En un mundo con profundas desigualdades no es de extrañar que la adquisición de las vacunas contra la COVID-19 esté concentrada en las naciones ricas, logrando acaparar, en promedio, hasta tres vacunas por habitante. Mientras, en las naciones pobres se estima que se tendrá una vacuna por cada 10 habitantes, de acuerdo a un reporte elaborado por organizaciones civiles internacionales como Amnistía Internacional y Oxfam.

Disponer de las vacunas para las naciones pobres no sería problema si se les permitiera fabricarlas o que otras naciones lo hicieran y se las enviaran. De las vacunas ya aprobadas en varias naciones, la mayoría podría desarrollarse en un buen número de países, es decir, se trata de tecnología ya conocida, México lo podría hacer. Lo que impide que millones, cientos de millones y, podemos decir, miles de millones de personas puedan acceder en los próximos meses a las vacunas, son las patentes.

A pesar de que el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) había reconocido ya en 2001 que en el caso de las patentes, se permite que los gobiernos establezcan excepciones de los derechos de los titulares de patente en caso de emergencia nacional, las naciones sede de las grandes corporaciones farmacéuticas se han opuesto a reconocer ese derecho a las naciones para el uso de la vacuna frente a la COVID-19.

En mayo de 2007 se anunció que “el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió otorgar la denominada licencia compulsoria al medicamento contra el sida Efavirenz, producido por el laboratorio Merck y protegido por patente, de manera que pueda producirse en el país o ser importado en forma de genérico, después de que así lo recomendara el Ministerio de Salud. Desde que la Organización Mundial de Comercio abriera la puerta, en 2001, a que los países pudieran saltarse las patentes de los medicamentos en caso de crisis sanitaria, el caso no se había dado”.

El tema es de suma trascendencia cuando hablamos de una pandemia que ha puesto en profunda crisis a la salud pública y la economía global. ¿Cuál derecho debe prevalecer sobre cuál? ¿Es el derecho de una patente superior al derecho a la salud en una situación de emergencia global? Luciane Klein, abogada especialista en integración económica y ciencia, explica en un texto sobre el caso brasileño: “el debate se plantea alrededor de la colisión de derechos que suele ocurrir ante algunos casos en donde las facultades del titular de una patente se ven minimizadas en razón de la necesidad de un país de poner a disposición de sus nacionales, a un menor precio, medicinas patentadas que son empleadas para la lucha contra enfermedades endémicas”.

A pesar de los antecedentes, en octubre pasado, naciones europeas y los Estados Unidos bloquearon un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio que permitiría la fabricación de las vacunas a diversas naciones, una acción urgente para salvar millones de vidas. India, Sudáfrica, Kenia y Eswatini habían propuesto que se aceptara no aplicar temporalmente los derechos de patentes y se pudiera transferir la información necesaria para la producción de estas vacunas en varias naciones.

La postura de las naciones ricas impidió el desarrollo y producción de una cantidad mayor y a precio más bajo de pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas para la COVID-19. Es decir, los intereses económicos se pusieron sobre la salud y la vida de miles de millones de personas.

Para las farmacéuticas involucradas en el desarrollo de las vacunas que han sido aprobadas, la pandemia será el gran negocio de su historia, y para ello cuentan con el apoyo de sus gobiernos, los mismos que se opusieron a que pudiera aplicarse la excepción establecida y reconocida ya en la Organización Mundial de Comercio, sobre las patentes cuando se trata de emergencias nacionales. Es importante señalar que no hay empresas que tengan un mayor margen de ganancias que las farmacéuticas. Tan sólo en el 2019 las 10 farmacéuticas más poderosas registraron ganancias por 89,000 millones de dólares

El argumento de las farmacéuticas para mantener sus posturas, para defender sus patentes y establecer precios altos a sus productos, ha sido siempre: “hemos realizado multimillonarias inversiones en la investigación y desarrollo de este producto y debemos recuperarlas”. Este argumento ha sido rebatido en múltiples ocasiones a través de investigaciones que han demostrado que gran parte de esas investigaciones fueron realizadas en instituciones académicas con fondos públicos hasta muy avanzado el proceso para el desarrollo de los medicamentos.

Esto ha sido posible gracias a reformas legales impulsadas por estas corporaciones que les han permitido entrar en relación mercantil con los investigadores de instituciones académicas que reciben fondos públicos. Es decir, los salarios de los investigadores de instituciones académicas y los recursos invertidos para el desarrollo de sus descubrimientos provinieron de los impuestos de los ciudadanos. Ya avanzada esa investigación y cuando es evidente su uso y valor comercial, llega una gran farmacéutica a realizar un acuerdo económico atractivo para los investigadores. La farmacéutica toma el resultado de sus investigaciones, termina su desarrollo y lo patenta. De esta manera, lo que ha nacido en la esfera pública pasa a la esfera privada y los ciudadanos encuentran en el mercado un producto a muy alto precio y que puede ser vital para enfrentar una enfermedad, sin saber que fueron los recursos públicos, a los que ellos mismos contribuyeron, los que en gran medida permitieron su desarrollo.

Las patentes sobre productos que en su mayoría se han desarrollado con recursos públicos obstaculizan el acceso de la población a pruebas, tratamientos y vacunas. El sistema se resiste a flexibilizarse, incluso, en medio de una emergencia global. Mientras, vemos cómo las olas de la pandemia crecen y los hospitales de varias naciones del mundo han superado su capacidad para recibir a personas afectadas por la COVID-19. Tan sólo en nuestro continente, la mayor parte de las naciones latinoamericanas y amplias regiones de los Estados Unidos ya no tienen camas en sus hospitales para atender a las víctimas de la pandemia. Este fuerte repunte de la pandemia coincide con el inicio de la distribución profundamente desigual de las vacunas, con su acaparamiento por las naciones ricas. Y el escenario para los próximos meses y, posiblemente, para los próximos años, si no cambian las reglas del mercado de las pruebas, tratamientos y vacunas, mostrará la profunda injusticia y barbarie de esta civilización en crisis.

Mientras tanto, vemos la miseria de políticos y opinólogos aprovechándose de las circunstancias para atacar a sus contrincantes, para tener la atractiva nota amarilla, dejando de lado aspectos fundamentales, como el hecho de que tenemos toda la tecnología para desarrollar varias de las vacunas que han sido aprobadas, para hacerla llegar a nuestra población y de otras naciones del mundo que ahora están excluidas de la vacuna. Pero no, a las santas corporaciones no se les toca, hay que atacarnos entre nosotros, como cangrejos en una olla. Ese es el resultado del totalitarismo ideológico que impera.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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