Como en otros asuntos públicos en este periodo de Gobierno de la Cuarta Transformación, el debate sobre la Reforma Electoral planteado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador polariza la conversación pública exagerando las bondades o las maldades que acarreará dicha reforma. Desde el campo oficialista se defiende que se trata de construir un sistema electoral menos caro y blindarlo de las oligarquías partidistas, además de ampliar los canales de participación de los ciudadanos.

Desde los opositores al Gobierno de la Cuarta Transformación se alega que el sistema es caro por todos los candados electorales exigidos por la oposición durante la hegemonía priista, que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un pilar de la transición a la democracia y que eliminarlo sería un grave ataque a la democracia y algunos creen que de concretarse la reforma, México se encaminaría al autoritarismo.

Desde ambos campos se exagera. Ya el mismo López Obrador ha aclarado que no pretende eliminar el INE, sino reformarlo y desde la misma sociedad se avalan cambios en el sistema electoral y de partidos porque se considera que es uno de los más caros del mundo y que la alta burocracia electoral vive con privilegios que le cuesta mucho a la sociedad mexicana.

Y en el colmo de la exageración, muchos consideran al actual presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello como el adalid de la democracia mexicana y que las críticas a este personaje que ha vivido la buena vida gracias a los numerosos privilegios de la alta burocracia electoral, son un ataque a la democracia. ¿De verdad creen que Lorenzo Córdova representa la democracia mexicana? ¿Acaso participó en alguna lucha contra el antiguo autoritarismo priista, contra los fraudes electorales y el robo a voluntad popular que hacía el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI)? ¿Qué credenciales democráticas tiene un personaje que en privado no duda en lanzar mensajes racistas contra los indígenas? ¿Acaso se distinguió por exigir democracia sindical, o estudiantil o luchar por derechos para los mexicanos? Creo que no y por lo tanto las críticas a este personaje de la vida pública mexicana no deben ser equiparadas a la crítica completa al actual sistema de democracia representativa.

Más allá de que una parte del debate sobre la reforma electoral se haya centrado en algunos consejeros electorales que abiertamente han jugado contra el actual Gobierno, el debate de fondo es sobre la calidad de la democracia que se tiene en México y sobre qué tipo de democracia deberíamos aspirar para garantizar verdaderamente la participación de la mayoría de la sociedad en la resolución de los grandes problemas nacionales y en garantizar el ejercicio de sus derechos.

He leído a varios comentaristas que consideran que si se aprueba la reforma electoral se estaría poniendo en riesgo la transición a la democracia en el país. Algunos consideran que esa transición ocurrió en 1997 con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Gobierno del Distrito Federal y otros que ocurrió con el triunfo presidencial del panista Vicente Fox Quezada en el año 2000.

Dando por cierto que ocurrió esta transición política, ¿qué calidad ha tenido esa democracia traída por esta transición? Una democracia donde los grandes partidos monopolizan el acceso a los puestos de representación de los poderes públicos y donde se financia a partidos satélites muchos de ellos convertidos en negocios familiares (como el Verde) o de camarillas que se inclinan al poder en turno, como el Partido del Trabajo. Una democracia salpicada de casos de financiamiento ilegal a gran escala como ocurrió con el financiamiento de Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial priista o el caso de los Amigos de Fox, hasta llegar a los casos actuales de financiamiento irregular con dinero en efectivo al actual partido en el poder. Una democracia cada vez más infiltrada por el crimen organizado que es el poder que ejerce la soberanía en buena parte del territorio nacional. Una democracia basada en la omertá de los partidos y en la que no llegan a los puestos de representación los mejores ciudadanos o los mejores evaluados, sino los burócratas que se atienen a la regla de cuotas y cuates.

Por eso en el fondo, con reforma o sin ella, lo que tenemos es un sistema electoral que restringe la participación de la sociedad como sujetos políticos y la monopoliza en las maquinarias electorales y que nos entrega una democracia de pésima calidad.

En el fondo, en este debate se olvida que la democracia liberal representativa es el sistema político de legitimación del capitalismo que es, a su vez, un sistema-mundo basado en múltiples dominaciones: de clase, patriarcales, basadas en el racismo, etc. Si partimos de este principio, todo sistema electoral bajo el actual sistema-mundo capitalista será un sistema de procedimientos políticos que terminarán legitimando un orden político y un sistema de dominaciones, aunque se llame democracia.

Los sistemas electorales llamados democráticos son sistemas procedimentales que permiten que actores (partidos, candidatos y sus financiadores) accedan al poder público mediante una serie muy variada de procedimientos que caben dentro de la democracia representativa, es decir, un sistema que delega la voluntad de cada sujeto político, el ciudadano elector, en actores interesados en la disputa del poder público: políticos profesionales, candidatos, partidos, gobernantes, financiadores, poderes fácticos, empresariales, eclesiásticos, crimen organizado y geopolíticos.

El ideal esencial de la democracia es que el pueblo tome las decisiones sobre los asuntos esenciales de la sociedad en la que vive y reproduce su vida. Lo cierto es que la participación o posibilidad de tomar decisiones en un sistema electoral de democracia representativa se limita o restringe al acto de ir a cruzar y depositar una boleta electoral cada tres o seis años en México, sobre candidatos que ya fueron electos y escogidos en las maquinarias partidistas que a su vez son estructuras políticas interesadas en luchar por el poder o mantenerse en él.

¿Qué tanta capacidad de decisión sobre los asuntos nacionales o de un estado tiene un sujeto político por votar por un Presidente, sea Enrique Peña Nieto o López Obrador, o gobernantes como Claudia Sheinbaum o Enrique Alfaro, cuando los candidatos surgieron de estructuras de interés político sobre las cuales el ciudadano-elector no tiene la menor capacidad de dirigir o influir en sus decisiones?

La ideología liberal, que es la geopolítica que justifica y legitima el moderno sistema capitalista, trata de hacer creer que cada ciudadano es un voto que cuenta igual a la hora de tomar decisiones sobre los asuntos esenciales de una sociedad. ¿Vale lo mismo mi voto o el voto del eventual lector que el de Carlos Slim o Elba Esther Gordillo?

Lo cierto es que la capacidad de decisión de cada elector-ciudadano se limita a votar-escoger sobre decisiones que toman antes los grupos de poder de los partidos, los empresarios que los financian y grupos fácticos que influyen en el sistema electoral que van desde las iglesias, hasta las mafias del crimen organizado. La capacidad de decisión de cada sujeto político en el actual sistema liberal de democracia representativa se reduce a casi cero en este contexto.

El éxito de este sistema político a lo largo del siglo XX es hacer creer que con votar estamos influyendo en los grandes temas y problemas nacionales. Lo cierto es que nos invitan a votar para legitimar un sistema político que convalida las tropelías y anomalías de un sistema socio-histórico, el capitalismo contemporáneo, que se basa en la desigualdad, en la explotación del trabajo humano y en la devastación de los bienes comunes naturales.

Si se toma en cuenta este contexto, el debate sobre la reforma electoral que impulsa la 4T y la defensa del INE como baluarte de la democracia como imaginario intocable, es irrelevante. Tanto el actual sistema electoral representado por el actual INE como un sistema electoral que empuje la 4T son sistemas políticos que legitiman un orden de dominación: el sistema-mundo capitalista basado en múltiples dominaciones.

Ni el sistema electoral actual o el sistema electoral que empuja la 4T están diseñados para terminar con la dominación clasista, la violencia patriarcal, el despojo a pueblos indígenas, la explotación del trabajo o la discriminación racial, las estructuras sobre las que descansa el moderno capitalismo.

Si de verdad se pretende combatir estas estructuras de dominación para alcanzar una democracia profunda, deberíamos discutir otras formas y otros horizontes de organización política, como el municipalismo libertario o comunalismo de Murray Bookchin, que en la actualidad ha inspirado el confederalismo democrático de las organizaciones del pueblo kurdo en Rojava; los siete principios del mandar obedeciendo de las comunidades autónomas mayas organizadas en Los Caracoles y los Municipios Revolucionarios Zapatistas (Marez). Experiencias comunitarias, como la que emergió en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (Appo) en 2006; las asambleas barriales que operaron en Madrid tras las movilizaciones de mayo de 2011 y experiencias semejantes ocurridas en Atenas en las movilizaciones sociales de 2007. Estas experiencias sí amplían la democracia directa, no la restringen como hace el sistema electoral que representa el INE o lo que surja de la actual reforma electoral. Son lo mismo.

Rubén Martín

https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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