La crisis económica, política y social toca fondo en Veracruz, a poco menos de cinco meses de que Javier Duarte concluya su gestión. Diversas organizaciones, varias de ellas de la Iniciativa Privada, coinciden en que la administración del priista es “desastrosa” en todos los términos, mientras que los llamados al Presidente Enrique Peña Nieto para que intervenga en la “insostenible” situación del estado se topa con oídos sordos.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– A poco menos de cinco meses de que Javier Duarte de Ochoa concluya su gestión en Veracruz, la crisis económica, política y social toca fondo, mientras que los llamados al Presidente Enrique Peña Nieto para que intervenga en la “insostenible” situación del estado se topa con oídos sordos.
Desde que el priista llegó al poder, el 1 de diciembre de 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) calcula daño patrimonial por 35 mil 421 millones de pesos en las finanzas estatales. La deuda pública ha crecido y se debe no sólo a proveedores y jubilados, también a la Universidad Veracruzana y a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana.
A estas acusaciones se les suma las del Gobernador electo del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en los últimos días anunció dos nuevas denuncias federales en contra de Javier Duarte y a la que llamó su pandilla de hampones. Los delitos declarados: lavado de dinero y evasión fiscal.
En respuesta, ayer miércoles Duarte de Ochoa acusó a Yunes de hacer un show con las denuncias presentadas.
“Respeto la decisión de M. Yunes de continuar su campaña de odio, puede denunciar todo lo que quiera, sin embargo sus denuncias son puro show”, escribió el mandatario estatal en su cuenta de Twitter.
Para las organizaciones como México, ¿cómo vamos?, la administración de Javier Duarte es “desastrosa” y la peor de todos los gobernadores que dejarán su cargo.
“La palabra que resume el panorama que deja Duarte en Veracruz es ‘desastroso’, en todos los términos, pero en el ámbito económico está mal en todas las variables: crecimiento, generación de empleo, productividad, pobreza laboral, deuda pública, informalidad laboral y desigualdad laboral”, dijo a SinEmbargo Valeria Moy directora general de México, ¿cómo vamos?
De acuerdo con la organización, entre el cuarto trimestre de 2010 y cuarto de 2015, Veracruz fue el segundo estado con el menor crecimiento económico promedio. La entidad que menos creció fue Campeche, que decreció 2.8 por ciento.
Respecto a la pobreza laboral, entre 2011 y 2016, fue el tercer estado que más incrementó el porcentaje de su población en esta condición, al pasar de 45.8 por ciento a 53.9 por ciento.
Y los números rojos siguen.
Entre 2011 y 2016 incrementó en 4.2 puntos el porcentaje de su población ocupada laborando en la informalidad. Es el estado con el mayor incremento.
“Veracruz tendría que crear 74 mil 700 empleos formales al año, pero en los últimos cinco años sólo ha generado el 15 por ciento de esa meta que son 11 mil 590 por año.
“Cuando Duarte asumió la administración de Veracruz, el 56.9 por ciento de la población ocupada estaba en el sector informal, sin embargo hoy ese número es 61 por ciento”, explicó a este medio la también profesora de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Veracruz cerró el año pasado con una deuda de 45 mil 880 millones de pesos, que representan el 221 por ciento de sus participaciones federales, de acuerdo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Datos del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indican que el número de pobres aumentó a 4 millones 634 mil 200, el 58 por ciento, es decir, casi deis de cada 10 veracruzanos se encuentran en esta condición.
La pobreza aumentó en el estado durante la administración de Duarte al pasar de 57.6 por ciento de ciudadanos pobres en 2010, a un 58 por ciento al corte del último reporte del Coneval.
De acuerdo con Valeria Moy, al gobierno entrante le espera “un reto gigantesco y complicado” porque tiene nada más dos años para que las cosas mejoren en la entidad.
“Al gobierno entrante le espera un reto gigantesco y bien complicado porque tiene nada más dos años, sin embargo, en este tiempo las cosas pueden mejorar o empeorar”, advirtió.
LA DEUDA CON LA UV
La deuda que el Gobierno de Duarte de Ochoa acumula con la Universidad Veracruzana (UV) supera los 2 mil millones de pesos.
El pasado 27 de abril, la Junta de Gobierno de la institución pidió la intervención del Relator sobre el Derecho a la Educación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kishore Singh, y del Representante Adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la “violación del derecho a la enseñanza superior” en el estado de Veracruz.
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz adeuda subsidios a la UV por 2 mil 092 millones de pesos, 451.7 millones son de recursos federales y mil 640.8 millones de recursos estatales, los cuales incluyen montos adeudados que datan desde el año 2008. En enero pasado, el monto por subsidios no ministrados por el Gobierno del estado pasó a ser de 2 mil 144 millones de pesos.
El pasado 2 de febrero, la Universidad, a través de su representante legal, interpuso dos denuncias penales por la falta de pago completo y oportuno. Una de ellas fue hecha ante la Agencia del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR) por el adeudo de 451.7 millones de pesos por el concepto de Subsidio Federal Extraordinario.
La otra denuncia se presentó ante la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz por el adeudo de mil 625.1 millones por concepto de subsidio estatal ordinario y extraordinario.
En mayo pasado, alumnos, padres, personal docente de la Universidad Veracruzana y ciudadanos realizaron una serie de marchas para exigirle al priista el pago del adeudo.
La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara González, encabeza desde agosto de 2015 una lucha para que el Gobierno de Javier Duarte le pague a la casa de estudios un adeudo de 2 mil 300 millones de pesos. Al principio la lucha era por dinero, dijo la Rectora en un mitin que se llevó a cabo el 27 de mayo, pero ahora también es por el respeto a la educación, a los derechos humanos y a vivir en un ambiente donde no se criminalice a los jóvenes.
Y CON LA NORMAL…
Duarte de Ochoa no sólo tiene un adeudo de más de dos mil 300 millones de pesos con la UV, también debe otros 10 millones a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, de acuerdo con el director de esa institución, Fidel Hernández Fernández. Mientras el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE) le reclamó a la administración estatal el pago total de la prima vacacional a los trabajadores, pues denunciaron que sólo les fue entregada la mitad de esa prestación.
El adeudo se remonta al año 2012, precisó Hernández Fernández en entrevista para medios locales el pasado 18 de marzo.
Esos aproximadamente 10 millones de pesos son la suma del rubro del Programa de Desarrollo del Profesorado, becas de los estudiantes, adeudo al estímulo al desempeño docente, y becas reembolso para los maestros que están estudiando postgrados.
MÁS DE 10 MIL PENSIONADOS ESPERAN PAGO
Más de 10 mil pensionados en todo el estado de Veracruz no han recibido su pago mensual por parte del Gobierno de Duarte. La vocera de la Coalición de Pensionados Independientes de la entidad, Adriana Chávez Tejeda, denunció que entre ex empleados del aparato estatal y jubilados del magisterio hay cerca de cien mil agremiados al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
Desde marzo, el pago de pensiones se retrasó y provocó que los afectados presentaran más de 600 quejas con el argumento de violación a los derechos humanos, pero las solicitudes se quedaron estancadas.
El pasado 22 de febrero, Rodolfo Suárez Castellanos, secretario general suplente de la Delegación Número 1 de Jubilados de la sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), calificó al Gobierno de Duarte y a sus predecesores, Fidel Herrera Beltrán y Miguel Alemán, como “jinetes del apocalipsis” para el sistema pensionario al cual llevaron a la quiebra por el mal manejo de recursos.
ADEUDO CON PROVEEDORES
La administración de Javier Duarte reportó un adeudo de 12 mil millones de pesos con empresarios, a los cuales su sucesor, Miguel Ángel Yunes Linares, debe pagar.
El pasado 30 de junio, el Gobernador envió al Congreso un Proyecto de Decreto por el cual se “empeña” el impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal para que la administración entrante pague a proveedores y contratistas.
En la exposición de motivos, el mandatario estatal expuso que con ese decreto “se busca brindar una fuente de pago que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado frente a los mencionados proveedores y contratistas; lo cual permitirá fortalecer la seguridad jurídica y la certeza en el pago, generando condiciones óptimas para cumplir con los compromisos propios de su rubro”.
Para lograr estos objetivos, el Gobernador propuso “la creación de dos fideicomisos, uno cuyo objeto sea aperturar una cuenta bancaria mandatada que concentre los recursos del Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal, administre los mismos y los transfiera a un segundo Fideicomiso, cuyo fin sea efectuar el pago a los proveedores”.
De acuerdo con medios locales, de manera “secreta” este documento no se entregó a todos los legisladores, solo pasó a manos de la Comisión que analizará el proyecto.
DESVÍO DE RECURSOS, SEGÚN LA ASF
La Auditoría Superior a la Federación (ASF) detectó 14 mil millones de pesos pendientes de solventar en Veracruz, lo que colocó al estado a la cabeza en su “Informe General de la Cuenta Pública 2014” presentado en febrero.
En conferencia de prensa, días después Javier Duarte de Ochoa negó un desvió de recursos públicos por parte de su administración.
“Quiero afirmar: no se ha empleado un solo peso fuera de las actividades propias de la gestión del gobierno”, aseguró.
En medio de las críticas, surgió el rumor de que Duarte dejaría la gubernatura, pero el entonces dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, salió a desmentirlo y lo atribuyó al contexto de las elecciones que se celebrarían en junio.
VERACRUZ, EL MÁS PELIGROSO PARA PERIODISTAS
En 2015 y el primer trimestre de 2016 la entidad del país con mayor número de agresiones contra la prensa, de acuerdo con Artículo 19, fue Veracruz, gobernado por Javier Duarte de Ochoa, quien en abril de 2013 recibió un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos por “los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
En junio del año pasado, en un encuentro con el medio de Comunicación de Poza Rica, el priista soltó la frase “pórtense bien […] Todos sabemos quiénes de alguna u otra manera tienen vinculación con estos grupos [criminales]”.
Moisés Sánchez, de La Unión; Armando Saldaña, de Exa FM; Juan Mendoza, de Escribiendo la Verdad; y Rubén Espinosa, de Cuartoscuro, eran periodistas de Veracruz, pero fueron asesinados. Este año, la vida de Anabel Flores Salazar, de El Sol de Orizaba, y de Manuel Torres González, de Poza Rica, también fueron arrebatadas.
El estado de Duarte de Ochoa es el espacio geográfico del continente y del país más peligroso para ejercer el periodismo, ha dicho Artículo 19. Durante su administración 16 periodistas han sido asesinados y de 2009 a 2015 se tienen registros de 240 tipos de agresiones en Veracruz.
PAN ACUSA A DUARTE DE AGRESIÓN
El miércoles pasado, integrantes de los 400 Pueblos agredieron con piedras la camioneta donde se transportaban el presidente nacional del Partido Aacción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés; el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y el panista Santiago Creel Miranda.
Fue una trifulca que dejó vidrios rotos y al menos dos heridos –un escolta, quien tuvo que ser hospitalizado con una herida en la cabeza, y un trabajador del grupo legislativo del PAN–.
El ataque se dio afuera del Congreso del Estado luego de que los panistas pidieron a los diputados locales evitar que Javier Duarte designe a modo un Fiscal anticorrupción.
Los 400 Pueblos se caracterizan por manifestarse en las calles bailando en truzas generalmente en contra de Yunes Linares, a quien acusan de represión contra los campesinos cuando fue Secretario de Gobierno en la administración del ex mandatario estatal Patricio Chirinos Calero.
“Asesino de campesinos”, gritaban. “Represor”, repetían los cientos de protestantes antes de que los agredidos abordaran el vehículo. El líder campesino, César de Ángel, argumentó que Yunes los provocó.
Sin embargo, el líder del blanquiazul, Ricardo Anaya, señaló en su cuenta de Twitter que fueron “brutalmente agredidos por enviados de Javier Duarte”, quien a su vez se deslindó. “En nada tiene que ver conmigo o con el Gobierno de Veracruz”, respondió el priista por la misma red social.
“Eso ya fue un exceso en el supuesto de que haya sido él. Ya está perdiendo piso”, opinó la politóloga Acuña.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN condenó el ataque y por medio de un comunicado de prensa aseguró que esos hechos “son la mejor muestra de la desesperación de Javier Duarte, quien sabe que tendrá que rendir cuentas ante la justicia por todos los posibles delitos cometidos durante su gestión”.
EL BLINDAJE DE DUARTE
Hace unos días fue promulgada la reforma constitucional local en materia anticorrupción, con la que se retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales, aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, al Fiscal General del estado y a los magistrados.
La reforma constitucional también prevé la creación del Fiscal Anticorrupción, que durará cinco años en el cargo, y del Contralor General, mismo que serán designados por el Congreso veracruzano, controlado aún por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus partidos satélites locales.
Ante ello, Miguel Ángel Yunes exhortó al Congreso local a ceder el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a la siguiente Legislatura para garantizar que Javier Duarte y sus cómplices no queden impunes por casos de corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción de Veracruz podría ser encabezada por Fernando Rojas Calderón, Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Manuel Gerardo Basilio de la Vega, Guillermo Humberto Beck Chiquini, Gustavo Adolfo Payán Meza, Ana Luz Herrera Hernández, Juan Manuel Herrera Sosa o Francisco Portilla Bonilla, todos ellos afines al actual mandatario priista.
Duarte de Ochoa pretende dejar también al Contralor General y extender el poder de Luis Ángel Bravo Contreras, actual Fiscal General de Estado, durante nueve años más.
Con los cambios constitucionales impulsados por Javier Duarte de Ochoa y con el control de los magistrados locales, quienes en mayo de este año determinaron que el Gobernador no interfirió en el proceso electoral ni desvió recursos públicos a favor del candidato del PRI, el mandatario dejará una estructura que lo libraría de enfrentar cargos por corrupción.
EMPRESARIOS PIDEN A EPN FRENAR A DUARTE
El pasado 30 de junio, empresarios de las Cámaras de Veracruz lanzaron un SOS al Presidente Enrique Peña Nieto, para pedir su intervención en la “insostenible” crisis que viven sus empresas en el estado, por la falta de pago y falsas promesas por parte de la administración de Javier Duarte de Ochoa.
De acuerdo con medios locales, en reunión con los líderes del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Coparmex Xalapa, Canaco Xalapa, Canacintra y la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa en la Región, aseguraron haber sostenido más de una veintena de reuniones con el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, Antonio Gómez Pelegrín, titular de Secretaría de Finanzas y Planeación y otros, quienes se han limitado a engañarlos con promesas de pago y éstas, siempre son incumplidas.
Este miércoles, en un desplegado que apareció en varios medios locales, los empresarios levantaron la voz para dar a conocer su preocupación por el llamado paquete de iniciativas enviadas por Duarte al Congreso estatal, entre las que se encuentra que la deuda que tiene con ellos sea pagada a 10 años con recursos provenientes del impuesto del tres por ciento a la nómina.
En el pronunciamiento dirigido a Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a los 50 diputados locales que integran el Congreso estatal, los empresarios acusaron que la adquisición de paquetes financieros pretende hipotecar el futuro económico y social de Veracruz.
“Cámaras y organismos empresariales, Asociaciones Civiles e Instituciones Educativas de Veracruz, comprometidos con el desarrollo social y humano de nuestro estado, mostramos nuestra preocupación por el paquete de incoativas que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa pretende que le sea aprobado por los diputados del Congreso local.
“Consideramos que la medida de gasificación de los trabajadores del Gobierno estatal no es prudente en estos momentos en el que Veracruz enfrenta una posición económica por demás comprometida; también decimos no a la aprobación del nuevo Fiscal contra la Corrupción y magistrados”, expuso la iniciativa privada estatal en el desplegado.
El presidente de la Coparmex en Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva, también se manifestó en contra de la inciativa enviada por Duarte. Dijo que el mandatario debe resolver sus errores y no heredarlos.
En conferencia de prensa con medios locales, el líder empresarial dijo que desde el año pasado el Gobierno estatal les informó que antes de que terminara la administración de Duarte se les iba a pagar todo.
YUNES CONTRA DUARTE
Este día, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo de Veracruz, anunció dos nuevas denuncias federales en contra de Javier Duarte y a la que llamó su pandilla de hampones. Los delitos declarados: lavado de dinero y evasión fiscal.
Fue en el Congreso del Estado, en punto de las 12 horas, donde Yunes Linares invitó a los diputados vigentes a decidir de qué lado legislarán: “Si de los maestros, pensionados y la Universidad Veracruzana o de Javier Duarte, Flavino Ríos, Édgar Spinoso, Gabriel Deantes, Vicente Benítez, Tomás Ruíz y Tarek Abdala”.
Además, advirtió que algunas investigaciones han sido reactivadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de 40 funcionarios de esta administración y la pasada. Concretamente se investiga a Vicente Benítez, diputado electo por el distrito de San Andrés, por lavado de dinero en la república de Costa Rica.
Yunes Linares aseguró que el gobierno actual ha instalado una serie de bombas que podrán llevar a Veracruz a un panorama realmente grave. Por lo anterior, dictó una serie de acciones legales que ha comenzado a ejercer para blindar su próxima administración.
Sobre la denuncia que impuso el pasado 03 de abril ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, desde el templete dijo: “Sabemos que el Fiscal es un títere del gobierno, estaba pensando en darle carpetazo a la investigación, por ello promoví un amparo no podrá cerrarse la investigación hasta que no se desahoguen las pruebas que ofrecí”.
De acuerdo con lo citado por el panista, el día de ayer presentó dos denuncias penales, la primera ante la Unidad Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de moneda y una denuncia más ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por delito de evasión fiscal.
