Apenas esta semana, Gómez había estado en la conferencia matutina del Presidente López Obrador para informar que el Consorcio Latinus obtuvo dos mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales entre 2019 y 2024, y descartó que se investigue al periodista Carlos Loret de Mola.
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, fue hospitalizado en la capital del país, debido a que sufrió una taquicardia provocada por una deshidratación, pero se encuentra “bien y estable”, y no sufrió ningún infarto.
“Con relación a la salud del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, informamos que se encuentra en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, al que ingresó por una taquicardia provocada por deshidratación. Gómez Álvarez se encuentra bien y estable. No sufrió un infarto y se está estudiando el cuadro clínico”, señaló la dependencia en una tarjeta informativa.
Gómez Álvarez, dirigente estudiantil en su juventud, y luego un destacado político de izquierda, tiene 77 años.
TARJETA INFORMATIVA-13LA LLEGADA DE GÓMEZ A LA UIF
A finales de 2021, Gómez Álvarez es un emblema de la izquierda de México, y es también desde entonces un símbolo de la lucha anticorrupción del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como sustituto de Santiago Nieto Castillo en la UIF.
Gómez Álvarez llegó a esta institución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras ser derrotado por la oposición en su búsqueda de la reelección de Diputado federal, en junio, y sin ninguna experiencia en la administración pública, porque su trayectoria ha sido en la actividad partidista, desde que el Partido de México (PCM) era ilegal, y parlamentaria.
Cuatro veces Diputado federal, dos veces Senador y militante de los partidos Comunista de México, Socialista Unificado de México (PSUM), Mexicano Socialista (PMS), de la Revolución Democrática (PRD) y Morena, el economista Gómez Álvarez llegó entonces por vez primera al Gobierno federal, tras la decisión de Nieto Castillo de renunciar “por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente”: su boda con la Consejera Carla Humphrey.
El líder del movimiento estudiantil de 1968 y preso político en Lecumberri ya ha sido partícipe de acciones derivadas de las investigaciones de Nieto Castillo y la UIF, como el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que condujo como presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
EL CASO LATINUS
Apenas el miércoles pasado, Gómez Álvarez informó que el Consorcio Latinus obtuvo dos mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales entre 2019 y 2024, y descartó que se investigue al periodista Carlos Loret de Mola.
Desde Palacio Nacional, desglosó que los gobiernos estatales de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo y Michoacán; así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le han dado más de dos mil 437 millones de pesos en contratos.
“Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ha juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus. Conclusión: de las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista o dueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus”, dijo el titular de la UIF .
“La denuncia que presentó la UIF, hace años, contra Latinus, no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedica a esta actividad”, sostuvo.
Pablo Gómez explicó que el Consorcio Latinus está compuesto por cuatro empresas, pero que son dos (Digital Beacon Programatic y BCG Limited Consulting) las que cobran de entidades públicas, y que todos sus ingresos provienen de las mismas. También precisó que el consorcio recibe de manera directa dinero de contratos con los gobiernos estatales de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; mientras que de manera indirecta recibe de tres empresas (Diseño de Salud Integral, Digimedical y Samedic) recursos del TEPJF, y de los gobiernos estatales de Michoacán, Estado de México e Hidalgo.
“¿Por qué se ha denunciado a este consorcio? Por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República”, mencionó el funcionario.
