El juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva al STPRM para evitar entregar información a un particular sobre convenios o apoyos que firmaron con Petróleos Mexicanos (Pemex) a partir de 2013.
“Queremos denunciar ante la opinión pública que no nos parece esta decisión [del juez]. Parece que hay una colusión entre Pemex y el sindicato de Romero Deschamps, aún ahora que el director es de otro partido, pero parece que siguen en lo mismo”, dijo a SinEmbargo Víctor Manuel Jacobo Domínguez, trabajador petrolero del grupo disidente Innovación Sindical de la sección 10 en Minatitlán.
Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– Una jueza federal ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) frenar la entrega de información sobre los convenios que firmó con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Víctor Manuel Jacobo Domínguez, trabajador petrolero del grupo disidente Innovación Sindical de la sección 10 en Minatitlán, Veracruz, dijo a SinEmbargo que la resolución del juez parece una “burla” hacia la lucha que han emprendido en contra de Romero Deschamps.
La limitación para obtener estos datos destaca porque sobre el líder del sindicato petrolero pesa al menos una demanda por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Queremos denunciar ante la opinión pública que no nos parece esta decisión (del juez). Parece que hay una colusión entre Pemex y el sindicato de Romero Deschamps, aún ahora que el director es de otro partido, pero parece que siguen en lo mismo”, explicó Jacobo Domínguez.
El trabajador mencionó que apenas ayer se enteraron de la resolución del juzgado a través de grupos de WhatsApp que tienen los petroleros disidentes.
El miércoles, el juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva al STPRM para evitar entregar información a un particular sobre convenios o apoyos que firmaron con Petróleos Mexicanos (Pemex) a partir de 2013.
Esos convenios, explicó el petrolero, son tres y agravian directamente a Pemex porque involucran al líder sindical en desvíos:
“Hay tres convenios que son públicos ya, en donde la Auditoría Superior de la Federación le mandó desde 2013 el exhorto para que los transparentara porque nunca los transparentó, son como mil 500 millones de pesos. El agraviado en esos convenios es Pemex y está callado, no dice nada. Si Pemex no denuncia al sindicato, pues ellos seguirán haciendo lo que quieren”, señaló.
El Juicio de Amparo 42/2019, con fecha del 24 de enero de 2019, promovido por el STPRM, le concede al sindicato de Romero Deschamps una suspensión definitiva para transparentar esa información y en momentos en que se está cuestionando la toma de nota de su secretario general.
La suspensión definitiva fue avalada por la jueza Blanca Lobo Domínguez y abarca todo tipo de información que tenga que ver con convenios o apoyos económicos que el sindicato haya recibido por parte de Petróleos Mexicanos.
Apenas ayer, trabajadores petroleros disidentes acudieron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República, en compañía de sus abogados, para ratificar la denuncia en contra del líder STPRM, Carlos Romero Deschamps y sus hijos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos.
Miguel Arturo Flores Contreras, dirigente del grupo disidente Petroleros Activos en Evolución (PEA), dijo a SinEmbargo que su movimiento acudió ayer a la SEIDO “para darle el impulso” a la denuncia penal que interpuso en octubre de 2016 contra el líder petrolero y sus hijos.
“Fue para darle seguimiento a las investigaciones que se están llevando a cabo con base en esta denuncia contra Carlos Romero Deschamps, el Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los 36 secretarios generales, familiares, y prestanombres de ellos, por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, fraude, enriquecimiento ilícito inexplicable, extorsión y lo demás que resulte”, dijo en entrevista vía telefónica al salir de las instalaciones en la Ciudad de México.
El trabajador petrolero aseguró a nombre de su movimiento que confían en que esta denuncia, a diferencia del carpetazo en el sexenio pasado, se llevará a sus últimas consecuencias.
Sobre el robusto expediente presentado desde 2016 a la entonces PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Flores dijo a la prensa a fuera de la SEIDO que “durante el gobierno anterior las indagatorias se llevaron a cabo de manera lenta y a veces omisa al no desahogar las pruebas ofrecidas hace más de 1 año y medio”.
Jorge Fuentes García y Aarón Hernández Jarillo, de la Gran Alianza Petrolera, interpusieron una denuncia penal en el expediente 2017116FUGJFA ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Carlos Romero Deschamps, por su presunta relación con las tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Los trabajadores petroleros disidentes entregaron el documento a la FGR el 17 de enero dirigido al Fiscal Alejandro Getz Manero, y les pidieron ampliar la solicitud en la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Dentro de la red de huachicol también denunciaron a los líderes sindicales de las secciones 1, 11, 15, 24, 34, 35, 36, 40 y 44 de Cd. Madero, Tamaulipas, Nanchital, Veracruz, Ciudad Mendoza, Veracruz, Salamanca, Ciudad de México, Tula, Monterrey, Puebla, y Villahermosa del STPRM, respectivamente.
En noviembre de 2016, Petroleros Activos en Evolución solicitaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la expulsión de Carlos Romero Deschamps de sus filas partidistas, y luego acudió ante la Seido. La denuncia menciona los yates “El Indomable” y “El Guly” que poseen sus hijos Paulina y Alejandro, que están anclados en Cancún, Quintana Roo, paraíso donde el líder sindical posee un departamento.
