Rubén Rocha Moya, quizá la figura más emblemática de la izquierda sinaloense en la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, reapareció políticamente en 2018, luego de haber trabajado en administraciones priistas y fue para convertirse en el candidato al Senado de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia” y, en 2021, luego de un buen desempeño como Senador se convirtió en candidato a Gobernador por la coalición “Juntos Hacemos Historia” integrada por Morena y el Partido Sinaloense (PAS).

El triunfo fue arrollador. Ganó ampliamente a Mario Zamora, el candidato de la coalición “Va por Sinaloa”, con el doble de votos, incluso, fue el candidato a Gobernador morenista más votado en términos relativos de los quince estados en disputa. Arrastró, con ello, votos para los candidatos de la coalición al Congreso del Estado y a las principales alcaldías, de manera, que el resultado sólo tiene parecido con los triunfos del PRI hegemónico de los ya lejanos años setenta.

Hay, en estos triunfos, una amplia legitimidad, aun cuando, durante los comicios fue notoria la intervención del crimen organizado vetando, anulando y neutralizando candidatos principalmente de la coalición hegemonizada por el PRI, como, también, secuestrando operadores el día de la jornada electoral que recordaba a los sinaloenses que el crimen organizado es un actor que siempre interviene en los comicios del lado de quienes tienen mayores probabilidades de ganar.

Esta vez fue Morena y antes el PRI, o también el PAN, con el triunfo de Mario López Valdés en 2010. Ello, lleva a algunos a considerar a Sinaloa, técnicamente un narcocracia, donde coexiste el crimen organizado como grupo de presión y las instituciones de la democracia, que cumplen con sus rutinas electorales, pero, están acotadas, por la mezcla de intereses en juego, que van más allá, de sus personajes legendarios del municipio de Badiraguato. Y lo mismo sucede, con el poder Ejecutivo, al que se le deja hacer su trabajo, pero, constantemente, se cruza con la filigrana de esos intereses oscuros.

Rocha Moya, en campaña y ahora cumpliendo funciones de Gobierno, se ha comprometido a la agenda social de la 4T, incluso, alcanzar un idílico Estado de Bienestar, donde todos tendrán pan y leche en la mesa. Una propuesta de Gobierno estratégica que no parece que chocará con este tejido de intereses cómo, no chocó, Quirino Ordaz, con la vasta obra material del Gobierno. Al final del día, el crimen, es parte de la actividad económica legal y les interesa que haya circulante para sus fines.

Así que el único límite que tendrá el nuevo Gobernador será su capacidad de gestión de recursos federales y la puesta en operación de políticas públicas destinadas a atender a los más pobres del estado. Más cuando muchos de ellos, son producto de la violencia que ocurre en la zona serrana. La estrategia criminal de “tierra quemada” desplaza constantemente población desde los pueblos de las estribaciones de la Sierra Madre occidental hacia la región de los valles buscando horizontes menos peligrosos y con más oportunidades para salir adelante.

Entonces, con su talante no fue casual, que el nuevo Gobernador haya programado como primer acto de Gobierno reuniones de trabajo con desplazados y familiares de desaparecidos. Que son problemas que ha ido en aumento y los gobiernos anteriores han sido incapaces de satisfacer sus demandas. Y está por verse, si Rocha Moya, será capaz, de ir más allá de lo obtenido a los que ya están viviendo marginalmente en las ciudades o detener la ola de “levantados” que han terminado siendo simple estadística.

En esas reuniones con desplazados y familiares de desaparecidos había esperanza en los rostros. Nunca un Gobierno se había tomado la foto con ellos en el primer día del sexenio. El exgobernador Jesús Aguilar Padilla, por ejemplo, no sólo no los atendió, sino se ganó el repudió cuando los calificó imprudentemente como “daños colaterales” de la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, aunque es necesario revivir la esperanza en un pueblo lastimado por el crimen y el desdén gubernamental, ésta puede verse muy pronto marchitada si no hay respuesta en un plazo marcado por la urgencia de la necesidad.

Será, ahí, cuando se pondrá en juego la otra legitimidad venida de la respuesta eficaz y eficiente. Aquella, que no tiene reflectores, y no sabe de estrategias de mercadotecnia, porque, está instalada en la necesidad de la gente que ha sido largamente ignorada. Y es que, a la gente, no le basta buena voluntad, necesita políticas destinadas a combatir la violencia que explica el problema de los desplazados y desaparecidos.

Incluso, la llamada narco cultura. Con sus buchones y mujeres que están en la órbita cultural de que “sin tetas no hay paraíso”. Vamos, en ese espíritu aspiracional, de alcanzar dinero rápido y fácil, y el reto es mayor, al que le que puede ofrecer un gobernante y más, cuando estamos frente a estructuras sociales funcionando y generando riqueza a despecho de los problemas que genera en materia de seguridad pública.

Y frente a eso, cualquier análisis, no puede dejar de volver la vista sobre el papel que cumplieron los actores criminales en el pasado proceso electoral. Y es que, ahí, está, el quid de la cuestión, cómo alcanzar un Estado de Bienestar, donde tenemos un débil Estado de Derecho, donde actores criminales capturan regiones enteras ante la impavidez de los gobernantes. No se ve por donde pueda trazarse una ruta de salida.

Se qué es una opinión escéptica, pero no hay un espacio para el optimismo. Para pensar que las cosas puedan ser diferentes como lo dice y repite el ya Gobernador en funciones, el de la esperanza, el de los más de 624 mil votos, y que conoce como pocos el territorio estatal. Que dice que él no tiene por qué ir con los pobres: “porque viví la pobreza”, en los altos de Badiraguato. Se necesita algo más que un Gobierno cercano a los problemas de la gente. Capacidad para gestionar recursos federales, mucha intermediación política y una mayor recaudación fiscal en un estado que no sale del bache que por décadas ha representado sólo el dos por ciento en su participación en el PIB y, claro, practicar políticas austeras y luchar contra la corrupción.

En definitiva, el nuevo Gobierno de Sinaloa, está en una encrucijada, por un lado, esta la oferta de armonización de la política social de la 4T y, por otra, tener que lidiar con el crimen organizado que antes de que el Gobernador asumiera el cargo mandó mensajes sangrientos, con los asesinatos ocurridos en los municipios de Guasave y Sinaloa, donde cayeron líderes políticos y sociales, los cuales están expedientados pero sin resolver, siendo que algunos de ellos eran activos de la 4T o sea, gente que luchaba desde la izquierda por lo mismo, los de debajo de la escala social.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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