En la tradición constitucional nacional, se han realizado constantes reformas a la Constitución con la pretensión para adecuarla a las realidades sociopolíticas de cada época. Esto difiere de lo ocurrido con la Constitución estadounidense que es mucho más rígida y ha sido enmendada en muy pocas ocasiones en sus casi 250 años de existencia. Pero a pesar de todos estos cambios que se han hecho, siempre se ha mantenido el pilar liberal de la separación del poder con el fin de limitarlo a partir del imperio de la Ley.

Hoy, sin embargo, está base liberal y republicana se encuentra por primera vez puesta en cuestión desde el poder presidencial. Este asalto es doble: por un lado, el Presidente, al no tener una mayoría de las dos terceras partes en el Congreso de la Unión para enmendar la Constitución, ha recurrido a la argucia de cambiar leyes secundarias utilizando la mayoría simple. El problema es que muchas veces las nuevas leyes secundarias se encuentran en conflicto con el texto y el espíritu de la Constitución, como lo ha sentenciado el Poder Judicial de nuestro país en más de una ocasión. Fue el caso, sin duda, de la Ley Energética y lo será también de las nuevas leyes electorales (el llamado Plan B).

Por otro lado, el Jefe del Ejecutivo se encuentra – incluso antes de llegar al poder – en una una cruzada permanente para minar la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Federación. No sólo su ataque es mediático, sino que ha intentado doblegar la autonomía de esta rama del poder federal al colocar a ministros que siguen sus dictados, vulnerando la independencia judicial. Sin embargo, la reciente elección por sus pares de una Jueza independiente de los designios del Poder Ejecutivo como su presidenta, hace pensar que López Obrador está perdiendo esta batalla por el control del Poder Judicial de la Federación. Aún así el riesgo para México de tener a un Presidente que descree del Estado de Derecho es enorme.

Al tiempo que celebramos otro aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, es necesario considerar su relevancia para la convivencia civilizada y reconocer la importancia de defenderla contra sus enemigos, sean quien sean y al costo que fuese.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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