En el Estado de México, las familias que poseen el negocio de los medios de comunicación son los Maccise, los Vázquez Raña y los Libien, los cuales están “pegados al Grupo Atlacomulco”, de acuerdo con el periodista Francisco Cruz Jiménez. En la entidad, gobernada históricamente por el PRI, la prensa ha sido por años un “aparato propagandístico al servicio del gobierno” atado por los contratos de publicidad, aseguró. Para Ana Ruelas, directora de Artículo 19, se trata de un modelo de censura indirecta porque al depender en gran media del dinero público, las líneas editoriales se adecuan a lo que el Gobierno estatal quiere que se sepa.
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Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, celebró en junio una comida con periodistas de la entidad en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Desde un templete anunció la creación de un programa de becas para ellos y para sus hijos. Durante su discurso los consideró un sector cada vez más crítico. “Entre mejores críticos sean, mejor nos permiten ser a los gobiernos”, dijo. Para el periodista Francisco Cruz Jiménez, quien fue reportero en el Noticiero y El Heraldo de Toluca, se trató de un “chayo” encubierto, un condicionamiento a la prensa “para comprarla más todavía”.
En el Estado de México, aseguró en entrevista, “lo que hay es un aparato propagandístico al servicio del gobierno. Hay empresas periodísticas subordinadas al poder de la publicidad”. Desde Isidro Fabela, Gobernador de la entidad de 1942 a 1945, la prensa “ha renunciado a informar por el negocio de los contratos con el gobierno”. Y hoy, 74 años después, sigue así. “La prensa no ha cambiado nunca, sigue siendo un modelo de subordinación al poder político”.
De 2009 a 2015, la prensa en el estado gobernado históricamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue víctima de 37 agresiones, de acuerdo con Artículo 19. Desde el 2000 tres periodistas han sido asesinados y en 2015 hubo 14 agresiones, el doble que en 2014 y se trató del año con mayor registro. Pese a estas cifras, la censura que predomina en la entidad es la indirecta.
“En los estados donde no se habla de las agresiones y no hay tanta disidencia de la prensa pueden ser zonas de silencio donde más allá de que no haya una situación de agresión puede haber una cooptación de los medios. Esto tiene que ver con su modelo económico que es incentivado por el gobierno a través de la publicidad oficial y que genera un modelo de censura indirecta”, afirmó la directora de Artículo 19, Ana Ruelas.
“La mayoría de los medios a nivel estatal dependen en gran medida del dinero público y eso genera un modelo de censura indirecta porque las líneas editoriales se adecuan a lo que el gobierno quiere que se sepa. Los flujos de información se limitan y muchos reporteros se ven limitados a escribir por no tocar a ciertas figuras que pagan por el medio”, añadió.
En el Estado de México, más de la mitad del gasto en publicidad oficial va dirigido a televisión, de acuerdo con la plataforma publicidadoficial.com de Artículo 19, Fundar y Open Society.
Una solicitud de información realizada por este sitio en julio de 2015 reveló que de septiembre de 2011 a mayo de 2015 el Gobierno estatal firmó 329 contratos con medios de comunicación nacionales y locales por 323 millones 338 mil 635 pesos.
En el Estado de México las familias que poseen este negocio son los Maccise, los Vázquez Raña y los Libien, “pegados al Grupo Atlacomulco”, de acuerdo con Francisco Cruz, autor de Negocios de familia. Biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco.
Grupo Mac Multimedia es propiedad de Luis Maccise Uribe –miembro del consejo de Genomma Lab– y entre sus principales propiedades figuran los periódicos Rumbo de México, Diario DF, The News, Estadio, Revista Cambio, Diario de Toluca y el grupo radiofónico Radio Capital. Además tiene una alianza con Grupo Prisa (El País) y Reporte Índigo.
Los Vázquez Raña, “siempre amigos inseparables del gobernante en turno” (Los amos de México, Marco Lara Klahr), son dueños de la Organización Editorial Mexicana (OEM) que imprime “los Soles” de México, Esto y La Prensa, y de Estudios Tepeyac. De acuerdo con la solicitud de información, de septiembre de 2011 a mayo de 2015 el Gobierno mexiquense firmó un contrato por 6 millones de pesos con esta organización.
Los Libien, de origen egipcio, tienen en su poder el diario ABC en Toluca, El Mañana y El Vespertino.
Miled Libien Kaui es propietario de la estación de radio en Toluca “Stereo Miled” y de la revista Miled. Su hermano Naim Libien Kauin compró el UnoMásUno en 2002. El año pasado, su hijo, vicepresidente de ese diario, fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por supuestos vínculos con el cártel de Los Cuinis. Él lo negó y acusó presión a la línea editorial.
“Sus acciones están dirigidas a quedar bien con el gobierno, sobre todo con el Gobernador, a no pelearse con ningún funcionario. Es la prensa que ha caracterizado al régimen priista históricamente […] Tenemos a periodistas que tienen abiertos nexos con el gobierno. Se sienten poderosos, no cambian ni van a cambiar. No van a asumir nunca un papel crítico; se desviven entre las alabanzas a los gobernantes y políticos”, expuso Francisco Cruz.
–¿Qué consecuencia ha traído el silencio de la prensa en el Estado de México?
–Si la prensa del estado hubiera informado en 2009, 2010, 2011 lo que estaba pasando, [Enrique] Peña Nieto jamás habría llegado a la Presidencia de la República. Tenemos una clase política muy corrupta y una prensa que nunca informa nada sobre un estado sumido en la violencia, en la pobreza, en la incapacidad política. […] Casos de corrupción como el de OHL cuándo lo hemos visto reflejado en la prensa del Estado de México. Subsistimos en un estado que es una desgracia política y el primero de diciembre de 2012 se la heredamos al país.
En medio de ese escenario, Cruz Jiménez ha detectado escasos sitios de prensa crítica en el Estado de México.
–Ha habido esfuerzos locales como TresPM, Diario Alfa, pero son proyectos muy limitados y escasos. Yo veo dos: Métrica y Nuestro Tiempo Toluca. Un poco TresPM y Alfa, pero no hay recursos. La gente no lee en Toluca. Los experimentos independientes son muy complicados y son de gente que no tienen mucho dinero.
Aunque recordó dos casos de agresión contra dos reporteros, no considera que la falta de crítica sea por miedo.
El 31 de octubre de 2005 una nota de Milenio Toluca acusó de corrupción a Luis Enrique Miranda Nava –funcionario durante la gestión de Arturo Montiel Rojas y entonces candidato del PRI a la alcaldía de la capital mexiquense–. Días después, el 11 de noviembre de ese año, el periódico denunció en una crónica el enojo del político.
“En algún momento, un encolerizado, prepotente y electrizado Miranda sostuvo ante los medios de comunicación ser víctima de maniobras políticas para afectar sus aspiraciones a la alcaldía de Toluca, y luego de identificar a la reportera de Milenio Toluca [Mónica Ramírez, autora del texto junto con Israel Martínez], dejó de dirigirse a todos los periodistas presentes, se le acercó y le advirtió: ‘No aceptaré chantajes de absolutamente nadie, que quede claro’, pretendiendo cobardemente, ante cámaras y grabadoras, que este diario lo ha chantajeado”.
Apenas el primer día de junio, el Secretario del Trabajo del Estado de México, Javier García Bejos, agredió al reportero Arturo Tlatelpa Morales, luego de que le cuestionó si había huelgas en la entidad.
“Usted nada más me anda chamaqueando. Tráteme con respeto”, respondió el funcionario después de golpearlo en el pecho con la palma de la mano.
El próximo año se celebrarán elecciones en el Estado de México para renovar la gubernatura. En la jornada electoral de este junio se registraron alternancias en estados donde siempre había administrado el partido tricolor como Veracruz o Tamaulipas.
Para la directora de Artículo 19, la alternancia siempre implica un cambio en el paisaje mediático. Mucho tiene que ver con la publicidad oficial. Los medios que eran más cercanos al partido en el poder tienden a volverse los que más golpean al nuevo partido. Aparecen y desaparecen nuevos medios.
No obstante, “en el caso del Estado de México, si no se combate la impunidad y la corrupción que permea a las instituciones, entonces el panorama no va a cambiar”, estimó.
MEGACABLE NO TRANSMITE ENTREVISTA
“Política en Corto” es un programa de entrevistas a personajes de la vida pública nacional y del Estado de México que se transmite los miércoles a las 10 de la noche por el canal 208 de Megacable. El 15 de junio la empresa notificó a su conductor, José Alam Chávez Jacobo, que no emitiría una entrevista con el perredista Javier Salinas Narváez porque, argumentó, en un programa previo el panista José Luis Durán Reveles había violado la política de la empresa al haber posicionado temas políticos.
“Llama la atención que si yo que estaba proponiendo y dándole espacio a sectores políticos de oposición al PRI, tenga la decisión de la empresa Megacable. Como si se tuviera la intención de que no salga en televisión abierta”, aseguró en entrevista.
El primero de junio se transmitió una entrevista con José Luis Durán Reveles. Durante la charla dio un diagnóstico sobre cómo observa la administración del Gobernador Eruviel Ávila Villegas y habló sobre la necesidad de que el PAN actúe en una unidad que le permita ganar el próximo año. El político recordó que en 1999 contendió por la gubernatura contra el priista Arturo Montiel Rojas y aseguró ser el candidato del PAN que más cerca ha estado de obtener la victoria y el que más votos ha obtenido en una contienda como un actor político de oposición. En su momento, adelantó, le gustaría participar como candidato el próximo año.
El miércoles 15 de junio se transmitiría una entrevista con el perredista Javier Salinas Narváez, en la cual abordaría el tema de una alianza con el PAN para las elecciones de 2017. Sin embargo, dos horas antes de que comenzara “Política en Corto”, la empresa Megacable notificó al periodista que no saldría.
La razón –le dijeron– fue que el panista José Luis Durán en el programa del primero de junio “había violado la política de la empresa” porque había utilizado la plataforma para posicionar temas políticos. José Alam Chávez respondió que al tratarse de una entrevista, no podía preveer su posicionamiento.
“La mayoría de los medios tradicionales que son de Toluca son empresas que viven de la publicidad, en un gran porcentaje, de los órganos del gobierno estatal, municipal, de los ayuntamientos y órganos políticos. La línea editorial de estas empresas es cuidadoso con los órganos gubernamentales; no se observa mucha crítica. No sé si porque haya presión o los mismos medios se autocensuren. Los medios nacionales tienen corresponsales que en ocasiones tratan temas de más profundidad respecto al acontecer político social de la entidad”, declaró.
TAMBIÉN ES EL CRIMEN ORGANIZADO
El primero de agosto de 2014 un grupo de encapuchados menores de edad atacó desde un vehículo a Indalecio Benítez Mondragón, director de la radio comunitaria Calentana Mexiquense 98.1 FM. La bala alcanzó la camioneta en la que viajaba con su esposa y sus hijos. Su hijo de 12 años murió por el impacto.
Después de la agresión, por la seguridad de su familia, Indalecio salió del municipio de Luvianos, ubicado al sur del Estado de México en Tierra Caliente, región donde también colindan los estados de Guerrero y Michoacán. Actualmente se encuentra bajo el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Un año después, la frecuencia fue cerrada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por presunta ilegalidad, pero nunca se dejó de transmitir por internet. Este mes, el pleno del órgano regulador aprobó por unanimididad una concesión de uso social comunitario por lo que la radio podrá volver a ser sintonizada en FM cuando se entregue oficialmente el título.
“[Calentana Mexiquense surgió] para informar a la ciudadanía. Sabíamos perfectamente que un pueblo informado es el que mejor reacciona. No dudamos que desde ‘El Huarachudo’ –un volante que repartían en la comunidad desde el 2000 para reportar ‘anomalías’– era una piedrita en el zapato para los gobernantes o personas que ejercen su poderío abusando. Es una piedrita porque nosotros decimos la verdad y estamos en contra de las injusticias que comete el gobierno”, aseguró en entrevista.
Antes de fundar la radio comunitaria, también informaba con altavoz desde un vehículo recorriendo las calles de la comunidad. Así alertó a los habitantes en 2008 sobre la presencia de policías ministeriales que “estaban cometiendo muchos atropellos contra la ciudadanía […] Por quedar bien con sus jefes van y levantan a cualquier persona de la población y lo hacen pasar como un criminal”. En 2013, además, se enfrentaron contra elementos de la Marina porque, al establecer una base en Luvianos, golpearon jóvenes y los dejaron abandonados en la tierra.
Hasta el momento, dijo, hay detenidos declarados por el ataque de 2014, pero no sentenciados. Como los agresores son menores de edad, las autoridades se ven limitadas. “Es el crimen organizado”, aseguró. Uno de los autores intelectuales fue asesinado por la Marina en Querétaro hace aproximadamente un año.
Desde agosto del año pasado Indalecio inició por cuenta propia una investigación. Con apoyo de una organización civil, ya tiene “la certeza de quiénes fueron, cómo fue. Tenemos una cronología completa desde el día anterior. Qué hicieron antes y después del ataque. Vamos a ayudarle a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para que sea el primer caso en que haya sentenciados”.
Sumado a ello, en octubre de 2015, durante un operativo con presencia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el IFT cerró la radio comunitaria bajo el argumento de que la emisora transmitía de forma ilegal. El locutor solicitó el expediente, pero apenas hace un mes y medio pudo tener acceso.
“Dentro del expediente se menciona una persona de nombre Timoteo Juárez López. No sabemos quién sea. Ingresa un documento diciendo que los que trabajábamos en la radio atacábamos al crimen organizado hablando mal de ellos y que por eso habían asesinado a mi hijo. En eso se basaron para cerrar la radio”, declaró.
Posteriormente, el cuatro de noviembre, el gobierno del Estado de México emitió un comunicado en el cual acusaba a los locutores de Calentana de incitar a la población a apoyar grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, el siete de junio de este año, lo desmintió.
“El Gobierno del Estado de México reconoce la importante labor que realiza el proyecto radiofónico comunitario de Luvianos Radio Calentana y el compromiso social de su director fundador, Indalecio Benítez Mondragón, y su equipo de colaboradores. Por ello desmiente el contenido del comunicado 5460/2015, relativo al trabajo de las y los locutores de dicha radiodifusora por el agravio que se les causó en su honor, su vida privada e imagen pública”, afirma el comunicado.
Finalmente, el ocho de junio el pleno del Ifetel aprobó por unanimidad una concesión de uso social comunitario para Luvianos.
“Vamos a ser la primera radio comunitaria concesionada con los nuevos lineamientos”, contó Indalecio. “Vamos a reabrir en FM [ahora en 96.5FM] en el momento en que nos hagan la entrega de los títulos de concesión. Quiero pensar que no se va a llevar mucho tiempo, que no se haga tan burocrático”.
