El 24 de mayo de 2012, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, firmó documentos con el entonces director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Copell, lo que se consideró una “alianza estratégica” para la construcción de 14 remolcadores de la mano de astilleros gallegos, siete íntegramente en Galicia y otros siete en colaboración con empresas mexicanas.
Durante los meses siguientes, el Gobierno de Feijóo celebró algunos titulares que anunciaban la instalación de Pemex en el puerto exterior de A Coruña. En realidad, de todos aquellos anuncios grandilocuentes sólo se concretaron dos pedidos de barcos, que acumularon fuertes retrasos y problemas en su construcción y posterior colocación en el mercado.
Por David Lombao y Miguel Pardo
Madrid, 6 de octubre (ElDiario.es).– Poco después de las nueve y cuarto de la noche del 24 de mayo de 2012 el informativo de la Televisión de Galicia interrumpió su ritmo habitual para conectar con el salón noble del Pazo de Raxoi, que la Presidencia de la Xunta reserva para sus recepciones más solemnes. Las cámaras del canal público mostraron en directo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rubricando documentos con el entonces director general de la petrolera estatal mexicana Pemex, Juan José Suárez Copell. El Gobierno gallego y los medios públicos dieron a aquellos anuncios dieron a la cita tratamiento de alta política, un acuerdo “de país”. Siete años después, uno de los emblemas de aquel acuerdo, el astillero vigués Barreras, acaba de solicitar el preconcurso de acreedores.
Lo que acababan de firmar, dijo Feijóo en el anochecer de aquel día en lo peor de la crisis, era “una de las mejores noticias de economía y empleo de los últimos tiempos”, una “alianza estratégica” para la construcción de 14 remolcadores de la mano de astilleros gallegos, siete íntegramente en Galicia y otros siete en colaboración con empresas mexicanas. El primer paso de un gran acuerdo que, de entrada, supondría “más de 2.6 millones de horas de trabajo” y dos mil 500 empleos entre directos e indirectos”, prometió.
Pocos meses después, en septiembre del mismo año, Feijóo bordeó la Ley electoral para solemnizar los que fueron presentados como dos primeros encargos derivados del acuerdo. Dos floteles (barcos-hotel auxiliares de las plataformas petroleras), uno para el astillero público Navantia y otro para el privado Barreras, cuya mayoría accionarial acabaría siendo comprada por la propia Pemex en 2013 mientras los barcos prometidos ascendían hasta prácticamente a la veintena.
Durante los meses siguientes, el Gobierno de Feijóo celebró algunos titulares que anunciaban la instalación de Pemex en el puerto exterior de A Coruña, una infraestructura prometida por el Gobierno de Aznar que ha consumido más de mil millones de euros y que apenas ha concentrado empresas.
En realidad, de todos aquellos anuncios grandilocuentes sólo se concretaron dos pedidos de barcos, que acumularon fuertes retrasos y problemas en su construcción y posterior colocación en el mercado. Mientras, otros dos astilleros gallegos -Freire y Armón- participaron con contratos de diseño y componentes para otros buques construidos en México. Fueron encargos relevantes en un momento de fuerte crisis del sector, pero con un peso muy inferior al que anunciaba la Xunta y su aparato propagandístico. Los problemas financieros de Pemex aceleraron la retirada de promesas mientras Feijóo admitía que, en realidad, aquellos proyectos nunca habían dependido del Gobierno gallego.
Paralelamente, el nuevo ejecutivo mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, señalaba por corrupción a algunos de los protagonistas de las fotografías de Feijóo con Pemex para solemnizar los mencionados anuncios. Uno de ellos, Emilio Lozoya, alto directivo de la compañía hasta 2016, es acusado por la Fiscalía de aquel país por delitos como blanqueo de capitales en el marco de la aprobación de la compra, por parte de Pemex, de plantas de fertilizantes que, según las acusaciones, fueron adquiridas por grandes sumas de dinero a pesar de estar prácticamente quebradas. Desde hace meses Lozoya, que sonreía junto a Feijóo en las fotos aquellos días de anuncios millonarios, está “prófugo de la justicia”, según las autoridades de ese país.
LA XUNTA VALORA PARTICIPAR EN EL RESCATE DE BARRERAS
Paradójicamente, la Xunta vuelve a aparecer en la escena de los negocios de Pemex en Galicia para valorar intervenir en el rescate del astillero privado Barreras, que la estatal mexicana compró en sus años de bonanza, cuando la compañía viguesa llevaba casi dos años sin un contrato y salía de un concurso de acreedores. Ahora la firma estatal azteca prepara su marcha, aunque antes ha destituido a la cúpula del astillero empezando por su presidente.
Barreras afronta una importante crisis y desea por una operación de rescate que no descarta la Xunta pero que planea la compañía hotelera internacional The Ritz-Carlton, que tiene un crucero de lujo construyéndose en Vigo y varios pedidos más pendientes. El sobrecoste generado por la construcción de este barco para la división naviera de la empresa hotelera abocó a Barreras al preconcurso de acreedores, que ha solicitado formalmente en el juzgado esta semana. El desfase, sobre los 240 millones del contrato, supera los 100 millones; la deuda en el pago a proveedores y equipos se sitúa en 20 millones.
Por el momento, la compañía de cruceros ya ha informado de que el estreno del barco que construye Barreras se retrasa hasta junio cuando la previsión inicial era que comenzara a navegar a principios de febrero. Además, tampoco niega su intención de quedarse en Barreras. La cuestión ahora es saber cuál será esa solución para un astillero todavía participado al 51 por ciento por Pemex. La mexicana parece dispuesta a deshacerse sin muchas trabas del negocio al que llegó en Galicia de la mano de aquel acuerdo apadrinado por Feijóo entre la Xunta y la petrolera estatal mexicana.
Por el momento, en virtud del preconcurso solicitado, la empresa tiene cuatro meses para negociar con los acreedores y, en caso de no lograrlo, se vería abocada al concurso y a la suspensión de pagos. No sería nuevo para el histórico astillero vigués, que pasó ya por un concurso en 2012, ahogado por la crisis, las consecuencias del tax lease y las millonarias deudas.
