Desde hace nueve años, 10 familias desplazadas de la comunidad Cintalapa, en el municipio de Ocosingo, viven hacinadas en una bodega en San Cristóbal de las Casas porque fueron desplazadas de su lugar de origen. El Gobierno del estado de Chiapas no ha pagado desde hace 11 meses la renta de ese inmueble, donde están refugiados y han sido amenazados con ser desalojados.
“Venimos acá para no morir allá”, reclamaron ayer estas personas durante una protesta frente al Palacio de Gobierno de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, las y los desplazados de esa comunidad y del ejido Puebla de Chenalhó, estos habitantes han sido amenazados por grupos paramilitares que los sacaron de su comunidad y también piden a las autoridades locales condiciones que les garanticen vivir seguros.
Por Sandra de los Santos
Chiapas/Ciudad de México, 6 de octubre (Chiapas Paralelo/SinEmbargo).– Nueve años llevan desplazados de Ocosingo, Chiapas, viviendo en una bodega en San Cristóbal de las Casas de manera hacinada y ahora temen que los desalojen porque el Gobierno del estado no ha pagado la renta.
Los desplazados del ejido Puebla de Chenalhó aseguran que no hay condiciones para permanecer en el campamento de SCLC por las amenazas que han recibido.
El Gobierno del estado de Chiapas les pide a los desplazados de Chenalhó regresar al campamento.
Desde hace nueve años, 10 familias desplazadas de la comunidad Cintalapa, en el municipio de Ocosingo, viven hacinadas en una bodega porque fueron desplazadas de su lugar de origen. El Gobierno del estado de Chiapas no ha pagado desde hace 11 meses la renta de ese inmueble, donde están refugiados y han sido amenazados con ser desalojados.
Las familias desplazadas, que suman 38 personas, entre ellas 14 niños y 12 mujeres, se unieron al plantón que mantienen afuera de Palacio de Gobierno los desplazados de la comunidad Puebla, municipio de Chenalhó. En ese lugar se han congregado los diferentes grupos de desplazados.
Eva Méndez Núñez, una de las desplazadas de la comunidad Cintalapa, relata la situación de zozobra en la que se encuentran porque temen de ser desalojados cuando el coordinador de subsecretarios del Gobierno del estado, José Alberto Gordillo Flecha, llegó al campamento acompañado de personal de la Fiscalía General del Estado, Protección Civil y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El funcionario de Gobierno habló con el director del Centro de Derechos Humanos Ku´untik, Diego Cadenas Gordillo, quien es el abogado de las personas desplazadas. Le dijo que el gobierno del estado estaba abierto a negociar con ellos y les pedía a los refugiados del ejido Puebla regresar al campamento ubicado en San Cristóbal de las Casas.
La comitiva de enviados del gobierno fue rodeada por las y los manifestantes, quienes le recordaron al funcionario que tenían cinco minutas que solo se habían cumplido de manera parcial y que los problemas de fondo por lo que se originaron los desplazamientos no se han resuelto.
José Alberto Gordillo Flecha ignoró la situación de los otros grupos de desplazados y se limitaba a hablar de los del ejido Puebla.
El funcionario de gobierno no se dirigía a las y los indígenas que le reclamaban la falta de respuesta a sus demandas. Gordillo Flecha miró sólo al abogado.
Tanto las personas desplazadas como el director del Centro de Derechos Humanos le señalaron al coordinador de subsecretarios de gobierno que no tienen las condiciones de seguridad para retornar al campamento de desplazados porque han sido amenazados por el grupo paramilitar que los sacó de su comunidad: “Venimos acá para no morir allá” le dijeron al funcionario, que no era capaz de ver a los indígenas que le recriminaban la falta de atención del gobierno del estado.
En más de una ocasión, durante el encuentro, el funcionario terminó alzando la voz y confrontando lo dicho tanto por el abogado como las y los indígenas.
Los grupos de desplazados que llevan cuatro días en plantón señalaron que se reunirán de nueva con las autoridades hasta que les resuelvan las minutas ya firmadas.
