La única organización internacional que trata el tema, Acid Survivors Trust International (ASTI) habla de la existencia de unos mil 500 ataques al año en todo el mundo, pero alerta que el número real puede ser mayor porque muchos “no se reportan y aunque se denuncien puede ser clasificados bajo otro tipo de delitos”, afirma Jaf Shah, su director.
Por María Verza y Ginnette Riquelme
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuando Elisa Xolalpa tuvo tres hijas y un trabajo que disfruta y con el que mantiene a su familia logró una de sus victorias: hacer fracasar el deseo de quien hace dos décadas la atacó con ácido con la intención de enterrarla en vida. Otra sigue pendiente: que se haga justicia.
En un país como México, con altos niveles de violencia en general y contra las mujeres en particular y donde las feministas han sido fuertemente criticadas por las autoridades por salir a las calles a exigir el fin de la impunidad, un grupo de supervivientes de ataques con ácido ha comenzado a levantar la voz.
“Pensaba que era la única”, explica Xolalpa. “Pero ya no estamos solas”.
La Fundación Carmen Sánchez, que opera formalmente desde principios de año con el nombre de su directora, tiene registrados 29 ataques, cinco de ellos en 2021. El número puede parecer anecdótico en un país con 126 millones de habitantes, pero temen que sea sólo la punta del iceberg.
Por eso exigen cambios legales para que los ataques sean considerados en todo el país como intentos de feminicidio. Aspiran a que poner un muelle en una garganta deshecha o pasar por el quirófano para que pueda abrirse un ojo sean consideradas cirugías de primera necesidad. Reclaman ser vistas, aunque ver sus caras duela.
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“Mamá, ¿Qué es el ácido?”, le preguntó un día Daniela, de 9 años, a su madre. Elisa Xolalpa recuerda que por un instante se quedó muda. Luego contestó que era un líquido que utiliza en el invernadero y que es peligroso. Otro día la pequeña salió llorando desconsolada de la escuela. “Unos niños me dijeron que eras muy fea, mamá, y no es cierto”, recuerda que le dijo.
Xolalpa tiene 38 años y mirada dulce. Disfruta cultivando flores como hacían sus ancestros, en balsas de tierra -las chinampas- sobre la zona lacustre del sur de Ciudad de México, el barrio de Xochimilco. Sabe que uno de sus pendientes es explicar a sus tres hijas pequeñas, fruto de su segunda pareja, el ataque que le cambió la vida y tras el cual sólo deseó morir.
Ahora, sin embargo, está centrada en prepararse psicológicamente para la audiencia prevista el 18 de agosto en la que espera que un Juez procese a su agresor, detenido apenas en febrero, a 20 años del ataque y después de tres denuncias y numerosas amenazas.
De momento, sólo está acusado de violencia familiar, pero ella confía en que le sentencien a varios años de prisión y que después puedan prosperar cargos formales por intento de feminicidio.
Xolalpa se ha sentido desdeñada incluso por el abogado de su atacante. “Dice que estoy bien porque pude formar una familia”, afirma indignada. Reconoce que se involucró en su segunda relación con el padre de sus hijas para “sentir que podía agradarle a alguien a pesar de las cicatrices”. “Fue un error, yo sigo dañada”.
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Quemar a alguien con ácido implica querer disolver a una persona física y psicológicamente, causar daños permanentes. Y es premeditado, afirma Naciones Unidas.
A Xolalpa la ataron a un poste antes de arrojarle el químico. El ácido deshizo las cuerdas pero también su ropa y su cuerpo mientras corría medio desnuda en busca de ayuda. Tenía 18 años y un hijo de su agresor. Lleva 40 cirugías en su cuerpo.
Entre las víctimas de los ataques con ácido hay hombres y niños, pero el 80 por ciento son mujeres generalmente atacadas por parejas o exparejas o por personas pagadas por ellos. El objetivo: venganzas o celos, dice ONU Mujeres.
“Nos consideran de su propiedad y actúan bajo el esquema de ‘si no vas a ser mía, no vas a ser de nadie’”, explica Sayuri Herrera, Fiscal Especializada en feminicidios de la Ciudad de México.
Y aunque esta violencia se asoció a países del sudeste asiático, Shah asegura que no pueden vincularse a ninguna región, cultura o religión aunque sí a “profundas desigualdades económicas y sociales de género”.
Entre las supervivientes hay de todo: una miss italiana, una estudiante ugandesa, una saxofonista mexicana, profesionales de Colombia, campesinas de Nepal, jóvenes de Bangladesh o trabajadoras británicas. Según ASTI, la ciudad de Londres batió récords en 2017 con 456 ataques.
La ONG sólo tiene registros de un país latinoamericano, Colombia, donde llegó a haber 100 atentados al año.
En México las cifras están aumentando, reconoce la Fiscal Sayuri Herrera. No hay estadísticas oficiales claras, pero no dejan de aparecer casos, tanto actuales como del pasado.
Ximena Canseco, historiadora y cofundadora de la Fundación Carmen Sánchez, recuerda cómo en sólo un día, el 29 de julio, les contactó una sobreviviente de hace 30 años y encontraron un mensaje de auxilio en Facebook de la madre de una joven a la que acababan de lanzar ácido desde una moto.
Por si fuera poco, ese mismo jueves se enteraron de la muerte por COVID de una compañera que sólo se había atrevido a hablar de su caso semanas antes. “Nunca lo hizo público, lo había perdido todo y seguía recibiendo amenazas, estuvimos hablando una hora”, recuerda Canseco. Murió con 30 años y sin justicia.
En junio, un grupo de mujeres, entre ellas Xolalpa, se plantaron ante las oficinas de la Fiscalía capitalina para presionar sobre sus procesos. Ahora este departamento revisa investigaciones originariamente iniciadas por lesiones graves por si procede recalificarlas como intento de feminicidio.
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El futuro de las mujeres atacadas con ácido en México cambió en una consulta médica de Colombia, allá por 2017.
Gina Potes, hoy de 45 años, y la primera superviviente en un ataque con “agente químico” en América Latina de la que se tiene noticia, recibió una videollamada camino del doctor. Era Carmen Sánchez.
La mexicana la contó cómo tres años antes, cuando estaba desayunando con su madre y hermanas su expareja entró en la casa y la arrojó el líquido corrosivo. Luego huyó en el vehículo de un cómplice mientras ella sentía cómo la barbilla se le quedaba pegada al cuello y el celular se derretía en sus manos.
“Me contó todos sus dolores, lloró, me habló de sus cirugías”, explica Potes que desde que fundó en Colombia el colectivo “Reconstruyendo Rostros” se dedica a ayudar a otras mujeres que pasaron por lo mismo que a ella.
La conversación continuaba cuando la colombiana llegó al médico así que la avisó: “mira me voy a empelotar, pero seguimos platicando, no te preocupes”.
Así fue que esta mujer de pelo alborotado, piernas largas y lindos ojos, según ella se describe y que tras el ataque sufrido en 1996 pensó que se había convertido en un monstruo, se desnudó ante la cámara de su celular y la mirada perpleja de la mexicana.
Verla mostrar sus cicatrices sin pudor zarandeó a Sánchez. Entendió que esconder lo que ha había pasado no ayudaba. Y mientras buscaba justicia en su caso y se sometía a operación tras operación –lleva 61– comenzó a platicar con otras mujeres, a buscar donantes y ayuda de abogados, psicólogos y doctores.
“Desde el principio sólo tuve dos opciones: o me dejaba morir, cosa que sí pensé muchas veces, o miraba mis cicatrices, las de adentro y las de afuera, y entendía que esa era mi nueva realidad”, explicaba Sánchez a finales de julio al recibir un premio de la Cámara de Diputados de México.
Ahí dejó claro a los legisladores que las mujeres como ella no sólo se enfrentan a la violencia del agresor, sino también a “la indiferencia e impunidad del Estado, a la revictimización de los medios de comunicación y a la exclusión y discriminación social y laboral”.
Naciones Unidas ha destacado la importancia de modificar las leyes para que reflejen la gravedad del delito y ayuden a la reinserción de las víctimas, como ha sucedido en Camboya, Reino Unido o Colombia.
En México sólo tres de los 32 estados reconocen estos ataques como intentos de feminicidio, un país donde la violencia de género no cesa.
En la primera mitad de 2021, asesinaron a mil 879 mujeres y lesionaron a más de 33 mil, según datos del Gobierno federal. Además, se denunciaron casi 10 mil 500 violaciones y más de 23 mil 900 casos de violencia familiar, dos delitos que en marzo y mayo respectivamente batieron récords.
Y de esas violencias previas es donde puede salir el siguiente ataque con ácido, alerta Sánchez, porque en su caso y en el de la mayoría, los atentados se producen cuando ellas deciden separase del agresor.
“El agente químico es la gota que derrama el vaso, tienes que sentarse a mirar todas las gotas de violencia previa, familiar y social”, coincide la activista colombiana.
Para Xolalpa, una de las principales lecciones a lo largo de estos años es “la violencia no se puede normalizar” y eso es lo que quiere transmitir a sus hijos. Muchos miedos persisten pero su determinación es clara. “Tengo que transformar este dolor en otra cosa”. De momento, toca exigir justicia y no callar.
