Mi solidaridad con Mariclaire Acosta y el resto del CPC.
Resulta ya evidente el hecho de que hay políticos que no quieren ver al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nacer de manera vigorosa y que se consolide como el barco insignia para combatir frontalmente la corrupción en el país. Hay grupos parlamentarios –y perdón la obviedad- como el Partido Verde y el PRI que apuestan por su ineficacia.
De manera súbita el tablero del SNA ha cambiado y ha obligado a los diferentes actores alrededor del SNA a tomar posturas más claras, ya sea a favor o en contra. Los ataques del Partido Verde contra el Comité de Participación Ciudadana (CPC) son perfectamente calculados (y si me lo permiten con alto grado de perversidad política) y revelan la primera gran maniobra para debilitar el sistema anticorrupción.
El Senador Pablo Escudero (Partido Verde), Presidente del Senado ha sido el encargado de comandar la ofensiva para desprestigiar al CPC a través de criticar sin fundamento el proceso ciudadano de elección de los miembros del CPC. Y sí resulta relevante que es el presidente del Senado quien le da músculo al intento de desprestigio de la ciudadanía y su trabajo dentro del SNA. Los señalamientos se agrupan en los siguientes puntos: 1. El proceso de selección del CPC no fue transparente; 2. Se privilegiaron amigos para conformar el CPC; 3. Duda sobre el proceso de calificación de los y las candidatas para integrar el CPC y 4. Minar la credibilidad y desacreditar a los integrantes del CPCI, en especial a Mariclaire Acosta. No sobra decir que la metodología que usó el Comité de Selección del CPC ha sido de los nombramientos más transparentes y de cara a la sociedad que se han dado.
El vehículo para el ataque que usó el Senador fue tres primeras planas de El Universal, desde dónde se calificó al proceso de selección como “tramposo”. Todo parece indicar que se confirma que el periódico está demasiado cercano a los intereses del gobierno federal. La información vertida en sus notas carecía del mínimo rigor periodístico y mostraba más una agenda política que periodística.
Intentar debilitar al CPC cumple con dos objetivos: atacar el nacimiento del SNA y hacerlo desde sus orígenes ineficiente y mermar la credibilidad de la única voz ciudadana dentro de un complejo sistema anticorrupción. Es una constante entre los políticos corruptos la intención de crear instituciones públicas que busquen frenar la demanda social de castigar la corrupción y la impunidad a través de transformar a las instituciones en solamente ornamentos que ayuden a la simulación democrática que padecemos día con día.
Mientras se concretaba el ataque político al CPC, se llevó a cabo la primera sesión formal de trabajo del Comité Coordinador del SNA. Es donde se juntan las 7 instancias que componen el SNA. No olvidemos que mientras el Senado ataca al CPC, son ellos mismos quienes no han querido nombrar al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados de la sala especializada en anticorrupción. La idea de hacer su trabajo para consolidar el SNA claramente no está en concordancia con su agenda política. En la primera sesión Jaqueline Perschard, presidenta del CPC, llevó a la mesa la solicitud de que el SNA hiciera un exhorto de información para que el gobierno federal provee la información necesaria para determinar si hubo corrupción en lo que tiene que ver con el malware Pegasus que se utilizó para espiar a activistas de derechos humanos y periodistas. La solicitud ciudadana fue hecha pedazos por una votación de 5 a 1.
Los miembros que votaron en contra aducen que de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 23, “El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité Coordinador la emisión de exhortos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública…”. El espionaje en si no es corrupción, sin embargo, hay suficiente evidencia para abrir una investigación por presuntos actos de corrupción. En otras palabras, la corrupción se pudo haber realizado por un hecho muy simple: el desvío de dinero público y recursos materiales del Estado, con fines distintos a los legalmente autorizados, da lugar a los delitos de ejercicio indebido de servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, y peculado.
De la votación hay dos hechos que merecen especial mención, el primero es que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, debió haberse excusado de la votación por haber estado involucrada en la compra y uso de Pegasus durante sus funciones como Procuradora General de la República. Su sentido común y ética del servicio público no le alcanzó para excusarse de la votación.
Por otro lado, resulta muy preocupante que Francisco Javier Acuña, titular del INAI, el organismo encargado de proteger los datos personales de la ciudadanía haya votado en contra de exigir cuentas al gobierno sobre el tratamiento que se ha hecho de los datos privados de comunicadores, activistas y políticos de oposición. Preocupa la tibieza, falta de compromiso y garantía del INAI para votar a favor de pedir información al gobierno. Preocupante que el INAI no sea una voz importante en un caso en el que claramente hubo una seria violación a los datos personales de activistas y periodistas, entre otros.
A nadie debe de sorprender los ataques como el resultado de la votación del SNA. Son dos hechos que caben perfectamente en el mismo contexto. Los corruptos buscan debilitar aun más el sistema antiocorrupción, el cual, de por si, tiene serias limitaciones estructurales y de diseño. Pero es lo que hay. La ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes, tiene que respaldar al CPC. Dejarlo a su suerte es una sentencia de muerte de la única voz dentro del SNA que sí busca el sistema tenga los resultados para los que fue diseñado. Ese apoyo ha sido tímido hasta ahora. Habrá que preguntarnos: ¿por qué?
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