Cuidad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja con la Procuraduría de Seguridad de la República (PGR), en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa informó que han encontrado “irregularidades” y refuta las declaraciones que el Procurador Jesús Murillo Karam dijo el pasado 27 de enero sobre dicha investigación.
Los peritos argentinos insisten en que “no hay evidencia científica” para afirmar que hay una “verdad histórica” . Ellos han trabajado con las mismas evidencias que la Procuraduría y aún continúan el análisis de parte del material recogido en el basurero de Cocula.
El EAAF acusó que la PGR no los convocó cuando buzos de la Marina sacaron la bolsa con restos del Río San Cocula; les avisaron hasta que la bolsa ya había sido manipulada.
“El EAAF no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos que según la PGR, fue recuperada del Río San Juan, Cocula”. La PGR notificó cuando dicha bolsa ya se encontraba abierta y siendo analizada por peritos federales publicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en un comunicado.
“Un número importante de fragmentos aparentemente provenientes de esa bolsa, se encontraban ya expuestos sobre una lona. Entre ellos, se distinguía la muestra que culminó con la identificación del joven Alexander Mora Venancio por ser una pieza menos quemada y de mayor tamaño que las demás”, acusaron.
El equipo argentino ha solicitado en diversas oportunidades a la PGR la cadena de custodia de esta bolsa de restos que según indica la Procuraduría les fue entregado por buzos de la Marina, sin que por el momento se nos entregara copia.
Según la información ofrecida este sábado, en el basurero hay restos humanos que no son de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El EAAF señaló que localizó una prótesis dental con un fragmento de mandíbula que no corresponde a ninguno de los 43, porque ninguno de los jóvenes llevaba prótesis.
Además, los peritos señalaron que, a partir del análisis que hicieron de fotos satelitales y de los estratos de la tierra de ese lugar, se demuestra que en la misma zona del basurero donde la PGR dice que se hizo una gran hoguera para quemar a los 43, hubo “múltiples focos de fuego” diferentes y anteriores al 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron detenidos ilegalmente y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.
Para los argentinos las evidencias encontradas no niegan ni excluyen la versión oficial, pero tampoco la confirman porque los restos hallados ahí podrían ser consecuencia de cualquier fuego ocurrido en el lugar en los últimos cuatro años. Por eso piden “un mayor tiempo de análisis” de toda la información y restos recabados.
El EAAF consideró una “seria irregularidad” que la Procuraduría no les informara de una visita que hizo al basurero el 15 de noviembre en la que la PGR encontró 42 casquillos percutidos. En esa fecha, funcionarios dieron fe de que el lugar no estaba resguardado.
Y aunque el equipo alertó de esta situación y de los peligros que podía tener para la investigación que cualquiera pudiera entrar al basurero y afectar evidencias, que corren así el peligro de ser invalidadas en un juicio, el lugar permaneció sin vigilancia del 7 al 27 de noviembre.
Los peritos argentinos insistieron en la importancia de que les permitan acceder a la primera parte de la cadena de custodia de los restos humanos encontrados por autoridades mexicanas en el río y donde estaba el único hueso que ha podido ser identificado.
Otro problema de la investigación, según los peritos argentinos, es que la Procuraduría cometió errores al elaborar los perfiles genéticos obtenidos de la sangre de 16 familias para enviarlos al laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde se busca determinar si algunos restos corresponden a los de los estudiantes.
“Cabe señalar que en experiencia del EAAF, es inusual tener diferencias entre laboratorios de análisis de ADN en lo que se refiere a perfiles genéticos que emanan de muestras de sangre tomadas directamente a familiares, ya que el procesamiento de las mismas es sencillo”, según el comunicado.
Para sacar los perfiles genéticos, los argentinos usaron un laboratorio de Estados Unidos y la PGR los propios antes de enviar esos datos a Austria, que sólo ha identificado a uno de los estudiantes a partir de uno de los restos quemados y realiza nuevas pruebas a otros más.
El grupo de expertos pidió a la Procuraduría un encuentro entre peritos para confrontar las diversas teorías y que les permitan continuar su trabajo con las mayores facilidades.
El equipo de investigación consideró que no se debe cerrar el caso Ayotzinapa, “la investigación no puede darse por concluida toda vez que aún falta procesar una cantidad importante de evidencia tanto por los peritos de la PGR como del EAAF”. El análisis de los restos óseos llevará varios meses de trabajo, apuntó.
Los peritos de ambas instituciones aún deben examinar más de 100 cuadriculas adicionales.
La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados.
En opinión del EAAF, “los peritajes de PGR deben ser evaluados por peritos independientes, estableciendo su rigor científico. El envío de 20 perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes de desaparecidos de Ayotzinapa con problemas que no permiten su utilización, la interpretación del sitio del basurero como un solo evento de fuego cuando es posible comprobar que no los es, la recolección de evidencia fuera de los acuerdos de trabajo conjunto establecidos con el EAAF, el abandono de la custodia del basurero, sitio clave en la investigación de este caso, entre otros serias dificultades, así lo atestiguan”.
El equipo de peritos trabajando para el EAAF en la investigación de Ayotzinapa y casos conexos suman a la fecha 30 profesionales que provienen de los siguientes países: México, Argentina, Uruguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos de América, Francia y España. Dichos profesionales cubren las siguientes especialidades: antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística, criminalistas especialistas en fuego, genética forense, botánica y entomología forense.
Organizaciones activistas como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han cuestionado también la investigación oficial y mostraron su preocupación de que la tesis de la Procuraduría se base, fundamentalmente, en los testimonios de presuntos asesinos confesos.
