Por Karen Heredia y Jesús Robles Maloof

Estamos en un momento crítico en la historia de la movilidad humana.  Alrededor del mundo los flujos migratorios se intensifican y los peligros para las personas que migran también. En México, los migrantes vienen principalmente de Centroamérica p­ero en su tránsito  corren mayores riesgos de sufrir violencia, secuestro, abuso, extorsión, muerte y desaparición por la presencia de bandas del crimen organizado al amparo de algunas autoridades.

Tres ejemplos extremos de esto son las masacres ocurridas en el estado de Tamaulipas México; San Fernando 1 (2010) y 2 (2011) y la ocurrida en Cadereyta, Nuevo León en 2012 donde 49 personas fueron secuestradas, asesinadas, desmembradas y finalmente abandonadas en un camino rural. Son delitos de lesa humanidad que permanecen impunes.

No solo se pierden vidas valiosas en las rutas migratorias, sino que las familias de los migrantes procedentes principalmente de Centroamérica se ven especialmente afectadas al perder a sus seres queridos y no tienen acceso a la justicia mexicana desde sus países.  Debido a que es difícil que ellos participen en la búsqueda de sus familiares desaparecidos sin tener que trasladarse a México—con todos los gastos y dificultades administrativas que implican—no tienen una camino claro para acudir a las instituciones mexicanas encargadas de llevar a cabo las investigaciones, y por último resulta casi imposible buscar a sus familiares desaparecidos o recuperar los restos humanos de personas asesinadas o fallecidas en otro paìs. Ante esto, las familias se han organizado y, con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos cómo la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), han propuesto la creación de un Mecanismo Transnacional de Justicia para Personas Migrantes.

En marzo del 2015, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., el gobierno Mexicano se comprometió a la creación de dicho Mecanismo Transnacional cuyos componentes principales son la puesta en marcha de un sistema que facilite la búsqueda de los migrantes desaparecidos, la investigación de los crímenes y la habilitación de acceso a la justicia de manera eficaz y cercana a las víctimas a través de las agregadurías de la PGR en las embajadas mexicanas en Centroamérica. Al fin del año pasado, en el 18 de diciembre de 2015, finalmente el Mecanismo fue oficialmente anunciado.

La aprobación del Mecanismo y la voluntad política es un paso en la dirección correcta, pero cómo lo ha sostenido la Fundación para la Justicia todavía faltan dos cosas esenciales: 1. Debe reconocerse que el Mecanismo es un esfuerzo que desde las mismas víctimas y desde las organizaciones se ha impulsado y tras años de continuo esfuerzo el Mecanismo forma parte de las recomendaciones de organismos internacionales formuladas a México y  2. La designación de un titular que tenga un perfil adecuado; asignación de recursos, humanos y materiales, suficientes frente a los miles de casos de migrantes desaparecidos y víctimas de crímenes durante su tránsito por México y el hecho que las familias sean de diferentes regiones de Centroamérica impone la debida coordinación y comunicación entre todos los países de la región para que las medidas del mecanismo regional sean implementadas y el mecanismo cumpla su propósito.

En New Media Advocacy Project (N-Map) hemos producido un video con Fundación para la Justicia para explicar de manera visual la propuesta y para urgir a gobiernos y miembros del sistema de justicia que participen en esta coyuntura importante.  El video se usará en México y todos los países en los cuales se encuentran familias y víctimas migrantes en reuniones y entrenamientos (en organismos públicos de derechos humanos de los países, embajadas y cancillerías) con oficiales y tomadores de decisiones de la región (como autoridades judiciales, jefes de estados y parlamentarios).

En particular se tiene pensado promoverlo en las embajadas que México tiene en Centroamérica y Estados Unidos serán ubicaciones ideales para que familias hagan denuncias, lo cual va a prevenir que familiares tengan que viajar hasta México para reportar una desaparición—los viajes son costosos en ambo dinero, trabas administrativas y más que todo el sufrimiento y la indignación frente a las escasas respuestas de los gobiernos del país de origen como de tránsito. Por esto, es muy importante que embajadores y otros personas laborando en estas representaciones diplomáticas sepan del mecanismo y lo apoyen (y en turno, que ellos aumenten y fomenten la voluntad política de los más altos niveles). Creemos que el apoyo y disposición de estos servidores será crítico para una implementación completa en todos los países.

Junto con una coalición de organizaciones de la sociedad civil, los actores gubernamentales, y otros en la región, FJEDD y N-Map estamos trabajando para ayudar a las familias en su búsqueda por la verdad y por la justicia de sus familiares desaparecidos. Esperamos que la implementación exitosa del Mecanismo Transnacional ayude a miles de familias a lograr justicia y establecer un modelo de coordinación inter-estatal con participación de las víctimas, las familias y la sociedad civil y que pueda ser compartido por todo el mundo. Hay miles de personas víctimas de tragedias derivadas de la migración cada año, y las Américas son un lugar para inventar nuevas soluciones frente a las injusticias terribles que resultan de la migración en todo este Hemisferio, y en el mundo. N-Map, estamos desarrollando herramientas de video para avanzar soluciones nuevas y creativas a esta crisis.

Únete a esta meta: súmate a la implementación de esta esperanza de justicia, en principio compartiendo el video y apoyando a las organizaciones que, día con día, trabajan en reiterar que ningún ser humano es ilegal.

Jesús Robles Maloof

https://www.sinembargo.mx/author/jrobles

Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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