El Presidente Enrique Peña Nieto mintió en su mensaje de Año Nuevo. Aseguró que el incremento en el precio de las gasolinas no fue por los impuestos, sin embargo, a raíz de la Reforma Hacendaria se aumentó el Impuesto Especial a Productos y Servicios en combustibles para compensar la radical caída en los ingresos petroleros. Eso le dio al Gobierno una ganancia por 220 mil millones de pesos. Este gravamen, sumado a la liberación del precio al comportamiento en el mercado mundial, desembocó en el «mega gasolinazo» con el que México inició el 2017. «¿Qué hubieran hecho ustedes?» para mantener el subsidio, cuestionó el mandatario. Un gasto eficiente que impulse el crecimiento económico, ajustar el gasto superfluo y combatir la corrupción, le respondieron expertos.
Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– «¿Qué hubieran hecho ustedes?», cuestionó en cadena nacional el Presidente Enrique Peña Nieto la noche del jueves, para enfrentar el gasto adicional por el subsidio a las gasolinas aplicado años antes. Su administración, dijo, optó por quitar precisamente este precio artificial al liberarlo al comportamiento del mercado global; realizar previamente un recorte al gasto del Gobierno por casi 190 mil millones de pesos; eliminar 20 mil plazas laborales y, además, reducir en 10 por ciento la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales.
Sin embargo, analistas y empresarios afirmaron que el Gobierno ha tenido cuatro años para arrancar las malas hierbas e impulsar medidas más eficaces.
Las «decisiones difíciles» que su Gobierno debió haber tomado durante este tiempo de gestión debieron ser, en el ámbito económico, un manejo disciplinado de las finanzas públicas (gasto eficiente correspondiente a los ingresos); ajustes al gasto corriente superfluo, así como implementar un plan de austeridad real que incluya desaparecer gastos en publicidad oficial y elecciones, y una disminución de los privilegios para los servidores públicos.
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En cuestiones políticas, añadieron, es necesario una reducción en la burocracia empezando con el numeroso sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex); combatir la corrupción, que implica pérdidas en inversión, y cumplir su promesa de campaña de eliminar 100 diputados de representación proporcional.
No fue así. La falta de estas acciones se reflejan en la depreciación pronunciada del peso; en el incremento de la inflación (precios de bienes y servicios), y el rápido ritmo de crecimiento de la deuda, factores que están frenando el crecimiento económico nacional.
«México enfrenta un momento único. El Gobierno de la República pide comprensión a los mexicanos, pero para pedir primero hay que dar», sentenció el sector empresarial.
México Evalúa acusó, en el estudio «Las dos caras de tu moneda», que durante la primera mitad de la actual administración, lejos de ser austera, ésta ha aumentado su gasto en Servicios Personales 8 por ciento en términos reales (o 29 mil 231 millones de pesos); mientras propone recortes a diversos programas sociales y proyectos de inversión en lo que va de 2016 y para el presupuesto 2017.
Ahora, tras días de protesta, la «molestia» de la ciudadanía por el súbito incremente de 20 por ciento en las gasolinas y diésel ha desembocado en seis muertos, un día de psicosis y cientos de detenidos durante las múltiples manifestaciones en varias regiones de México.
LA MENTIRA
El jueves por la noche, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó en un mensaje nacional que el ajuste en el precio de la gasolina «no se debe a la Reforma Energética ni tampoco a un aumento en los impuestos», sino a la recuperación de los precios internacionales del petróleo, insumo para producir combustibles.
Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y un estudio de la organización México Evalúa lo desmiente: gran parte del alza es por el porcentaje de impuestos en gasolinas aplicado en 2015 para compensar el derrumbe de los ingresos petroleros.
El sector empresarial criticó que, ante el desequilibrio fiscal entre gastos e ingresos públicos, el gobierno optó «por el camino más fácil» al elevar el Impuesto Especial a Productor y Servicios (IEPS) en la Reforma Hacendaria con el fin de recaudar mediante las ventas de combustibles.
El incremento de los ingresos tributarios (IVA e ISR) motivado por la Reforma Hacendaria, expone el informe de México Evalúa, no alcanzó para compensar la caída de los ingresos petroleros, que marcó los primeros tres años de la presente administración.
«Los ingresos petroleros cayeron 600 mil millones de pesos (59 por ciento en 2015 con respecto a 2012), principalmente por la caída de los precios internacionales del petróleo, pero también por una caída en la producción en México. Para compensar la caída de estos ingresos se utilizó el impuesto a las gasolinas. Antes de 2015, este impuesto tenía una tasa negativa, por lo que en realidad representaba un subsidio al consumo de estos bienes. Para 2015, la tasa fue positiva y, de esta manera, al cierre de 2015 el Gobierno Federal reportó ingresos por el nuevo impuesto a las gasolinas y el diésel por un monto de 220 mil millones de pesos. En consecuencia, ese año, el precio de las gasolinas en México fue mayor que en Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales», explicó Mariana Campos, autora del estudio y especialista en gasto público.
En entrevista, la economista y experta en políticas públicas, añadió que el Gobierno debería adoptar programas como el de Estados Unidos donde el dinero recaudado por el IEPS se va a un fondo para hacer carreteras y proyectos de transporte público sustentable.
«[Se debería dar] un fin específico al IEPS para que la gente sintiera el beneficio obtenido a cambio de este duro impuesto», dijo Campos.
Ese impuesto de IEPS ya existente desde 2015, sumado al cambio de fórmula en el precio por la liberación al mercado mundial realizado este año se tradujo «en un incremento desproporcionado en el precio de los combustibles», determinó la Coparmex.
Gustavo De Hoyos Walther, dirigente de los empresarios, dijo en un mensaje del jueves, previo al del Presidente, que hay un margen de maniobra para reducir los porcentajes de impuestos considerados en la fórmula para determinar los precios de las gasolinas, pero ello «pasa necesariamente por algún esfuerzo mayor del gobierno para corregir su balance fiscal».
Lo que se requiere, afirmó, es un «recorte efectivo» al gasto público, el cual «no debe hacerse solamente reduciendo el presupuesto de inversión pública o los programas sociales, sino sobre todo mejorando la eficiencia del gasto», tanto federal como del Congreso y gobiernos estatales.
Sin embargo, solamente en la primera mitad de la presente administración, el gasto del Gobierno federal aumentó 19 por ciento (597 mil millones de pesos), documentó México Evalúa.
Se gastó durante la primera mitad del sexenio a un ritmo 50 por ciento mayor al de las anteriores presidencias y, en contraste, los ingresos crecieron a un ritmo menor porque su aumento está determinado por el crecimiento de la actividad económica, el cual se ha mantenido bajo.
«Las transferencias y subsidios que se van a los estados y municipios, a través de distintos programas, han crecido de manera importante y no tienen un impacto económico. Debemos tener un presupuesto que realmente apunte al crecimiento. Eso no se va a resolver únicamente con un recorte en los salarios, se debe mejorar la composición del gasto y el marco de coordinación fiscal», determinó Mariana Campos, de México Evalúa.
LAS TRES MALAS HIERBAS
Las tres malas hierbas que el Gobierno ha tenido cuatro años para erradicar de raíz son la corrupción, la alta deuda y la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero para el Presidente solo había tres opciones si se mantenía el precio artificial de las gasolinas: recortar programas sociales, subir impuestos o aumentar la deuda del país poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.
«Los Estados en el mundo deciden subsidiar aquellas necesidades que consideran convenientes para favorecer a sus ciudadanos. En las condiciones actuales o en las que sean, el Estado mexicano pudo haber decidido seguir subsidiando la gasolina. [Para mantenerlo] debió reducir el gasto corriente, no el social. Aquel gasto que no es necesario para mantener la calidad de vida de los ciudadanos tiene que ver con el costo de un esquema legislativo y judicial ineficiente que permite que gobernadores maleantes escapen a la justicia», aseguró el académico de la Universidad Iberoamericana, Jesús Arturo de Alba.
Respecto a la corrupción, el líder empresarial de la Coparmex afirmó que «debe haber castigo directo y severo a la corrupción comenzando con la interna».
Este cáncer cuesta un 9 por ciento del PIB, de acuerdo con el Banco Mundial. Además, los hogares mexicanos en general destinan el 14 por ciento de sus ingresos para pagar actos de corrupción y los hogares que perciben un salario mínimo gastan el 33 por ciento.
Sobre la deuda, en tanto, la Coparmex expuso que es necesario un compromiso con la reducción para mantenerla por debajo de los niveles que tenía a inicios del sexenio que era del 33.9 por ciento del PIB con respecto al hoy cercano al 50 por ciento del PIB.
México Evalúa coincidió en su estudio en que durante las últimas dos administraciones y los primeros tres años de la presente administración se gastó a un ritmo que no podía financiarse sin recurrir a un nivel de endeudamiento creciente ante «la debilidad» de la regulación. Ahora la deuda equivale al 10 por ciento del presupuesto del gobierno.
LA EMPRESA INEFICAZ: PEMEX
La Coparmex declaró que Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado, tiene que explicar cómo planea invertir «la situación de vulnerabilidad» que se tiene al importar cerca del 60 por ciento del consumo de gasolinas «por la falta de mantenimiento de la infraestructura en refinación».
Las transferencias de dinero a Pemex, criticó México Evalúa, se hacen a una empresa en plena crisis: la presión que ejerce esta institución sobre el gasto público y la economía nacional es cada vez mayor.
«Resulta contradictorio que a pesar de que los precios, la producción y las exportaciones han ido en descenso, la plantilla laboral de Pemex haya crecido a lo largo del periodo comprendido entre 2004 y 2014», dijo en el estudio.
De 200 a 2014 su plantilla creció 15 por ciento (a 153 mil 085 empleados).
Los pasivos que más pesan son su deuda neta y sus pasivos laborales, es decir, los pagos de jubilaciones y pensiones a los que está comprometido. La deuda neta de Pemex aumentó 29.5 por ciento (187 mil 020 millones de pesos) entre 2012 y 2015. Por otro lado, el pasivo laboral de Pemex – que son los pagos de liquidaciones, jubilaciones y pensiones que una empresa debe a sus empleados – aumentó 378 mil 861 millones de pesos entre 2012 y 2015.
«Desde hace 20 años se sabía que era necesario aumentar la capacidad de refinación y producción de petroquímicos, pero se dejó de hacer. Somos un país netamente importador con el tipo de cambio disparado», declaró el académico Jesús Arturo de Alba.
¿Qué hubieran hechos ustedes? Ahí están las respuestas.
