La devastación del río Santiago es evidente al recorrer lugares como las cascadas que dividen a los poblados de El Salto y Juanacatlán, o la presa El Ahogado, donde montículos de espuma blanca cargada con sustancias tóxicas han derivado en una epidemia de mortandad cuya magnitud no ha podido ser determinada con precisión, ante la falta de estudios técnicos en materia de salud pública.
Por Manuel Hernández Borbolla
Jalisco, México, 7 de febrero (RT).- En el poblado mexicano de El Salto, en el estado de Jalisco, es muy difícil encontrar a una persona que no tenga un amigo o familiar que padezca insuficiencia renal crónica.
Una epidemia mortal que, de acuerdo con algunos habitantes de la región, podría catalogarse como un “genocidio” y crimen de Estado, provocado por la contaminación industrial de un río con la complacencia y complicidad de las autoridades.
RT visitó la zona y platicó con personas que relataron sus historias.
“ACTITUD DE GENOCIDIO”
“En el Estado en su conjunto, en los tres niveles de Gobierno y en los tres poderes, ha habido una actitud de genocidio”, dice Graciela González, activista de la organización Un salto de vida, conformada en 2005 y que busca crear conciencia sobre las afectaciones generadas por las descargas industriales en el Río Santiago, considerado como “el más contaminado de México”.
Graciela pone como ejemplo de esta situación la manera en que el Gobierno de Jalisco ocultó, durante casi una década, un informe que documentaba cómo los niños de la región entre 6 y 12 años tenían en su organismo altas concentraciones de metales pesados como benceno, cadmio, plomo y mercurio.
Pero lejos de remediar la situación, la Comisión Estatal del Agua en Jalisco decretó una reserva a dicho informe, pese a ser realizado con recursos públicos, para evitar que el tema se convirtiera en un escándalo político que pudiera perjudicar las ganancias de aproximadamente 20 mil millones de dólares anuales que genera el corredor industrial ubicado en El Salto.
“Eso a mí me tiene muy molesta, muy enojada, saber que ese estudio se hizo, que tiene repercusiones muy importantes en la salud de nuestros jóvenes y que, con la cintura en la mano, lo escondieron. Hasta ahorita yo quisiera que fueran a la cárcel quienes tomaron esa decisión”, agrega la activista.
La devastación del río Santiago es evidente al recorrer lugares como las cascadas que dividen a los poblados de El Salto y Juanacatlán, o la presa El Ahogado, donde montículos de espuma blanca cargada con sustancias tóxicas han derivado en una epidemia de mortandad cuya magnitud no ha podido ser determinada con precisión, ante la falta de estudios técnicos en materia de salud pública.
Sin embargo, algunos informes realizados en la última década han logrado documentar el alto nivel de exposición a químicos tóxicos en el que se encuentran viviendo los habitantes de El Salto y las comunidades asentadas a orillas del río Santiago.
En 2011, un informe del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua indicó que las empresas de la región arrojan al río “un total de 507.5 toneladas de contaminantes convencionales diariamente”, y que aproximadamente el 94 por ciento de las compañías incumplen con la normativa en materia ambiental.
Pese a ello, las sanciones han sido mínimas, debido a la protección que históricamente ha recibido el sector industrial por parte de distintos niveles de gobierno, con la justificación de la creación de empleos. Una política que ha generado la maximización de ganancias para las empresas mientras los ecosistemas y la gente padecen los estragos de la contaminación.
Pero a diferencia de lo ocurrido con el derrame de 40 millones de litros de ácido de sulfato de cobre en el río Sonora, considerada la mayor catástrofe ambiental en la historia de México, el ecocidio del río Santiago ha sido promovido por algunos como sinónimo de “progreso”.
“El costo del progreso es muy alto, porque primero se murieron los peces y luego los árboles, y ahora se está muriendo la gente. En este pueblo la gente muere antes de tiempo, eso es muy grave, no tiene precio. El río vale más que todas las empresas”, sostiene Enrique Enciso, esposo de Graciela. “El costo lo ha pagado la gente y los beneficios lo reciben unos pocos”, señala.
La familia de Enrique y Graciela tuvo que dejar su hogar en El Salto durante un tiempo, tras varios actos de hostigamiento y haber recibido amenazas por su activismo en contra de la contaminación industrial.
“Que nos dejen de matar. Ese es el primer freno más urgente y doloroso para nuestro pueblo”, dice Sofía, la hija de ambos, quien a través del activismo busca que sus hijos pequeños vean al poblado de El Salto “no como el monstruo, sino como la vida”.
Pero el problema no se limita únicamente al estado de Jalisco, ya que el caudal del río Santiago proviene del Lago de Chapala, el más grande del país y uno de los más contaminados, el cual recibe aguas residuales y agroquímicos vertidos en regiones alejadas en el centro del país, incluyendo el río Lerma, otro afluente de agua donde se descargan tóxicos de localidades asentadas en el Estado de México. Tres cuerpos de agua altamente contaminados que forman una misma cuenca hidrológica conocida como Lerma-Chapala-Santiago.
EPIDEMIA TÓXICA
Algo que salta a la vista al recorrer la región es la gran cantidad de jóvenes menores de 30 años de edad que padece insuficiencia renal crónica de manera “atípica”.
En tan solo una extensión de terreno no mayor a dos cuadras, conversamos con tres jóvenes que presentaron esta enfermedad a pocos metros del centro de Juanacatlán.
Miguel Ángel Baltasar lleva siete años esperando un trasplante de riñón. Asegura que comenzó a sentir un cansancio extremo y debilidad que le provocaban desmayos. Cuando acudió al médico le diagnosticaron insuficiencia renal, lo que significa que los riñones dejan de funcionar con normalidad. Los pacientes de dicha enfermedad son tratados mediante diálisis, proceso que limpia la sangre de toxinas de manera artificial, el cual puede resultar doloroso y con un alto costo.
Estas son las voces de algunos de los cientos de enfermos que dejaron los 10 años que el Gobierno mexicano encubrió el envenenamiento del río Santiago por parte de empresas transnacionales pic.twitter.com/6h4vVGGcjx
— RT en Español (@ActualidadRT) January 30, 2020
“Es difícil porque te cambia todo tu entorno”, señala Miguel Ángel, cuyos riñones no se desarrollaron y se quedaron pequeños. Una situación en la que se encuentran al menos ocho personas que él conoce.
“Varios compañeritos están en mi situación, les ha pasado lo mismo. Hemos llegado a la conclusión de que sí puede ser la contaminación”, agrega.
A pocos metros, vive José Francisco Tavárez, de 25 años, quien también padece insuficiencia renal. Su madre murió del mismo padecimiento cuando él fue diagnosticado, hace cuatro años. Se realiza diálisis tres veces a la semana, en un proceso que dura alrededor de cuatro horas, lo que le dificulta conseguir empleo, a pesar de contar con estudios técnicos de electromecánico. Sobrevive “haciendo rifas o a veces pidiéndole a la gente”.
“Mi mamá falleció también de esto y fue lo más doloroso”, relata.
Una calle más arriba vive Emilio Alejandro, de 23 años, a quien tampoco le crecieron los riñones. Comenta que además de los otros dos casos, había otro joven en la misma cuadra que padecía insuficiencia renal, pero murió hace dos años. Tras cinco años en espera de un donante de riñón, Emilio cuenta que “de ir en el lugar 1.580” va “ya en el lugar 1.012”, por lo que todavía tomará un tiempo para que pueda recibir un trasplante en los centros de salud pública.
Historias similares se encuentran en toda la región, como ocurre también en la localidad de El Salto.
José Villaseñor Torres, de 23 años, recibió un trasplante de riñón tras haber recibido tratamiento por diálisis, después de padecer una peritonitis, es decir, una infección que suele presentarse en los pacientes de sufren insuficiencia renal. Como consecuencia del fuerte antibiótico, quedó prácticamente sordo. Cuenta que de niño tenía contacto permanente con los tóxicos presentes en la espuma del río.
“Cerca del río se enferma mucho la gente, de eso. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito. Abrían las compuertas y en todo El Salto había un voladero de espuma. Entonces nos agarrábamos jugando con la espuma y nos la embarrábamos. Con toda esa toxicidad que teníamos en las manos —éramos chicos y no sabíamos— íbamos a comer así, con las manos. Quizá sea eso”, cuenta José, quien conoce al menos 10 personas cercanas con insuficiencia renal.
Josué López ronda los 30 años de edad. Al igual que José, lleva un cubrebocas en el rostro, pues a pesar de que recibió un riñón hace cinco años, toma medicamentos que reducen los anticuerpos con el objetivo de que su propio sistema no ataque el órgano trasplantado. Una situación que, al mismo tiempo, provoca que los enfermos de insuficiencia renal sean más propicios a padecer otras infecciones comunes como gripe.
“Toda la enfermedad es dolor, física, emocional. Mucho dolor”, señala Josué, quien tampoco encuentra trabajo y por ello vende cerveza de raíz cerca de la plaza principal de El Salto. “Yo le echo la culpa al río, aparte que tenemos la basurera y el corredor industrial. Vivimos en un foco de infección muy alto”, apunta.
NO HAY ESTUDIOS
Victor Manuel Martínez es el único médico nefrólogo, especialista en riñones, de El Salto. Tiene un consultorio privado y trabaja también en el servicio de trasplante en el Centro Médico Nacional de Occidente.
“El número y la tendencia con la que se ha presentado en los últimos años el incremento en los casos es alarmante”, reconoce el médico, quien, sin embargo, pone énfasis en que no existen estudios suficientes en la región como para determinar con precisión las causas de esta alta incidencia de enfermedades renales.
Un problema que el gobierno estatal pretende resolver con la creación del primer Registro de Enfermedad Renal Crónica en el país, para documentar a detalle los casos que no son registrados en los hospitales.
“La causa número uno de insuficiencia renal crónica en el mundo es la diabetes. Y en Jalisco, la mayor cantidad de pacientes que llegan a trasplantarse no son diabéticos, y la causa es desconocida”, explica.
Sin embargo, a nivel estatal, la cantidad de enfermos por insuficiencia renal crónica en Jalisco se ha convertido en un caso de estudio a nivel global, ya que solo esta región del occidente de México supera los casos registrados en otros países.
En 2016, Jalisco ocupó el tercer lugar a nivel mundial en casos de enfermedades renales terminales, solo por debajo de Taiwán y EE.UU., de acuerdo con un informe del Sistema de Datos Renales de EE.UU. (USRDS, por sus siglas en inglés). De este modo, este estado mexicano supera a otros países asiáticos con una alta actividad industrial, como Tailandia, Singapur, Corea del Sur y Japón.
Pero aunque las causas de los altos padecimientos de insuficiencia renal por la contaminación del río Santiago no está debidamente documentada y reconocida por las autoridades de la salud, la presencia de metales pesados podría estar en el origen.
“Si tú ingieres agua con metales pesados puede haber acumulación en varios órganos, que puede ser el riñón, y causar inflamación general dentro del riñón”, explica el doctor Martínez.
De ahí la relevancia de que la Comisión Estatal del Agua haya mantenido oculto durante varios años el hecho de que prácticamente todos los niños de El Salto, y sus alrededores, registraran altos niveles de metales pesados en su organismo. Un estudio que, paradójicamente, era desconocido por la Secretaría de Salud estatal, según consta en la respuesta de dicho organismo a las solicitudes de información realizadas por la organización Un salto de vida.
POLÍTICAS CONTRADICTORIAS
Desde las campañas electorales de 2018 y el inicio de su gestión, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha señalado que la remediación del río Santiago es prioridad de su administración.
“No se trata nada más de apretar tuercas, se trata de darles herramientas para que puedan hacer las obras que se requieren, para evitar que sigamos lastimando el medio ambiente de nuestro estado. Ese es mi compromiso porque va a ser una acción de largo plazo, de largo aliento y no traigo varita mágica, no le puedo hacer así y arreglar el río. Nos va a llevar tiempo”, dijo Alfaro, durante su primer acto como Gobernador, realizado el 7 de diciembre de 2018.
A la fecha, el Gobierno de Jalisco asegura haber tomado medidas como la creación de un Registro Estatal Único de Descargas y Aportes Contaminantes, la elaboración de programas de ordenamiento ecológico, así como 358 visitas de inspección, ocho sanciones y 11 clausuras a empresas contaminantes, además de brindar servicios de atención médica en las localidades asentadas a orillas del río, donde viven casi un millón de personas.
Vamos aclarando las cosas. Ahí les va un mensaje y una invitación abierta sobre el #RíoSantiago, uno de los temas más importantes para Jalisco. Date unos minutos y escúchalo: pic.twitter.com/lKkJtKZdSo
— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 3, 2020
El Gobierno estatal también reconoció que sus antecesores ocultaron el informe sobre presencia de metales pesados en niños, según informó en un comunicado.
Pero a pesar de los efectos que la contaminación del río ha causado en los pobladores de Jalisco, el Gobierno de Nayarit, estado vecino donde desembocan las aguas contaminadas del río Santiago, pretende realizar una obra de ingeniería conocida como el Canal Centenario, para utilizar dicho afluente para riego agrícola, según una manifestación de impacto ambiental en poder de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal.
Tras años de abandono, dicho proyecto busca ser continuado por el Gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un hecho que ha provocado el temor de las comunidades indígenas, de las etnias wixárika y naya, que dependen del caudal de sus ríos para sobrevivir.
“Es llevar agua contaminada de un río a otro río limpio, San Pedro Mezquital. Eso ni nos parece justo ni es necesario. Son intereses, no sé si políticos o intereses económicos que van a afectar a los pueblos de esta cuenca, en lugar de beneficiarlos”, explica Julián López, habitante de la comunidad indígena Mesa del Nayar, quien viajó ocho horas a pie, tres en bote y 11 horas en autobús para manifestar su preocupación ante la Semarnat, durante una reunión realizada en enero en la capital del país.
Y mientras las autoridades gubernamentales aseguran haber tomado medidas para atender la catástrofe, los habitantes de El Salto y sus alrededores siguen luchando para sobrevivir al exterminio cotidiano impuesto por intereses económicos de empresas que prosperaron en México en las últimas décadas, gracias a los acuerdos de libre comercio y el impulso del modelo neoliberal.
