Ficrea suspendió sus operaciones el 7 de noviembre de 2014. Rafael Olvera Amezcua era el accionista principal con el 99.92 por ciento del capital de la empresa. La Sofipo tenía una cartera de crédito de 6 mil 284 millones de pesos y dejó un total de 6 mil 700 ahorradores afectados.
Hoy, a cuatro años de la intervención a la Sofipo, sólo 300 personas de las 6 mil 600 afectadas se mantienen en la lucha. Ellos pelean por sus ahorros, que ascienden a 450 millones de pesos. Por ello, el abogado encargado de la demanda asegura que se encuentran en el momento más importante de la querella.
Éste sería el primer caso en México en donde por la quiebra de una entidad financiera se demande al Estado, “es difícil afirmar una culpa al Estado, pero estamos convencidos de que la CNBV no solo toleró sino que hasta incurrió en complicidad con esta entidad financiera”, apuntó el abogado Edward Marín Regalado.
Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- A cuatro años de la intervención a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) de Ficrea, solo 300 personas, de las 6 mil 600 afectadas, exigen que les sean devueltos sus ahorros valuados en 450 millones de pesos.
En su batalla legal señalan la responsabilidad directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de su entonces director, Jaime González Aguadé. Durante este tiempo presentaron más de 100 amparos y una denuncia que llegó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero todo falló en su contra. Ahora buscan que su caso, en el que señalan al Estado como responsable de la quiebra de una entidad financiera, llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El abogado Edward Marín Regalado, representante de este grupo de ahorradores de Ficrea, explicó, en conferencia de prensa, que a cuatro años de fraude y de la intervención, están en el momento más importante en la demanda contra el Estado y la CNBV.
“Estos cuatro años han permitido superar ese mal diseño legislativo al prever que cualquier demanda contra el Estado se inicie ante la propia autoridad demandada. El caso Ficrea es un ejemplo de que la ley está mal diseñada. Se demandó a la CNBV ante la CNBV lo que es un absurdo, se litigó tres años y el resultado fue que esa autoridad se absolvió. La segunda instancia fue el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero también falló a favor de la CNBV”, dijo.
Ficrea suspendió sus operaciones el 7 de noviembre de 2014. Rafael Olvera Amezcua era el accionista principal con el 99.92 por ciento del capital de la empresa. La Sofipo tenía una cartera de crédito de 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales, 5 mil 900 millones de pesos fueron transferidos a otras empresas.
La Sofipo dejó un total de 6 mil 700 ahorradores afectados. Eran en su mayoría gente de la tercera edad y muchos ya fallecieron.
Una de las primeras denuncias fue que la CNBV intervino hasta el 19 de diciembre de 2014, ya con toda esa cantidad dinero captada.
Luego de la intervención de Ficrea, se promovieron 100 juicios de amparo, pero todos se perdieron. Se le fincaron mal los delitos a Olvera porque no fue un lavado de dinero y de eso se le acusó.
Hoy no hay más del 5 por ciento de los afectados que continúan peleando el caso. El resto, o perdieron el juicio o las esperanzas, señaló Martín Regalado. No hay más de 300 quejosos.
De acuerdo con el abogado, se optó por una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado y una contra Olvera Amezcua. Eso permitió que los afectados embargaran los bienes incautados a Amezcua para monetizarlos y recuperar su dinero. En Estados Unidos y México se le encontraron 20 automóviles de lujo.
Este sería el primer caso en México en donde por la quiebra de una entidad financiera se demande al Estado, “es difícil afirmar una culpa al Estado, pero estamos convencidos de que la CNBV no solo toleró sino que hasta incurrió en complicidad con esta entidad financiera al permitir los hechos. Nos enfrentamos a la propia Comisión porque esta autoridad impidió cualquier resolución que admitiera las demandas”, apuntó.
En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que por mayoría de votos decidió respaldar a la Comisión, quedó asentada la postura de una magistrada que señaló que sí existió una violación al principio de legalidad y de debido proceso administrativo imputable a la CNBV por una supervisión deficiente sobre Ficrea y por omisión.
“Ahora queremos que el caso lo retome la SCJN porque hay suficiente interés e importancia de resolver el fondo de este asunto. Hay pruebas de que la Comisión se comunicó con Ficrea y durante cuatro años permitió el actuar de Ficrea y no hizo nada. Si hubiera tomado medidas en 2010, la historia hubiera sido diferente. El Tribunal Administrativo dijo que el plazo que tenía la CNBV para emitir sanciones es de 5 años, si se tarda más de eso sin emitir un juicio administrativo, hay problema”, dijo.
“La CNBV lo hizo a los cuatro años, pero esa será una prueba de la intervención inoportuna”, agregó el abogado.
Otra prueba que presentarán es que en 2014, Jaime González Aguadé dijo que lo que había detonado la intervención general de Ficrea fue la triangulación de recursos, lo que confirma su responsabilidad porque el director jurídico de la Comisión reconoció que desde 2011 sabían de la existencia de la empresa con la que se triangulaba y se duplicaban cuentas.
“El propio director lo confesó. Hubo comunicación de la CNBV y Ficrea sobre este tema”, destacó el abogado.
Martín Regalado dijo que entre los afectados a los que representa hay esperanza con la entrada del nuevo Gobierno.
“Hubo ya un acercamiento en la casa de Gobierno del Presidente electo para que se les canalizará con un representante para ver si es posible llegar a un acuerdo, pero no se ha concretado. El interés está”, sostuvo.
