La FGR sostuvo un proceso penal en contra de José Antonio “N” por la adquisición innecesaria y sin justificar de aeronaves y drones, la cual generó un gasto de 614 millones de pesos.
Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- Una Jueza concedió una sentencia absolutoria para José Antonio “N”, exdirector de Servicios Aéreos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien enfrentaba un proceso penal por uso indebido de atribuciones y fraude equiparado, informó este martes el General Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“La Jueza ordenó el levantamiento de las medidas cautelares a las que se encontraba sujeto José Antonio, consistentes en presentación periódica mensual, exhibición de una garantía de un millón de pesos y la prohibición de salir del país”, explicó Bucio.
Durante el segmento “Cero Impunidad” de la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el General detalló que la Jueza Alejandra Domínguez Santos, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal Reclusorio Norte, otorgó la libertad a José Antonio “N” el pasado 15 de julio.
El exfuncionario habría celebrado en 2013 y 2015 dos contratos para la adquisición de aeronaves no tripuladas y drones por una cantidad superior a 614 millones de pesos.
“La Jueza consideró que la adquisición de las aeronaves estuvo justificada bajo la partida de gastos de seguridad pública y seguridad nacional”, agregó el Subsecretario.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó en la audiencia que el exfuncionario no justificó los supuestos de urgencia, riesgo y confidencialidad que pide la Ley. “Estos argumentos fueron desechados por la Jueza Alejandra Domínguez Santos”, señaló.
“Por ello, la Fiscalía General de la República interpondrá un recurso de apelación contra esta determinación y procederá penalmente contra la Jueza por delitos contra la administración de justicia”, concluyó Bucio.
El 15 de marzo de 2022, fue vinculado a proceso José Antonio “N” luego de que, tras una investigación, la Fiscalía General de la República detectara una serie de irregularidades en la adquisición de aeronaves, las cuales no eran urgentes ni estaban justificadas.
El primer contrato firmado en 2013, con un valor de 427 millones 46 mil 195 pesos, permitió la adquisición de dos aviones no tripulados Dominator XP, de la marca israelí Aeronautics Defense Systems Ltd., y tres drones RQ-170 Sentinel, fabricados por la compañía Lockheed Martin Corporation.
El segundo contrato firmado en 2015, con un valor 187 millones 775 mil pesos, fue destinado a la compra de dos aviones no tripulados Aerostar.
Los aparatos fueron comprados por adjudicación directa a la empresa israelí Balam Seguridad Privada S.A. de C.V. Una de las aeronaves fue entregada con 16 días de retraso, mientras que las restantes se entregaron 183 días después del plazo.
