Desde este miércoles, organizaciones civiles, periodistas y académicos empezarán una labor de acompañamiento y supervisión de lo que se haga en Congreso sobre Publicidad Oficial. El plazo que la Suprema Corte fijó a los legisladores para que elabore las leyes en esta materia se cumplió y, como consecuencia, el tema se ubica como uno de los que tendrán prioridad en la agenda legislativa, especialmente en el contexto electoral que vive el país.
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Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- Más de 85 organizaciones civiles, periodistas y académicos se pronunciaron este día en el Senado de la República a favor de una regulación de la publicidad oficial en tiempo y forma, tal como lo estipuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Señalaron que no basta con que el tema figure dentro de las prioridades de la agenda legislativa, pues el objetivo es elaborar una ley hecha con los más altos estándares internacionales en materia. Todo bajo un esquema de transparencia que permita darle seguimiento y contemple la participación de los actores involucrados.
Unas horas después del evento, en el Senado se dio lectura a la sentencia de la Suprema Corte y se turnó a las Comisiones Unidas las iniciativas. Además se emitió una excitativa en el Pleno. Ese procedimiento es un exhorto que realiza la Mesa Directiva de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión a una o varias comisiones, según sea el caso, para que agilicen la presentación del dictamen sobre algún asunto legislativo que les haya sido turnado previamente y cuyo plazo para ser dictaminado haya vencido o esté por vencer.
Con esta especie de prórroga, si transcurre el plazo y, en su caso, la prórroga, sin que se emita dictamen, los senadores pueden solicitar al presidente se excite nuevamente a las comisiones a hacerlo; el Presidente establece un nuevo plazo de diez días hábiles para dar cumplimiento a la excitativa.
Antes de que termine el plazo, el Presidente debe avisar a las comisiones que el plazo está por terminarse. Si el dictamen correspondiente a las iniciativas no se presenta cuando ya haya transcurrido el plazo para dictaminar, se tendrá por extinguida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo.
Previamente, los representantes del gremio solicitaron a las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Senadores y Diputados, así como a las dictaminadoras, que consideren la firma de un acuerdo legislativo que defina con claridad la ruta de trabajo de los próximos 80 días con base en los principios de transparencia, pluralidad, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva.
“El día de hoy fenece el tiempo que el Poder Judicial señala al Congreso para iniciar los trabajos. Ya se enviaron tres notificaciones. De no hacerlo vendrá una multa, o la destitución del cargo de los responsables”, expresó Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19, y quien además recordó que esta es otra promesa que no cumple el Presidente Enrique Peña Nieto.
Justine Dupuy, Coordinadora del programa de publicidad oficial de Fundar, dijo que se trata de más de 85 organizaciones nacionales e internacionales, académicos y periodistas que firman el documento a favor de la regulación.
“Desde el sábado serán 80 días para legislar. Es importante tener las comisiones dictaminadoras trabajando pronto. Necesitamos el acuerdo para tener la ruta de trabajo.
Ochenta días es poco tiempo en un contexto electoral, así que mientras más días es mejor. Es importante para la vida democrática del país”, comentó.
Puso las cifras sobre la mesa: el gobierno federal ha gastado de 2013 a la fecha, 41 mil millones de pesos. En 2015, 11 mil millones a nivel estatal.
“Si no se avanza no habrá medios libres. Sin medios libres no hay combate a la corrupción, se debilita la rendición de cuentas, no se garantiza la equidad de la contienda electoral, se vulnera los derechos humanos y no se escucha las voces de todas y todos. Se necesita información objetiva y rendición de cuentas, evitando el uso discrecional, arbitrario y opaco de nuestros recursos. El tiempo apremia y la regulación de la publicidad oficial es aún pendiente del Congreso de la Unión”, agregó.
Son 10, los puntos que el colectivo insiste debe incluir la nueva ley, están:
1. La publicidad oficial no debe desaparecer.
2. Se requiere una Ley General que atienda a los tres niveles de gobierno.
3. Definir criterios de asignación basados en la idoneidad
4. Máxima publicidad de las autoridades como de los medios de comunicación, para contar con una rendición de cuentas eficaz y controlar el uso de la publicidad oficial.
5. Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating.
6. Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada.
7. La publicidad oficial debe ser siempre identificable.
8. Fomento a la pluralidad y a la diversidad.
9. Mecanismos de control eficaces
10. Uso racional de los recursos públicos.
Varios de esos puntos, señaló Aleida Calleja, ya vienen incluidos en varios artículos de la Constitución.
“La publicidad oficial no es un subsidio y tiene que ser un mecanismo de acercamiento del Estado con la sociedad. Debe ser transparente y debe fortalecer un sistema de medios plural y diverso”, agregó.
Esos puntos contemplan la declaración de conflicto de interés tanto de los medios como del estado para el otorgamiento de contratos.
La Senadora Marta Tagle hizo un llamado a la Comisión de Gobernación a poner ya las mesas de trabajo, ya que esta ley debe ser aprobada por ambas cámaras.
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