Voy a empezar esta columna dos días después de lo de Nuevo León. Comienza en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es la mañana del lunes pasado y el presidente del Tribunal Electoral del país, Reyes Rodríguez Mondragón, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a rendir su informe de labores. Ahí están Norma Piña y Laynez Potisek, quienes unas horas antes habían concluido una trama de engaños, irresponsabilidades, y truculencias para desestabilizar al estado de Nuevo León. La historia de cómo el Ministro Laynez bajó a Samuel García de la candidatura presidencial del partido del Movimiento Ciudadano es más que conocida: los jueces le garantizaron que le daban suspensión tras suspensión al Gobernador de Nuevo León, que podría irse a su campaña presidencial pero, faltando diez minutos para que concluyera el plazo constitucional, lo traicionaron y sentenciaron a la media noche del viernes primero de diciembre, que no, que siempre no podría dejar en su lugar a quien él decidiera, sino que era el PRIAN con mayoría en el Congreso de Nuevo León el facultado para designar sucesor. Así, engañaron a todo un partido político que, aunque minoritario en su Congreso, ganó la elección para la gubernatura con 188 mil votos más que su más cercano competidor del PRI, Adrián de la Garza. Durante días, los jueces le fueron otorgando suspensiones a Samuel hasta que, al final, lo quisieron agarrar siendo ya exgobernador para que no pudiera hacer que su partido, el Movimiento Ciudadano, mantuviera la gubernatura y la perdiera a favor del PRIAN en la mesa, no en una votación. 

Los emecesistas debieron de arrepentirse de sus sobreactuadas defensas del Poder Judicial o de Edmundo Jacobo en el INE, que hasta motivó el llanto de una de sus figuras más connotadas, Patricia Mercado. Quedaban atrás las defensas que hicieron hace apenas unos cuantos meses, los del Movimiento Ciudadano. Pero, cuando se discutieron los fideicomisos extravagantes de los ministros del Poder Judicial el partido de Samuel, es decir, el de Dante, se subió a tribuna a defender los excesos. Por ejemplo, quien es ahora su candidato a la Ciudad de México, Salomón Chertorivski Woldernberg, entonces Diputado dijo esto cuando se propuso eliminar 13 de los 14 fideicomisos al Poder Judicial: “Parto de lo que aquí ya se repitió varias veces, lo que se va a legislar estuvo mal en su procedimiento y eso nos va a llevar primero a amparos, después a acciones de inconstitucionalidad y se va a tener que resolver nuevamente un asunto en la Corte. Esta vez además haciendo a la Corte juez y parte de lo que va a tener que juzgar. Flaco favor le hacemos a la justicia de nuestro país.

“Pero lo que es más grave es el fondo, porque gran parte de los 13 fideicomisos que se quieren desaparecer, que afectan a 55 mil trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, vienen de sus propias aportaciones mensuales, vienen de colectas y donativos de ellos, es decir, son recursos de las y los trabajadores.

“Lo que están pretendiendo es una nacionalización de recursos privados, eso es un antecedente gravísimo. Lo que sigue es nacionalizar las cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social o las Afores. Es un precedente gravísimo, pero además están afectando a personas de carne y hueso. Colegas legisladoras, no es cierto que son privilegios”. 

Es decir, el partido del Movimiento Ciudadano, a sabiendas de que los fideicomisos no eran de los trabajadores al servicio del Estado, sino una duplicación del presupuesto que se les otorga cada año, es decir, un “guardadito de seis mil 600 millones de pesos, lo argumentó como si fuera cierto. Y, para variar confundió cosas. Ya lo había hecho cuando el mismo personaje había asegurado poder terminar con la pandemia en ocho semanas. En este caso, confundió ahorros privados con presupuesto público.  

El coordinador de los diputados del MC, a quien han querido ver como sustituto a la candidatura presidencial de Samuel, Álvarez Maynez, dijo en junio de este año al proponer “la obligación de los servidores públicos de los tres poderes de acatar las decisiones judiciales” y abstenerse de ejercer presiones para que las resoluciones sean en algún sentido: “El Poder Judicial en México es víctima de una campaña de desprestigio y de ataques que emanan desde el Poder Ejecutivo y funcionarios públicos. Las y los jueces son señalados, amenazados y perseguidos, poniendo en riesgo la autonomía de la impartición de justicia a nivel federal y estatal”. No sé si, ahora que les afectó a ellos, sigan creyendo que el Poder Judicial es independiente de las presiones de los partidos, los oligarcas como Claudio X. González o las simpatías que los jueces profesan por Xóchitl Gálvez. 

Por último, para no ensañarnos, lo dicho por el propio dirigente sempiterno del MC, Dante Delgado, sobre el mismo tema: “Los intentos para intimidar, presionar, coaccionar al Poder Judicial y a la Suprema Corte, son actos que no debemos permitir. No se lo toleraremos al Ejecutivo y no se lo permitiremos a quienes estén operando, desde dentro, el desmantelamiento de la Corte, para ponerla al servicio de la Presidencia; no toleraremos operadores del Presidente dentro de la Suprema Corte. Como mexicano, les digo que no podemos permitir que dobleguen al Poder Judicial ni que vulnere la autonomía de la Suprema Corte, autonomía que le permite construir un muro de contención frente al Poder. Ese muro es la Constitución, la Ley y la justicia. Los guardianes de este muro son ustedes, señoras y señores ministros. Tenemos que contener los excesos del Poder, que ningún Presidente pueda poner en libertad a un delincuente sin juicio ni sentencia de por medio. Que ningún Gobernador pueda ampliar su mandato sólo porque controla el Congreso local”. Esto último le debe resonar ahora en los oídos al dirigente perenne del MC. Él estaba pensando en un Gobernador como Bonilla en Baja California y no en uno como su prohijado Samuel, que no tiene mayoría y que, de igual forma, los magistrados de la Suprema Corte trataron de sacar de la silla con una resolución judicial que violenta la decisión de los electores regios. Dante Delgado no pudo o no quiso ver que la Corte estaba controlada, no por el Presidente López Obrador, como él tramposamente planteó, sino por el PRIAN y que, ahora que su partido no había aceptado ir con Claudio X. González, iba a sufrir las consecuencias de su arrebato. 

Así llegamos a la crisis constitucional de Nuevo León, decidida por el PRIAN, pero operada por los ministros de Norma Piña, en especial, por Laynez Potisek. Lo que digo es que, dos días después de anularle al MC la posibilidad de candidatear a su casi único Gobernador, el presidente del Tribunal Electoral llegó a rendir su informe de labores. 

Volteó a la banca en que deberían estar sus pares y no vio a ninguno, salvo a Janine Otálora, que fue destituida como presidenta del órgano en 2019, acusada de forzar la candidatura a la Presidencia del “Bronco”. Al informe del presidente Reyes Rodríguez Mondragón, amigo de cenas de Felipe Calderón y Margarita Zavala, no asistieron tres de sus cuatro sus pares. Tuvo que hacer el discurso ante el desaire y, como los últimos seis presidentes removidos en menos de cuatro años, habló de quién sabe qué autonomía y honestidad del Tribunal Electoral, cuyo último removido, José Luis Vargas Valdés, fue acusado de enriquecerse en el cargo. Algunos deben recordar a Vargas Valdés, que no quería renunciar y hasta se atrincheró en sus oficinas bajo llave. Lo sucedió éste otro, Reyes Mondragón, cuyo órgano jurisdiccional exculpó apenas en julio al PRI de la Operación Safiro, con la que César Duarte desvió recursos públicos del Gobierno de Chihuahua para financiar las campañas del peñanietismo. Según el Tribunal que preside Reyes, hubo desvío pero no se supo a dónde. Aun con esto a cuestas, Reyes no se arredró y dijo con la confianza que le conocemos: “El próximo año enfrentaremos uno de los mayores retos de nuestra historia democrática, las elecciones del 2 de junio de 2024. En el Tribunal nos hemos preparado para cumplir con esta misión de calificar la legalidad de las elecciones, garantizar los derechos político-electorales de todas las personas y contribuir a la estabilidad política, procurando la transmisión pacífica del poder público. Enfrentaremos diversos desafíos, como el descontento democrático, la polarización tóxica o afectiva, el rechazo de la política como espacio de diálogo, la desinformación y la violencia en sus diversas expresiones”. 

Al mismo tiempo que Reyes le hablaba a la banca vacía de sus colegas, éstos tres, Soto, de la Mata y Fuentes Barrera, se sacaban una selfie en un desayuno en San Ángel, y corría, a su vez, una filtración en los medios corporativos, Radio Fórmula y El Universal. Tenían el siguiente encabezado: “Acusan al presidente Reyes Mondragón de extorsionar a Magistrado”. En la nota se leía que los jueces habían llegado a la extorsión entre ellos. Según este trascendido, una empleada del Tribunal, Yhalli Cruz Valle, acusó de hostigamiento al Magistrado Felipe de la Mata y éste presentó una denuncia contra ella y el Magistrado presidente, Reyes Rodríguez, usando como pruebas correos electrónicos privados. Entonces, se entendió que los días de Reyes, al igual que sus antecesores, estarían contados. 

Pero cuento esto, no porque ustedes no sepan que el Poder Judicial se está pudriendo en corrupción por dentro, mientras sus ministros, magistrados y jueces dicen que son “autónomos, independientes, y que sólo cuidan el cumplimiento de las leyes”. Es un poder cuyas designaciones dependen de mutuas acusaciones de ser ladrones o estar a favor de un partido político, cuando no de acoso sexual o, como vimos a la presidenta Piña, con toda una orquestación desde la UNAM para validar o no un plagio de una tesis de una de sus contrincantes. Se llevan pesado y la sancadilla es la regla en un poder al que nadie elige, al que nadie revisa, y que no explica jamás sus decisiones. Así, aunque Samuel no lo crea, a él le prometieron inmunidad y lo traicionaron al diez para la hora límite y se tuvo que regresar a Nuevo León. El MC, quien defendió a Norma Piña, sus excesos y sus resoluciones que le descongelan dinero a García Luna, amparan a Cabeza de Vaca, casi liberan a Emilio Lozoya o a Juan Collado, ahora vio cómo la supuesta división de poderes se convierte, no en una vigilancia mutua entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino en un enfrentamiento de poderes. Cómo, cuando así le conviene al PRIAN, el Poder Judicial es usado para favorecer a sus candidatas y a sus trapacerías. Conviene detenerse en esto último: la idea de la oposición de que la división de poderes es un enfrentamiento. Por eso no hablan de cooperación entre poderes, sino de “contrapesos”, una visión de la física más elemental del equilibrio, pero que aconseja que a cada “a” del Ejecutivo le corresponda un “no” de la Corte. En el caso del Legislativo esta perversión de entender la división como antagonismo y rivalidad, nos lleva a la “moratoria legislativa” en la que el Movimiento Ciudadano participó confundiendo “autonomía” con sabotaje. Así que, ahora, ellos fueron sus víctimas en el Congreso local de Nuevo león, con una mayoría del PRIAN que decidió tomar venganza contra el MC por no haberse aliado en lo electoral para el 2024. Y fueron, de nuevo, sus víctimas de parte del Poder Judicial que los fue llevando con engaños a suponer que no habría litigio en el caso del Gobernador interino y, a la mera hora, o mejor, al diez para las doce de la noche, decidieron que sí, que era el PRIAN el que pondría al sustituto en Nuevo León. No sé que cálculos haya hecho Dante Delgado al respecto, pero el hecho es que padecieron por primera vez lo que el Gobierno de Andrés Manuel, al que tanto han perjudicado al aliarse en las Cámaras con el PRIAN, ha padecido durante estos cinco años de Gobierno.

Pero quizás la mayor lección del episodio calificado como “sainete” en Nuevo León sea la idea de una democracia sin ciudadanía, sin politización. Nadie salió a las calles en Monterrey para defender a su Gobernador. Tampoco para defender la supuesta legalidad de la mayoría en el Congreso. Todo lo que vimos fueron declaraciones, amparos judiciales, sentencias, y un corredero de políticos sin respaldo alguno, entre el Palacio de Gobierno y el Congreso local. Vimos la política sin ciudadanos. En Nuevo León, al parecer sólo hay electores que, una vez vertida su opinión en una urna, no se quieren hacer responsables de los obstáculos que tenga su representante. Fue sorprendente que nadie los convocara a las calles a defender lo que habían votado apenas en 2021. Sin ciudadanos movilizados no hay posibilidades de un cambio de régimen pacífico. Son esenciales para desmontar las redes de corrupción que privan entre los partidos de la alianza y los magistrados. Y éstos también deberían ser electos para poder pedirles cuentas. Si hay una lección del sainete de Nuevo León es esa: que la división de poderes no se confunda con un boicot y que el Plan C es una necesidad, más que un simple lema de campañas. 

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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