De modesto funcionario público a prominente empresario de la construcción, Egidio Torre Cantú ocupa, más por circunstancias políticas que por méritos propios, la gubernatura de Tamaulipas. El asesinato de su hermano Rodolfo lo catapultó al poder en medio de una de las mayores crisis de inseguridad en uno de los estados institucionalmente más violentados del país.
Tamaulipas transitó así de la gestión de Eugenio Hernández Flores (2005-2010) al mandato de Egidio Torre Cantú. Antes administraron esa entidad Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2005), Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), Américo Villarreal Guerra (1987-1993) y Emilio Martínez Manatou (1981-1987). Todos emanados del PRI, con diferente peso y herencia política, con cada vez menor influencia en el plano nacional.
A diferencia de la histórica participación de los políticos tamaulipecos, Hernández Flores y Torre Cantú vieron reducir su margen de acción. El primero acotado por los dividendos de su administración –incluso al grado de detener su carrera partidista– y el segundo con apenas ocho meses de gestión marcados por el luto político y el pesar ciudadano por la inseguridad.
La desatención social y el debilitamiento institucional, paralelo al fortalecimiento de grupos criminales, terminaron por degradar la calidad de vida de los tamaulipecos. Sin minimizar la problemática en otras latitudes, como Michoacán, Guerrero, Baja California, Durango, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua, además de un largo etcétera, en Tamaulipas la situación se agravó por la escasa o nula información, y la incertidumbre de lo que realmente ocurría –o sigue ocurriendo– en la entidad.
Es decir: el vacío informativo en el que cayeron los medios locales y la deficiente comunicación oficial impactaron en los últimos años para formar de Tamaulipas una idea de ingobernabilidad. La corrupción en las aduanas; el tráfico de personas, drogas y armas; la creciente migración ilegal; la infiltración criminal en instituciones de seguridad y justicia; el debilitamiento de las corporaciones municipales, y la descarada y constante agresión contra la sociedad civil son muestras de esta descomposición.
En el recuento de los daños basta con recordar el testimonio de una ciudadana de Camargo que con valentía video grabó y difundió en internet. Con la voz alterada y temerosa de ser descubierta, captó escenas de los daños que deja una guerra sin cuartel: kilómetros de vía pública invadidos de casquillos y vehículos destrozados, sin el aparente asomo de fuerzas de seguridad. Un claro ejemplo de la afectación a los ciudadanos, que como en otras partes del país, pero no con tanta intensidad, debieron huir de sus comunidades.
En estos días, voltear a ver a Tamaulipas es relevante por tres razones:
1). Ante la reciente aprobación legislativa en Tabasco y la sanción de dos ciudadanos en Veracruz relacionadas con el uso “indebido” de redes sociales, cabe hacer la pregunta: ¿Qué habría sido de Tamaulipas sin esta herramienta de comunicación que adoptaron los civiles para informar de lo que nadie podía hablar? En el supuesto de que ya se pueda informar, ¿no fue este el medio para conocer de motines, asesinatos y un sinfín de hechos violentos? ¿No fue esta la contraparte ante las presiones (y en algunos casos acuerdos) para no informar desde la prensa local? Es cierto, a veces mediante versiones y trascendidos, pero que arrojaban luz en medio de la oscuridad.
2). Luego de la escalada violenta en Coahuila y Nuevo León, que antecedieron al quinto informe presidencial de Felipe Calderón, centrado en llamados públicos a no frenar e incluso intensificar la lucha anticrimen por la vía de la fuerza “institucional”, resulta imperante evitar caer en obstinaciones duras de saldos y cifras, y en su lugar atender a las víctimas colaterales de por sí olvidadas. ¿Cuándo señalar que la guerra concluyó… y que es tiempo de la reconstrucción? Las familias mexicanas aún esperan, en tanto involuntariamente se gesta en tiempo real una generación de víctimas. ¿En qué momento marcar el resurgimiento de las instituciones en Tamaulipas y proclamar la recuperación de territorios perdidos (o cedidos)? No entender el vacío de autoridad es el primer retraso.
3). La detención –el miércoles pasado en San Luis Potosí– y presentación de Mario Ruiz Pachuca, coordinador de asesores y titular de Comunicación Social en el sexenio de Eugenio Hernández Flores, ante la justicia de Tamaulipas son de llamar la atención. Esta investigación, que involucra a uno de los colaboradores más cercanos del ex gobernador, tiene el objeto de desmembrar pistas en materia de secuestro, tortura, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito, además de hacer pública la relación que se guardó en materia de transparencia y relación con medios de comunicación. Es, aseguran las indagatorias, el inicio de varios procesos.
En medio de esta realidad se encuentra Egidio Torre Cantú, reservado en público y cauto ante las circunstancias, con un compromiso acelerado que asumió en seis días y que se extendió seis años ante la inminente victoria del PRI: desde el asesinato de su hermano Rodolfo, la mañana del lunes 28 de junio, al día de la elección, 4 de julio de 2010. Tal es la magnitud de las heridas, que la cabeza del Ejecutivo estatal es una víctima colateral. Sin duda, representante de los miles de afectados.
