En un comunicado, el organismo precisó que las personas jubiladas agraviadas, algunas con limitaciones motrices, demandaban el pago oportuno de sus cheques por prestaciones de seguridad social y de fin de año; así como que hubiera fondos en las cuentas bancarias para cobrarlos, cuando recibieron descargas eléctricas con armas prohibidas, fueron empujadas con bastones cortos y largos, y agredidas verbalmente, en tanto que los periodistas fueron golpeados con toletes y amenazados.
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz; a Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General del Estado, y a Hilario Barcelata Winckler, Director General del Instituto de Pensiones, por el desalojo arbitrario y violento de 35 personas mayores jubiladas que se manifestaban en diciembre de 2015 frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa, Veracruz, atribuible a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, y agresiones a dos periodistas que daban cobertura al hecho.
En un comunicado, el organismo precisó que las personas jubiladas agraviadas, algunas con limitaciones motrices, demandaban el pago oportuno de sus cheques por prestaciones de seguridad social y de fin de año; así como que hubiera fondos en las cuentas bancarias para cobrarlos, cuando recibieron descargas eléctricas con armas prohibidas, fueron empujadas con bastones cortos y largos, y agredidas verbalmente, en tanto que los periodistas fueron golpeados con toletes y amenazados.
Asimismo, sus investigaciones acreditaron violaciones a los derechos humanos a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión; así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración, atribuibles a 22 servidores públicos adscritos al Gobierno estatal.
La CNDH detalló que el caso fue de su conocimiento a través de la información periodística difundida en diversos medios de comunicación impresos y electrónicos, por lo que emitió un acuerdo de atracción debido al impacto del hecho en la opinión pública nacional para investigar la situación.
En el documento, pidió al Gobernador veracruzano que, en coordinación con el Instituto de Pensiones y la Fiscalía General, repare integralmente el daño e inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a los 35 pensionistas y a los dos periodistas; colabore en la queja que presentará ante la Contraloría General de la entidad para que investigue y determine las responsabilidades administrativas de 12 servidores públicos y demás autoridades que participaron en los hechos.
Además, la Comisión Nacional llamó a colaborar con la denuncia que presentará ante la Fiscalía General para que indagar y establecer las responsabilidades penales de 12 funcionarios públicos y demás autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública; que la Secretaría de Finanzas transfiera oportunamente al Instituto de Pensiones los recursos económicos indispensables para que se entreguen a las personas pensionadas en tiempo y forma, y se impartan al personal de las Secretarías de Gobierno, de Finanzas y de Seguridad Pública cursos de capacitación en materia de derechos humanos.
"Al Director General del Instituto de Pensiones de Veracruz se le recomendó tomar medidas para cubrir oportunamente las prestaciones de seguridad social a las personas pensionadas; colaborar con la CNDH en la denuncia que presente ante la Fiscalía General estatal para que investigue y determine las responsabilidades penales de cuatro servidores públicos y demás funcionarios de ese Instituto que participaron en los hechos, y se capacite a los servidores públicos de esa instancia en materia de derechos humanos de las personas mayores", señaló.
Por último, exigió al Fiscal estatal integrar y determinar el Acta Circunstanciada y la Carpeta de Investigación 2, con el fin de determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados; emitir una circular dirigida al personal de todas las Fiscalías de Veracruz para que colabore con las Comisiones Nacional y Estatal con la información requerida; colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General de la Fiscalía General, por la responsabilidad que por acción u omisión en que pudieron incurrir seis servidores públicos; y capacitar al personal en materia de derechos humanos de las personas mayores y periodistas.
