El Consejo de la Judicatura Federal —que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación— ha sancionado a 27 magistrados y 26 jueces en los últimos cinco años por causas que van desde faltas administrativas hasta acoso laboral o sexual, nepotismo, el uso indebido de recursos y el no justificar legalmente la procedencia de sus ingresos. De estos, solo cinco han sido destituidos de su puesto—un magistrado y cuatro jueces—, el resto han sido inhabilitaciones temporales, apercibimientos y sanciones económicas.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– “A partir del mes de septiembre del año 2011, empecé a ser acosada por el Magistrado Margarito Medina Villafaña, quien cada vez que llegaba a nuestro centro de trabajo se acercaba y de manera lasciva me tomaba de la cintura jalándome hacia él”, se lee al inicio de la denuncia que presentó una trabajadora del Segundo Tribunal Colegiado en material penal del Sexto Circuito en Cholula, Puebla, que derivó en el procedimiento disciplinario 06/2016.

La afectada, una madre soltera, denunció el 9 de septiembre de 2013 ante el Consejo de la Judicatura Federal —que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación— los tres años que vivió bajo acoso sexual y laboral por parte del Magistrado Margarito Medina Villafaña, a quien una vez que estalló el escándalo no fue sancionado, sino que el Consejo lo readscribió a un tribunal colegiado de Sinaloa, donde completó el tiempo necesario para jubilarse en abril de 2014.

Fue hasta 2018 que el Consejo de la Judicatura Federal, ya con el Magistrado jubilado, procedió a inhabilitarlo por 10 años. El asunto llegó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien casi una década después de que iniciaron las agresiones confirmó la sanción y procedió a cancelarle la pensión complementaria, un beneficio adicional a la pensión del ISSSTE. El tema incluso llegó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que en 2015 resolvió no ejercer acción penal.

Situaciones similares han ocurrido en años recientes con jueces federales. En una la sanción fue una inhabilitación por 10 años; en otros dos sí se consideró la destitución del puesto. Es decir, casos en los que los impartidores de justicia son sometidos a enfrentar a la justicia a la que en teoría se deben. Los que se conocen son apenas unos cuantos, uno de los motivos por los cuales la Reforma Judicial presentada por el Presidente López Obrador busca crear el Tribunal de Disciplina Judicial, que estará compuesto por 5 magistrados electos por voto popular.

Con base a la información disponible se puede apreciar los criterios con los que son resueltos casos similares. Por ejemplo, el del Magistrado Margarito Medina Villafaña que ameritó una inhabilitación por conductas de acoso sexual que en otras situaciones han ameritado la suspensión del puesto.

Uno es del exjuez Carlos Ríos Díaz, quien era titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, quien fue denunciado el 13 de marzo de 2013 y que después de una investigación se determinó que “realizó acciones consistente en ‘acercamientos corporales’, ‘insinuaciones u observaciones de contenido sexual con el personal femenino’, esto es, conductas de connotación absolutamente sexuales en perjuicio del personal femenino del juzgado”.

Carlos Ríos Díaz tenía 10 años desempeñándose como Juez, tiempo en el cual se le iniciaron 14 procesos administrativos, de las cuales ocho quejas fueron improcedentes, dos fueron desechadas y dos más infundadas. Sólo en tres ocasiones fue sancionado con una amonestación pública y con apercibimientos privado y público. Pese a ello, sólo fue inhabilitado por 10 años.

Las denuncias que sí acabaron con la destitución fueron los del Juez de Distrito Francisco Ramos Silva, señalado por acoso sexual cuyo castigo fue confirmado por la Suprema Corte en 2018, y el de Francisco Martín Hernández Zaragoza, quien fue denunciado en septiembre de 2013 por una trabajadora del Juzgado Sexto Penal del Penal Puentegrande de Jalisco, del cual era titular, por acoso sexual que inició desde que Hernández Zaragoza fue adscrito a ese juzgado en junio de 2011. El juez fue suspendido en 2013, luego de la denuncia, y estuvo al menos cinco años percibiendo el 40 por ciento de su sueldo hasta que fue destituido en 2018.

Estos casos forman parte de las 53 sanciones que ha llevado a cabo el Consejo de la Judicatura Federal de 2018 a 2023. De éstas, 27 han sido magistrados y 26 contra jueces por causas que van desde faltas administrativas hasta acoso laboral o sexual, nepotismo, el uso indebido de recursos y el no justificar legalmente la procedencia de sus ingresos. De estos, solo cinco han sido destituidos de su puesto, el resto han sido inhabilitaciones temporales, apercibimientos y sanciones económicas.

El Consejo de la Judicatura está facultado para investigar y sancionar a jueces y magistrados federales. En una primera instancia la Comisión de Disciplina atiende los casos y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal analiza las faltas graves de las y los magistrados de circuito y jueces de distrito, cuando las sanciones aplicables sean las de destitución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

No obstante, el pleno no es la última instancia ya que la Suprema Corte aún puede revertir o confirmar estas sanciones. Esto cambiaría con el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas “decisiones serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede recurso alguno en contra de estas”.

Sobre las facultades que tendría este tribunal, Hamlet Almaguer, Diputado federal de Morena y secretario de la Comisión de Justicia, explicó que podría tener salas unitarias para garantizar que habrá una instancia de revisión y así respetar criterios internacionales.

“Podamos tener, por ejemplo, salas unitarias dentro de este Tribunal de Disciplina que podrían ser, por ejemplo, regionales en las circunscripciones de todo el país haciendo conjuntos de circuitos y que en segunda instancia tuvieran una Sala Superior que revisara lo que hicieron las salas regionales y de esa manera todos formarían parte del Tribunal de Disciplina judicial, hay que darle dos instancias para cumplir con criterios internacionales”, planteó, y dijo que dialogará esa opción las y los legisladores ahora que se discute la reforma al Poder Judicial.

El Diputado Hamlet Almaguer también recordó la importancia de contar con una instancia que revise la actuación de jueces y medidas correspondientes porque, dijo, “la independencia judicial no significa impunidad y no significa cheque en blanco”.

“Todos los servidores públicos de la federación deben de responder por sus actos, y esto por supuesto que incluye a los jueces. Y hay cuestiones que son insostenibles conforme a derecho y más bien se permite advertir que hay problemas de corrupción o de nepotismo. Eso se tiene que prevenir desde el Tribunal de Disciplina Judicial”.

EL MAGISTRADO LUNA ALTAMIRANO

Una denuncia que llegó a la Suprema Corte, que confirmó la decisión del Consejo, fue la del Magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, el único que de acuerdo con los mismo datos de la Judicatura ha sido destituido en los últimos años. En mayo de 2019, la Corte validó la destitución del Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México al determinar que sí “obtuvo beneficios adicionales a la contraprestaciones comprobables que recibió por el desempeño de sus funciones”.

Jesús Guadalupe Luna Altamirano fue quien emitió fallos que permitieron la liberación de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, “El Chapito”, hijo de Joaquín “El Chapo Guzmán”, así como de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”. El Consejo de la Judicatura Federal denunció en 2014, como consignó Milenio, a Luna Altamirano en la Procuraduría General de la República porque se le habían detectado alrededor de 13 millones de pesos y más de 633 mil dólares que no correspondían a sus ingresos como servidor público.

Entre 2012 y 2016, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano se vio involucrado en una investigación y proceso de destitución en contra de 14 magistrados y jueces señalados de sostener vínculos con el crimen organizado, además de lucrar con el uso ilícito de su autoridad.

En mayo de 2012, Luna Altamirano fue suspendido de manera temporal. Entonces fue acusado de enriquecimiento ilícito aunque ya pesaban sobre él los estigmas de haber avalado la liberación (2008) de Iván Archivaldo Guzmán (“El Chapito”) bajo el argumento de que no advertía “que el señor padre (El Chapo) se dedique a ser narcotraficante y que los recursos que él se allega por actividades ilícitas se los haya allegado a su hijo”. También es señalado por la exoneración (2009) del ex Presidente Luis Echerverría Álvarez (del delito por la matanza del 2 de octubre de 1968), un fallo sobre el cual dijo: Sí hubo genocidio, pero no hay pruebas de que el Echeverría –entonces secretario de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz– haya sido responsable”.

A pesar de la suspensión de Altamirano en 2012, de los procedimientos disciplinarios (que enfrentó a partir de 2014) y de la orden de aprehensión en su contra en 2016, el otrora Magistrado fue destituido hasta 2017 (sin haber pisado la cárcel) y hasta 2019 la Corte confirmó su castigo.

Las otras destituciones de las que se tienen registro son de jueces.

En 2019, se destituyó al titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Álvaro Tovilla León, por actuar “con descuido en el desempeño de sus funciones”, no preservar “el profesionalismo propio de su función” y por su actuación “en por lo menos cinco juicios de amparo”. En el expediente de su casa se señala el haber recibido pagos de litigantes “posiblemente con la intención de que se les beneficiara procesalmente”.

La Contraloría del Poder Judicial de la Federación también identificó como un “posible” caso de corrupción el del titular del Juzgado Primero de Distrito en Chilpancingo, Guerrero, Arístides Marino Santos, quien fue destituido en 2020 por usar recursos que tenía asignados para fines distintos para los que estaban ideados, además de ser acusado de “intervenir indebidamente” en la contratación de servidores públicos.