Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validara el triunfo de Enrique Peña Nieto, ¿en qué escenario se daría su toma de protesta? Descontento social, manifestaciones y juicios postelectorales son sólo algunos de los obstáculos que tendría que enfrentar el candidato de la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista Mexicano (PVEM) antes de llegar a este momento, y hasta ahora resulta imposible pensar en una ceremonia de investidura sin contratiempos.
Recordemos cómo se dio la sucesión durante 2006. Cuatro minutos antes de la media noche del 30 de noviembre, cuando terminaría de manera oficial su periodo constitucional, Vicente Fox Quesada se quitó la banda presidencial y la entregó a un cadete, en una ceremonia de corte militar realizada en Los Pinos. Según la versión oficial, este acto para traspasar el Poder Ejecutivo tuvo como fin realizar el relevo de mandos ante las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Armada y Seguridad Pública, cuyas funciones no pueden interrumpirse. Pero la lectura general era otra: existía un temor generalizado de que Felipe Calderón Hinojosa no llegara a rendir protesta ante el Congreso de la Unión.
Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tomaron por días el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro para tratar de impedir que Calderón Hinojosa recibiera la investidura presidencial en ese recinto, como en ese entonces lo marcaba la Constitución. Sin embargo, éste llegó a la tribuna principal por un salón trasero. En menos de cinco minutos recibió la banda presidencial y rindió protesta, en medio de un ruido inédito: por un lado, aplausos y gritos de “¡México!”; por otro, gritos, silbatazos y abucheos.
Dolores Padierna, senadora electa y actual secretaria general del PRD no descarta que acciones semejantes se puedan realizar este 1 de diciembre: “Estamos convocados los próximos legisladores y legisladoras un día determinado para decidir ese asunto. Lo primero que tenemos que hacer es ver la evolución de este proceso, y ya muy cercano a diciembre (…) reunirnos para decidir. De momento, no hay ninguna definición al respecto”.
REFORMA POLÍTICA: ¿ESTABILIDAD O BLINDAJE?
Por su parte, Arturo Zamora Jiménez, senador electo por el PRI y actual diputado federal señaló que las circunstancias actuales son muy distintas a las del sexenio anterior. “En el año 2006 era menos de medio punto la diferencia, hoy estamos hablando casi de cuatro puntos, en aquel entonces era de 200 y tantos mil votos, hoy estamos hablando de una diferencia de varios millones de votos”.
Además, indicó que de acuerdo con la reforma constitucional ratificada por 17 congresos estatales y aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ahora “hay cuatro opciones para la toma de protesta, porque es importante la estabilidad y la gobernabilidad del país”.
La reforma política aprobada el 18 de julio que modifica el artículo 87 constitucional indica: “En caso de que el presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
Esto hace que, la toma del Palacio Legislativo de San Lázaro sea una posibilidad menos viable que en 2006. Por un lado, Peña Nieto podría rendir juramento ante diferentes organismos legislativos, lo que haría más complicado articular una protesta como la del sexenio pasado, y por otro habría que considerar también que ahora el acto puede realizarse en una sede alterna, ante el Ministro Presidente de la SCJN, Juan Silva Meza.
En opinión de Padierna, hubo una presión para que la comisión permanente aprobara que el presidente electo pueda protestar ante diversas instancias, y “no necesariamente ante el pleno del Congreso como ocurría antes. Se ve tan débil Peña Nieto, tan vinculado al PRI con Efra y Monex,” que incluso la nueva legislación, aún por publicarse en el Diario Oficial de la Federación, “ya regula qué hacer cuando no hay presidente de la República, cosa que nuestra legislación antes no consideraba”.
Ciertamente, el escenario que se ha construido con la reforma política favorece la transición del 1 de diciembre. Como declaró el senador priísta Manlio Fabio Beltrones la nueva legislación garantiza que “en el futuro ningún Presidente tenga que pasar por ese bochorno, ese estado tan inconveniente de haber entrado por la puerta de atrás del Congreso” que vivió Calderón en 2006.
LA BATALLA LEGAL
Actualmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atiende 500 juicios de inconformidad por los comicios del 1 de julio. De ellos, 355 se relacionan con la elección presidencial, de acuerdo con el magistrado Pedro Esteban Penagos, y podrían resolverse antes de la fecha límite del 6 de septiembre.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza entre el PRD, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano afirmó que no encabezará plantones ni toma de avenidas como ocurrió en 2006. Pero dentro de su Plan Nacional de Defensa de la Democracia y la Dignidad de México, llamó a los ciudadanos a asistir a asambleas en las principales plazas públicas del país y recabar pruebas de las irregularidades electorales.
A pesar de estas acciones, Padierna Luna, secretaria general del PRD, duda de que los recursos legales puedan favorecer a su partido. Como afirmó en entrevista exclusiva el diputado priísta Arturo Zamora Jiménez, autor de siete libros relacionados con el derecho penal y el derecho electoral, “en caso de que se comprobaran delitos electorales esto correspondería a la Fiscalía Especializada
Para la Atención de Delitos Electorales” (FEPADE). Sin embargo, “para que se compruebe un delito electoral tiene que haber consignación, ejercicio de acción penal, un juicio; pueden pasar uno o dos años y después habrá una sentencia”, puntualizó.
En la entraña del PRI hay cierta seguridad de que los procesos legales no afectarán el virtual triunfo de Peña Nieto. “Hicimos un análisis el año pasado y el 98 por ciento de las consignaciones que esta autoridad ha realizado a lo largo de su historia han sido por pérdidas de credenciales, pocas veces se ha visto que se compruebe un delito electoral”, apuntó Zamora, quien ha sido investigador y profesor de la Universidad de Guadalajara por más de 25 años. “Es materialmente imposible que se ofenda a tantos millones de mexicanos pretendiendo decirles que vendieron su voto”, concluyó.
La legislación reconoce sólo tres escenarios de nulidad de la elección presidencial. El artículo 77 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral los define: que se acredite alguna de las causas de nulidad en al menos 25 por ciento de las casillas, que no se hayan instalado 25 por ciento o más de las casillas previstas y por lo tanto no se hubiera recibido su votación correspondiente, o que el candidato ganador resulte inelegible.
Así, las probabilidades de que el Tribunal declare nula la elección son muy remotas: habría que probar los delitos electorales que la legislación tipifica, en por lo menos la cuarta parte de las casillas del territorio nacional.
MOVILIZACIÓN SOCIAL
“Si se obliga a elegir a quienes nos gobiernan, los que nos gobiernan terminarán obligándonos sin que los elijamos”, afirma el texto impreso en papelitos repartidos en algunas estaciones del Metro por estudiantes de Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
La inconformidad poselectoral ha unido en diversas marchas y foros a organizaciones tan diversas como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, el movimiento #YoSoy132, el Sindicado Mexicano de Electricistas (SME), el Frente Popular Francisco Villa y comuneros del municipio autónomo de Cherán, entre otros.
Como parte de esta articulación el 14 y 15 de julio el FPDT y #YoSoy132 convocaron a la Convención Nacional Contra la Imposición, en San Salvador Atenco, donde que participaron más de dos mil personas y 250 organizaciones provenientes de 25 estados de la República y acordaron tácticas y estrategias para evitar la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.
Adán Espinosa Rojas, uno de los líderes del Frente, explicó que para ellos sigue pendiente el castigo contra el priísta por las mujeres que fueron violadas y los dos jóvenes muertos durante las agresiones sufridas por su pueblo en 2006. “Por eso para nosotros era un deber moral apoyar a los estudiantes cuando tomaron la bandera de Atenco”, afirmó.
El poder de convocatoria de estos movimientos se ha probado recientemente: en la marcha del domingo 22 de julio que se realizó simultáneamente en veinte ciudades de la República, y la toma pacífica de las instalaciones de Televisa, realizada durante los preparativos para la transmisión de la inauguración de los Juegos Olímpicos.
En este contexto, se vislumbra un horizonte con movilizaciones constantes que, como se ha visto hasta ahora, crecerán en forma paulatina antes del 1 de diciembre. Marchas, bloqueos y toma simbólica de edificios marcarían el día marcado en el calendario para el cambio del Poder Ejecutivo y, si el Tribunal Electoral valida la elección, Peña Nieto iniciaría su periodo presidencial sin el reconocimiento de millones de mexicanos, para quienes representa la imposición de distinto grupos de poder.
EN EL EXTERIOR, DESFIGURADA LA IMAGEN DE EPN
Desde el escándalo iniciado por las publicaciones del diario británico The Guardian sobre el apoyo de Televisa a Enrique Peña Nieto, la relación de éste con la prensa internacional dista mucho de ser idílica.
La definción de México como “la dictadura perfecta” fue acuñada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa en los 90. La agencia de noticias Reuters, con sede en Londres y Le Monde Diplomatique fueron sólo algunos de los medios que retomaron la expresión desde la víspera de la elección presidencial y tras el 1 de julio para hablar del resultado electoral. Reuters también se refirió a él como “la nueva cara de los de los viejos gobernantes de México”, y CNN cuestionó si su triunfo significaba buenas noticias para México.
En un artículo publicado en el diario español El País, Jorge Zepeda Patterson habló sobre la construcción mediática de su triunfo y, en el mismo medio, el escritor Sergio Pitol afirmó que el actual PRI no es igual, “¡Es peor! No ha cambiado. Es el mismo: dinero, corrupción, impunidad… Es más peligroso, porque finge que es otro y no es así”.
Con esta imagen circulando a nivel mundial y un creciente descontento popular que se extiende por muchas ciudadades del país, ¿será capaz de sostenerse en pleno siglo XXI esta llamada “imposición”?
*Con información de Arturo Cuevas Manzanares
