Guanajuato escaló oficialmente a los primeros lugares en localización de fosas clandestinas tras los hallazgos en Salvatierra, Cortazar y Acámbaro realizados entre los meses de octubre y diciembre de 2020.
Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El tema de las fosas clandestinas en Guanajuato era una bomba que tarde o temprano le iba a explotar al Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El problema se ocultó, las instituciones de justicia estatales se negaban a reconocer el fenómeno al no clasificar estos hallazgos.
La entidad gobernada desde hace dos décadas por el Partido Acción Nacional (PAN), en pocos meses pasó de estar con “cero fosas”, en febrero de 2020, a ser el segundo estado a nivel nacional con mayor número de hallazgos de inhumación clandestina.
Colectivos de búsqueda y académicos ya habían denunciado constantemente la presencia de fosas en esa entidad, pero las instituciones de Gobierno lo negaban, incluso, un estudio realizado por académicos de Guanajuato reveló que en aquella entidad la localización de fosas data desde mucho tiempo antes, al menos desde el 2009.
Fue el 24 de septiembre de 2020 cuando la tragedia no se pudo esconder. Un grupo de familiares de personas desaparecidas y colectivos, acompañados de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), localizaron fosas en la Presa el Pionero, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Fue la primera vez que quedó sentado oficialmente el hallazgo de una fosa clandestina.
En octubre y noviembre, vinieron los hallazgos en los municipios de Salvatierra y Cortázar. Finalmente, en enero la Comisión Nacional de Búsqueda, al presentar el informe anual, confirmó el hallazgo de al menos 103 fosas y la exhumación de al menos 204 cuerpos en Guanajuato, tan sólo en los últimos meses de 2020; sin contar la fosa de Presa el Pionero.
Frente al reconocimiento del problema, ahora los colectivos de personas desaparecidas temen que se venga otro conflicto: que Guanajuato no tenga la suficiente capacidad para resguardar los restos encontrados y que –como lo ha mostrado la experiencia en otros estados– las personas a las que pertenecían esos restos y sus familiares sean víctimas de lo que ellos llaman una “triple desaparición”.
LAS FOSAS
En México se localizaron al menos 559 fosas clandestinas durante el año 2020, de las cuales, se exhumaron al menos mil 86 cuerpos, de acuerdo a la información que dio a conocer la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Las entidades federativas que concentran el mayor número de cuerpos recuperados son: Jalisco, con un total de 433 cuerpos, (42.96 por ciento); Guanajuato, con 204 (20.23 por ciento); Colima, con 89 (8.83 por ciento); Michoacán, con 73 (7.24 por ciento) y Zacatecas, con 60 (5.95 por ciento).
Los hallazgos de las fosas clandestinas en Salvatierra, Cortazar y Acámbaro, realizados entre los meses de octubre y diciembre de 2020, catapultaron a Guanajuato a posicionarse oficialmente entre los cinco primeros lugares con el mayor número de fosas clandestinas localizadas, según explicó la CNB.
Sin embargo, colectivos de búsqueda y organizaciones de la sociedad civil consideraron que el número presentado por las autoridades es modesto y la cifra tanto de fosas como de cuerpos podría ser mucho mayor.
“Ha sido un proceso muy difícil, nosotras como colectivos ya sabíamos que en el estado de Guanajuato hay muchas fosas clandestinas. Ahora que salió el informe de la licenciada Karla Quintana, que había 200 seres humanos sin vida encontrados ahí, sí suena muy fuerte la cifra, pero no es una cifra real; o sea para ellos sí, para la CNB, pero sabemos de fosas que la Fiscalía estatal ha estado trabajando y que no da información a la ciudadanía, que ellos se encargan del exhumar los cuerpos y se quedan con estos datos”, dijo a Sin embargo, Bibiana Mendoza, representante del colectivo Hasta Encontrarte en Guanajuato.
El “Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato” da cuenta sobre hallazgos durante el periodo de enero de 2009 a julio de 2020. El documento expone que, de acuerdo con reportes de prensa, en ese lapso se observaron 109 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 268 cuerpos de personas en 29 de los 46 municipios.
En noviembre pasado, mientras se localizaban las fosas en Acámbaro, el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo negó que su administración haya negado la existencia de fosas clandestinas.
“Nunca las hemos negado, de mi parte nunca las hemos negado nosotros promovimos la búsqueda, creamos un fondo para las familias, urgía, nombramos y hemos estado interesados es un episodio que tenemos que trabajar para que no se pueda repetir”, señaló el mandatario estatal, según publicó el medio Zona Franca.
No obstante, el estudio realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (PDH Ibero) y el Dr. Fabrizio Lorusso de la Universidad Iberoamericana León, evidenció que el Gobierno en la práctica sí negaba las fosas, pues en las solicitudes de información realizadas respondían que no había tales registros.
“En contraste con lo difundido en 2019 por autoridades federales y con lo que han estado reportando los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) no indican la presencia de fosas clandestinas en Guanajuato ni de registros adecuados según lo prevé la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, detalla el documento.
Y ejemplifica: “Respecto de la petición contestada por la FGE el 21 de octubre de 2019, solicitud 02686819, en la que se preguntaba por el número de fosas clandestinas y de cuerpos exhumados, la Unidad reiteró que no se contaba con casos o registros bajo dichos parámetros en el estado, es decir que no había registro de fosas clandestinas, aunque reiteró la presencia entre 2015 y septiembre de 2019 de 20 cuerpos de personas enterrados en la entidad, sin dar a conocer su ubicación, misma que no está asentada en una base de datos, sino solamente en las carpetas de investigación de cada caso”.
Además, la falta de reconocimiento de fosas por parte de Gobierno de Guanajuato se podía observar en los datos que presentaba la Comisión Nacional de Búsqueda el año pasado sobre el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, pues en el informe publicado en febrero de 2020 por el subsecretario Alejandro Encinas, se muestra que Guanajuato reportaba “cero” hallazgos de fosas clandestinas”.
Bibiana Mendoza, quien busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete, desaparecido el 8 de enero del 2018 en Irapuato, reiteró que el proceso para que se reconocieran las fosas fue complicado.
“Como colectivos empezamos a ir al Congreso del Estado desde marzo del 2020 y ahí nosotros les pedíamos que incluyeran en la Ley el término de fosas clandestinas, porque como no había un término, cuando ellos encontraban un cuerpo enterrado o más cuerpos enterrados, ellos nos decían que las fosas no existían. Trataron de ocultar todo esto con discursos como: `no existe ese término´, ´no sé de qué me hablas porque las fosas no existen´. Me acuerdo que una vez la Fiscal de Irapuato dijo: ´pues te pones a inventar términos que para mí en la ley no existen. Y si no existe en la ley no tengo porque reconocerte nada´. Luego a mediados de año y alguna diputada fue la que dijo que allí se debe incluir en la ley”, recordó.
La buscadora externa que ahora, frente al reconocimiento del problema, temen que las autoridades no tengan suficiente capacidad para resguardar los cuerpos localizados y procesar los restos, así como una identificación forense eficaz.
Explicó que los familiares de personas desaparecidas en Guanajuato temen que en esa entidad ocurra lo mismo que ha pasado en otras: que algunos cuerpos sean enterrados o no sean entregados a sus familiares o que se hagan entregas equivocadas.
“A nosotros nos preocupa mucho el tema, porque conocemos otros estados que cuando las instituciones se veían rebasadas, cuando ya no tenían donde meter a personas difuntas en Semefos, las volvían a desaparecer. Las enterraban sin avisarle a nadie, sin un número de expediente; a eso nosotras le llamamos “triple desaparición”, es decir, que primero los desapareció la delincuencia, luego la falta de interés de las autoridades y, cuando los encentraban, los volvían a enterrar sin dar explicaciones a nadie. Entonces tenemos mucho miedo de que en el estado de Guanajuato llegue a pasar eso”, detalló.
Mendoza destacó que los colectivos sienten que tienen la labor de dar seguimiento al procesamiento de las fosas y exigió que las autoridades les permitan a las familias participar tanto en los procesamientos como en los procesos de identificación forense para poder vigilarlos.
“Yo creo que es importante que, aunque sea una persona de cualquier colectivo, vaya y audite el trabajo, porque confiamos más en nosotros las familias y que en las mismas autoridades”, dijo.
DESAPARECIDOS
Guanajuato también se ubica entre los cinco estados con el mayor número de reportes de personas desaparecidas entre el periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2020, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda que arrojan un total de 37 mil 808 personas reportadas como desaparecidas en el lapso en mención.
De acuerdo con la dependencia, en ese periodo se han localizado el 56.4 por ciento, de las cuales, 19 mil 696 mil se hallaron con vida y el 8 por ciento (mil 70) personas sin vida, aunque, las estadísticas de localizados no detallan o precisan si esas localizaciones son de las personas reportadas en el periodo en mención o si son de casos rezagados, es decir, previo a diciembre de 2018.
Los estados con el mayor número de reportes de desaparecidos (entre diciembre de 2018 a diciembre de 2020) son: Jalisco con 3 mil 724 (22.62 por ciento); Tamaulipas, 1 mil 287 (7.82 por ciento); Guanajuato, con 1 mil 252 (7.60 por ciento); Ciudad de México, con 1 mil 228 (7.46 por ciento) y Sonora, con 1 mil 227 (7.45 por ciento).
VIOLENCIA EN GENERAL
Guanajuato, el estado más violento de México, ha sido gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) por casi 29 años. Durante la última década, los gobiernos dejaron crecer las redes de criminalidad y corrupción que permitieron el desarrollo, expansión y fortalecimiento de grupos de la delincuencia organizada que hoy tienen en jaque a la entidad, según han dicho a Sin embargo especialistas en seguridad.
Fue a partir del año 2018, el último de Miguel Márquez Márquez como Gobernador, cuando la violencia se disparó. Los homicidios dolosos crecieron 140.68 por ciento con respecto al año anterior inmediato (2017). En el año 2020, la violencia homicida creció al menos 26.83 por ciento en el Bajío, con respecto al 2019, de acuerdo a las cifras oficiales.
La crisis de inseguridad ha sido adjudicada a la guerra entre el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cargo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Sin embargo, para analistas como el periodista Ricardo Ravelo, especialista en temas del crimen organizado, otro punto que denotó el conflicto es “el golpe que el Gobierno federal dio a las redes de huachicol en enero de 2019” cuando inició su estrategia denominada “Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de combustibles”.
Pero “El Marro” no sólo era perseguido por el Gobierno, también por su rival, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también le seguía los pasos.
Luego de una “cacería” que había emprendido el Gobierno federal desde meses anteriores, donde incluso hubo operativos fallidos, finalmente José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fue detenido finalmente la madrugada del 2 de agosto junto con al menos ocho colaboradores, según informó la Secretaría de la Defensa de México.
Sin embargo, la captura del líder criminal no impactó en materia de violencia. De acuerdo con las cifras, en el mes siguiente de su detención, los homicidios crecieron en esa entidad.
El medio especializado en crimen organizado Insight Crime alertó desde agosto pasado que el arresto de Yépez Ortiz, aunque puede significar una diferencia a corto plazo en el estado, sin embargo, la dinámica que subyace a la violencia en Guanajuato no gira en torno a un solo hombre.
“Si bien la violencia en el estado aumentó en un principio debido al señuelo del robo de petróleo, existen otras economías criminales que también juegan un papel importante. […] Esta captura, sin embargo, amenaza con deshacer los progresos hechos contra el robo de petróleo y quizá no logre sofocar la violencia en el estado que por mucho tiempo ha sido el más violento del país”, advertía y publicó desde entonces el portal.
