En Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud de sus 25 mil habitantes no están garantizados y la minería a cielo abierto que la canadiense Almaden Minerals planea instalar les hará daños irreversibles, advirtió un estudio realizado por especialistas y organizaciones civiles incluyendo PODER. Esta compañía ya tiene antecedentes de violación a derechos humanos y, denuncian, ha mentido a sus inversionistas al asegurar que la zona poblana está deshabitada y omitió la existencia de un juicio de nulidad así como una solicitud de cancelación por parte de la población afectada.
Este miércoles, a manera de protesta simultánea, habitantes poblanos cerraron simbólicamente las oficinas de la compañía contra los avances en el proceso de exploración, mientras una delegación mexicana emitió una conferencia de prensa en el Parlamento de Canadá para exigir la cancelación del proyecto extractivo. No es un caso aislado. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en 37 de las veces en que 17 mineras han dañado comunidades en la región, 19 han ocurrido en México, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios.
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Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– Habitantes de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, manifestaron simultáneamente en el Parlamento de Ottawa, Canadá, y en la entidad mexicana su rechazo a la instalación de una mina a cielo abierto de oro y plata de la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, actualmente en fase de exploración avanzada, ya que violaría su derecho al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.
De acuerdo con una evaluación de impacto realizada desde septiembre de 2014 por especialistas, y respaldada por organizaciones civiles como PODER, la minera ha mentido a sus inversionistas al asegurar que la zona donde planean operar está deshabitada y que el uso de suelo es nulo. Además omitió la existencia de un juicio de nulidad, así como una solicitud de cancelación emitidos por la población afectada.
La empresa –dueña de 72 por ciento de las concesiones mineras en la región de la Sierra Norte de Puebla– tiene un historial de violaciones a derechos humanos. Almaden ha participado directamente o como accionista en otros proyectos mineros como Caballo Blanco y White River que resultaron nocivos para el medio ambiente y derechos humanos, por lo que fueron suspendidos.
También contrató a Knight Piésold Engineering para redactar su declaración de impacto ambiental, a pesar de que esa compañía trabajó para la presa de relaves canadiense Mount Polley, la cual estuvo involucrada en el desastre ambiental de 2014 en Columbia Británica, cuando se derramaron 8 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos al lago Polley, al arroyo Hazeltine y al lago Quesnel.
En mayo el diario local Central reportó que empleados de Almaden Minerals y su filial Minera Gorrión se adueñaron de predios privados en la comunidad de Loma Larga, perteneciente al municipio de Ixtacamaxtitlán, con amenazas y el uso de la fuerza. El Presidente Municipal Eleazar Hernández Arroyo ha negado haber recibido sobornos de la minera Almaden Minerals y rechazó haber otorgado licencias de uso de suelo para la extracción.
“Las mineras canadienses son objeto de quejas en comunidades de todo el mundo”, destacó Benjamín Cokelet, director de la organización PODER. En México violan derechos humanos sin que el gobierno canadiense ni mexicano las controlen. El diario The Ottawa Citizen reportó a inicios de año que “las compañías extractivas canadienses han estado involucradas en los ejemplos más notorios de abusos contra los derechos humanos”.
Un informe del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa encontró que, entre 2000 y 2015, murieron 44 personas a raíz de incidentes con mineras canadienses y 403 resultaron heridas, además de que hubo 709 casos de criminalización, incluyendo órdenes de arresto, detenciones y presentaciones de cargos relacionados con conflictos mineros.
En México, del total de los proyectos mineros, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
El 25 de abril de 2016, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, recibió una carta de más de 180 organizaciones de América Latina y otros países que le solicitaban regular el comportamiento voraz y represivo de las compañías mineras canadienses en el extranjero, pero la ignoró.
LAS PROTESTAS
En Ixtacamaxtitlán, realizaron un cierre simbólico de las oficinas de la minera canadiense para protestar por el avance del proyecto de exploración. En Ottawa, cuatro representantes de la comunidad poblana dieron una conferencia de prensa en el Parlamento para exponer los resultados de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos con autoridades gubernamentales, inversionistas y diversos aliados de la sociedad civil. Exigieron la cancelación o suspensión del proyecto.
“La creación de una mina a cielo abierto en la zona generará daños definitivos a los derechos al agua y la salud de las más de 25 mil personas que habitan en el municipio, así como al ecosistema de la región”, concluyó el análisis.
La empresa ha argumentado que solamente usará agua de lluvia, aunque las autoridades mexicanas aseguran que ninguna de las mil 250 operaciones mineras en el país funciona sólo con agua de lluvia.
El proyecto minero, que recibió la concesión desde 2003, se ubica en la cabecera de la cuenca del río Apulco, a unos metros de la población de Santa María, por lo que afectaría las tierras de cultivo de la población de Loma Larga. En caso de un derrame, afectaría 200 kilómetros desde la presa de jales.
Aunque el proyecto se encuentra apenas en fase de exploración, la empresa ha violentado la normatividad mexicana y el derecho al agua de los habitantes de la región al realizar 236 barrenos más de lo permitido y con mayor profundidad. Además, perforó pozos de agua, sin contar con un permiso para utilizar agua con fines industriales, lo que pone en riesgo la calidad del agua que consume la población, según el estudio.
De acuerdo con los reportes de la empresa para sus inversionistas, la evaluación de impacto encontró que ha mentido al afirmar que la zona donde planea hacer la mina se encuentra deshabitada: en el municipio de Ixtacamaxtitlán viven 25 mil 326 personas en 126 localidades con menos de 2 mil 500 habitantes y poco más de 60 localidades con menos de 100 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La compañía tampoco comunicó a sus inversionistas los procedimientos jurídicos iniciados por los opositores al proyecto y que están actualmente en marcha. Existe un juicio de nulidad que busca cancelar el permiso de exploración en el área que posee la empresa por haber violado las regulaciones ambientales mexicanas y también hay una solicitud de cancelación de las concesiones que posee esta empresa realizada ante la Secretaría de Economía, alertó el documento.
En este marco, del 5 al 12 de diciembre una delegación de habitantes de Ixtacamaxtitlán, Puebla, y defensores de los derechos humanos visita Canadá para pedir al Gobierno canadiense y a los inversionistas prevenir más violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados con el proyecto de Almaden Minerals en su comunidad.
Los poblanos esperan detener el proyecto minero actualmente en la fase de exploración, y promover una mayor rendición de cuentas para las mineras canadienses que operan fuera de su país de origen.
Acompañados de PODER, los habitantes Ignacia Serrano, Alejandro Marreros, Francisca Zamora e Ignacio Carmona estarán en Ottawa, Vancouver –ciudad sede de la minera– y Kamloops para reunirse con funcionarios del gobierno, comunidades indígenas e inversionistas mineros.
Benjamín Cokelet, de PODER, destacó que esta visita es de carácter preventivo, ya que la operación de la minera se encuentra en la fase de exploración.
“Las palas aún no están trabajando, por lo que estamos a tiempo de prevenir los abusos a los derechos humanos y al medio ambiente. Vamos a pedir a los canadienses a todos los niveles, a las empresas y al gobierno que promuevan una conducta comercial responsable y protejan la diversidad ambiental y cultural. El proyecto minero de Almaden Minerals en México no hace ninguna de esas cosas”, aseguró.
Hacia el final de su visita, la delegación de mexicanos planea manifestarse frente a las oficinas centrales de la minera Aladem Minerals, en Vancouver, junto con aliados de organizaciones civiles de esa ciudad.
La manifestación en Canadá coincide con una discusión que hay en ese país gobernado por Justin Trudeau sobre la necesidad de contar con un “ombudsperson” que vigile el respeto a los derechos humanos dentro de las industrias extractivas.
En verano de este año, expertos de Naciones Unidas en derechos humanos y empresas manifestaron durante su visita a ese país que, teniendo en cuenta “la significativa huella” de las operaciones extractivas de Canadá en el extranjero, existe una función para una institución como un “ombudsperson” para proporcionar un remedio efectivo de manera oportuna y barata. Para ser eficaz, el gobierno debe establecer una entidad independiente, bien dotada de recursos y con poder para investigar denuncias, llevar a cabo hallazgos de hechos y hacer cumplir sus órdenes, de acuerdo con otras instituciones similares en Canadá.
Canadá es el hogar de más de la mitad de las compañías mineras del mundo que operan a nivel internacional. La industria extractiva (minería y extracción de petróleo y gas) representa alrededor del 7 por ciento del PIB del país norteamericano y el sector minero emplea a unas 375 mil personas, de acuerdo con Naciones Unidas.
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