México se encuentra bien posicionado para hacer frente al cambio climático. Haber conformado una política nacional en la materia, con instrumentos legislativos y programáticos le permite orientar sus esfuerzos en la dirección correcta. Como prueba están la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) (que se debe realizar cada sexenio), así como los programas estatales al respecto. Distintos actores participan en esta política, pues el carácter transversal del cambio climático así lo infiere.

Sin embargo, distintas dependencias participantes de la política de cambio climático tienen posturas divergentes y carecen de una comunicación fluida, tanto entre ellas como al interior de cada una. El ejemplo más claro es el énfasis que el sector energético otorga a la producción y el consumo de combustibles fósiles, mientras que el sector ambiental promueve la concientización del comportamiento individual y señala someramente la importancia de transitar a energías renovables Esto sucede aun cuando la LGCC enfatiza en la importancia de coordinarse de manera interinstitucional para diseñar, implementar y evaluar la política nacional correspondiente.

Uno de los principales retos de la política nacional es ubicar al cambio climático en su justa dimensión, considerando el contexto de cada sector gubernamental y del país en su conjunto. Para ello, es fundamental que esta política se encuentre en la lista de prioridades del gobierno. Una vez que esto sea entendido y aceptado, es posible que la implementación de la política de cambio climático sea eficaz y relevante; pues podrá existir la posibilidad de que quienes no trabajan temas ambientales contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Si bien es cierto que el PECC ha permitido institucionalizar la transversalización de acciones de cambio climático en el plano federal, también se ha reconocido que es necesario fortalecer dicha transversalidad y mejorar la comunicación entre los distintos actores responsables de implementar la política climática. No obstante, es importante reiterar que mientras no haya apropiación del tema, la comunicación interinstitucional continuará siendo superficial y sin tener el impacto adecuado o esperado.

Hay otros retos por abordar, como la concientización de la ciudadanía, la profundización de la relación de los derechos humanos con el cambio climático, así como la internacionalización multidisciplinaria necesaria para mitigar y adaptarnos a este fenómeno de escala mundial. Las perspectivas pueden parecer sombrías: los efectos del cambio climático ya están presentes y observables, las acciones son ralentizadas y aletargadoras, y el sistema económico actual no cederá en su postura de crecer sin límites, aunque esto no sea posible a largo plazo. Aun con esto, es fundamental aprovechar la estructura de política pública que ya ha sido creada para combatir el problema.

La formulación de la política de cambio climático está claramente delimitada, con posibilidad de actualización y mejora debido a la periodicidad con que los programas – tanto federal, como los subnacionales – son elaborados y actualizados. Sin embargo, este tema está rezagado en la agenda pública y política debido esencialmente a la falta de tres cosas: la apropiación del mismo por parte de la mayoría de los actores involucrados, del entendimiento de la problemática, y del sentido de urgencia para implementar acciones congruentes y complementarias.

Gustavo Sosa Núñez

https://www.sinembargo.mx/author/gustavo-sosa

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de East Anglia, en Norwich, Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel 1. Sus intereses de Investigación incluyen el análisis de políticas​ públicas ambientales, sus resultados y procesos de convergencia a nivel regional. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora. Twitter: @gssosan / @institutomora

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