Édgar Urrutia, padre de la estudiante desaparecida denuncia que la Fiscalía General de Estado de Veracruz (FGE) supervisó la zona donde se les vio por última vez a su hija Génesis Dayana Urrutia Ramírez, a Octavio García Baruch, Leobardo Arroyo Arano y un cuarto joven del que no se tienen muchos datos y que informó que por lo menos hay 9 cámaras que serían útiles como indicios sobre los hechos. Sin embargo, únicamente entregaron una evidencia fuera de foco, sin poder integrarse a la carpeta de investigación.
Por Miguel Ángel León Carmona
Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo/BlogExpediente).– “Los padres de los cuatro universitarios desaparecidos en Veracruz se han topado con el elefante blanco más grande que tiene la Secretaría de Seguridad Pública: las videograbaciones del C4. Somos muchos a los que nos han negado tales evidencias. Se trata de omisiones sistemáticas, que evidentemente encubren cosas”
Son las palabras de advertencia de Lucía Díaz Henao, líder del colectivo Solecito Veracruz, al padre de Génesis Urrutia Ramírez, quien aseguró en entrevista telefónica que el delegado del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), en Veracruz, le ha negado ocho evidencias gráficas del momento en que su hija fue privada de su libertad por presuntos sicarios.
“En una recreación de los hechos por parte de un testigo, nos refiere que a los jóvenes los privan de su libertad sobre la avenida Díaz Mirón (en el centro de Veracruz), luego los suben a un taxi y a uno de ellos lo persiguen dos sujetos armados”, asegura Édgar Urrutia, padre de la estudiante desaparecida.
De acuerdo con el entrevistado, la Fiscalía supervisó la zona donde se les vio por última vez a los estudiantes, concluyendo que por lo menos hay nueve cámaras que serían útiles como indicios. Sin embargo, los elementos de Nabor Nava Holguín, únicamente entregaron una evidencia fuera de foco, sin poder integrarse a la carpeta de investigación.
“Con esos videos nos ayudarían a definir nombres, placas, número de taxi, complexión de o las características físicas de estas personas. Son datos que importantes para que la investigación avance, increíble que mejor los negocios cercanos nos muestren apoyo que las propias autoridades”, comparte Édgar Urrutia.
Es la situación para las familias de los jóvenes Génesis Dayana Urrutia Ramírez, Octavio García Baruch, Leobardo Arroyo Arano y un cuarto de sexo masculino, quienes cumplen 192 horas desaparecidos en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.
Problema que con base en registros de Blog Expediente, no se trata del primero durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Presuntas omisiones durante los periodos de Arturo Bermúdez Zurita y el actual secretario de la SSP, Nabor Nava Hernández, han dejado sin evidencias a madres de desaparecidos.
Pero además, está el caso del joven Gabriel Martínez Godos, preso en el penal de Pacho Viejo, por el multihomicidio en el antro Madame, del pasado 22 de mayo. Los abogados del detenido, aseguran que su cliente fue levantado por elementos de la SSP horas antes de que Luis Ángel Bravo lo evidenciara ante los medios como uno de los responsables de la masacre en la capital jarocha. Hasta la fecha, las grabaciones anexas al centro comercial Las Américas, sieguen sin ser facilitadas a la defensoría.
A continuación, se muestran algunos de los casos más emblemáticos, en que los familiares de las víctimas, responsabilizan al personal de la SSP por presuntas omisiones e incumplimientos legales a sus deberes. Delitos según dicta el artículo 319 del Código Penal para el Estado, deben ser penalizados con cárcel.
CASO LUIS GUILLERMO LAGUNES DÍAZ
Se trata de Guillermo Lagunes Díaz, hijo de la hoy líder del colectivo Solecito Veracruz, Lucía Díaz Henao. Con base en la carpeta de investigación APVeracruz1047, el joven de 29 años fue sustraído de su domicilio la madrugada del 28 de junio de 2013, en el fraccionamiento Reforma, Veracruz (zona de estrato social medio). Sus captores apenas le dieron tiempo de vestirse y se lo llevaron.
Unos de los colaboradores del joven plagiado, dictaron ante el ministerio público de Veracruz que estuvieron en contacto con los secuestradores de Luis Guillermo y que además entregaron una cantidad de dinero en efectivo en la ciudad de Xalapa, Veracruz El motín presuntamente se entregó sin que la libertad de Lagunes Díaz se lograra.
De acuerdo con Lucía de los Ángeles Genao en el lugar pactado por los secuestradores para la recompensa había un circuito de videovigilancia del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4).
“Apenas me enteré de ese dato y solicité las grabaciones con el ministerio público, la respuesta fue que los videos ya habían sido borrados. De ese tamaño fue la negligencia de la agencia sexta. Yo le llamo negligencia aunque posiblemente haya sido más que ello” comenta la entrevistada.
Se han gastado 29 meses desde aquel posible secuestro. La madre nunca consiguió las grabaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy, Lucía Díaz, aprovecha el espacio para aconsejar a los padres de los cuatro estudiantes, desaparecidos en Veracruz.
“Estos padres, desafortunadamente no conocen a las autoridades de Veracruz. Tienen que hacer mediático este caso y de inmediato. ¿Cómo resolvieron el problema los padres de Tierra Blanca?, haciendo una mediatización brutal. Si no se difunde el caso de sus hijos, se va a quedar así”.
“El C4, es un mecanismo inútil, solo una pantalla, pues nunca consiguen evidencias. Las pocas ocasiones que han facilitado videos, se los han dado a las familias en condiciones inservibles. Ojalá estas personas reaccionen y resuelvan pronto su problema”, comparte la buscadora de fosas clandestinas.
CASO DIEGO YAIR VALERIO GARCÍA
Con base en la carpeta de investigación 443/13 ante el Ministerio Público de Córdoba, Veracruz, Diego Yahir Valerio García fue privado de su libertad la madrugada del domingo cuatro de agosto de 2013, en el interior del centro nocturno Pitbull, sobre el bulevar Córdoba-Fortín.
La entonces novia del joven de 17 años, Adela del Carmen Peñuela, refirió que dos patrullas estatales se estacionaron afuera del sitio y apagaron las torretas. Posteriormente hombres armados, aparentemente uniformados de policías, gritaron: “Hijos de su puta madre. Se los va a llevar la verga”. La versión fue respaldada por el encargado del antro, meseros, y demás presentes.
Para el día cinco de agosto de 2013, Mónica Miguelina García Heredia, madre del menor de edad, solicitó a Raúl Lagos, entonces Fiscal número siete, solicitara las grabaciones del bulevar Córdoba – Fortín al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4).
Luego de diez días, mediante un oficio remitido por el Centro C4 de Xalapa, la madre fue informada que la solicitud la habían recibido del M.P. hasta el día 12 de agosto de 2013, es decir siete días posteriores a los hechos. Y que desafortunadamente ya no había información gráfica, pues el material se había eliminado como cada ocho días.
“Ahí seguro había respuestas. Pude haber seguido la pista de mi Dieguito, pero me la hicieron cansada”, reclama hasta la fecha la integrante del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba – Orizaba.
CASO JOSÉ RICARDO CERVANTES HERNÁNDEZ
El caso de José Ricardo Cervantes Hernández pudiera tratarse de las más recientes faltas por parte de la policía de Nabor Nava Holguín. Las últimas referencias vitalicias del menor de 16 años, datan del 15 de agosto del 2016, en el estado de Jalisco, en manos de su presunto captor.
Judith Hernández Rivera, madre del desaparecido, acudió a las instalaciones del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), en Fortín de la Flores. Allí la recomendación fue que acudiera a Boca del Río, Veracruz, al cuartel general de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), pues ellos podrían rastrear la ubicación satelital del teléfono celular del muchacho.
Respuesta de los elementos de la SSP, que se opone a la misión del C4, publicada en la página de internet de la Secretaría de Seguridad del Estado:
Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4): “Es el órgano dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, encargado de proveer, mediante tecnología computacional e infraestructura de comunicaciones a nivel estatal conectada a una red nacional, mecanismos para la coordinación de acciones en materia de seguridad pública de las distintas instancias, asimismo es el responsable de Coordinar y Operar el Servicio Telefónico de Atención a Emergencias 066, a través del cual la ciudadanía reporta emergencias, faltas y delitos que son canalizados a las Instituciones de Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y las demás asistenciales Públicas y Privadas para su atención”.
Son algunos de las barreras que ha enfrentado la madre de José Ricardo Cervantes. Temerosa por la ola de desapariciones y asesinatos, en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, decide exponer su caso, con la única intención: recuperarlo con vida.
CASO GABRIEL MARTÍNEZ GODOS, PRESO EN PACHO VIEJO
Han pasado cinco meses desde que Gabriel Martínez Godos fue ingresado al penal de media seguridad en Pacho Viejo Veracruz, señalado como presunto culpable por la matanza en el antro Madame, del pasado 22 de mayo.
Con base en el juicio de amparo número 369/2016, firmado por Rosalba Godos Gómez señala:
1.- El joven fue levantado por elementos de la Policía Ministerial el día 23 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 19: 30 horas, en la entrada principal al centro comercial Plaza Cristal, como se demostraría con videos y personas que estuvieron presentes al momento de los hechos.
La madre resalta que el presunto culpable fue detenido sin orden de aprehensión, en un operativo irregular. “Jamás había sido detenido, por lo cual no contaba con antecedentes penales. Pienso que esos policías andaban por allí viendo a quien agarrar para echarle la culpa y lo escogieron a él por verlo tan débil”.
La familia de Martínez Godos, al ignorar para entonces el paradero del joven, procedió a imponer una denuncia de desaparición al ministerio público de Xalapa, con número de investigación (UIPJ/DXI/F4/2038/2016).
A la fecha, la defensoría del joven de 20 años sigue esperando que la solicitud de las grabaciones del C4 les sean entregadas, pues aseguran se trata de una de las diversas pruebas que librarían al detenido de la pena máxima.
