Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– Artículo 19 documentó 227 agresiones contra la prensa en el primer semestre de 2015, que representa 99 casos por debajo de los 326 registrados en 2014, e indicó que la entidad con mayor número de ataques es Guerrero, con 38; seguida del Distrito Federal, con 33, y Puebla, con 29.
En su informe “Primer semestre 2015: Más violencia, más silencio”, la organización dijo que Veracruz continúa como “una de las regiones más peligrosas para la prensa en el mundo”, al registrar tres asesinatos en lo que va de presento año, los cuales se suman a los otros 15 ocurridos desde el año 2000.
En esa entidad que gobierna el priista Javier Duarte de Ochoa han sido asesinados Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza. A estas muertes se suman la de Abel Bautista y Filadelfo Sánchez, en Oaxaca; y la Gerardo Nieto, en Guanajuato.
Artículo 19 precisó que en el periodo analizado los principales agresores contra la prensa fueron funcionarios de gobierno con 77 ataques. Refirió que de los tres órdenes de gobierno, las autoridades estatales son señaladas responsables de 39 agresiones contra la prensa, además añadió que 28 ataques fueron cometidos por integrantes de partidos políticos.
“La entidad federativa con mayor número de agresiones perpetradas por funcionarios es el estado de Puebla con 18 […]. Es importante resaltar que el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, fue mencionado como el principal agresor en 10 de los casos, más que cualquier otra autoridad en particular”, dijo la organización.
El Distrito Federal fue la entidad federativa con mayor número de privaciones de la libertad registradas en 2015 con cinco detenciones arbitrarias a manos de policías del Gobierno del Distrito Federal.
“Las cifras que reflejan la violencia contra la prensa durante el primer semestre de 2015 nos indican de manera categórica que la libertad de prensa está bajo constante ataque en nuestro país”, dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica.
La organización informó además que la impunidad en la gran mayoría de los casos ha permitido que las agresiones continúen. “Las autoridades han sido omisas en su obligación por garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en México”, se denunció en el reporte.
En el documento difundido este día se detalló que de las agresiones documentadas, 130 fueron dirigidas a hombres, 46 a mujeres y 51 a medios de comunicación.
La entidad con el mayor número de casos de violencia contra mujeres periodistas fue Veracruz con 9 casos. Le siguen Guerrero con siete casos y el Distrito Federal con seis.
Las agresiones más documentadas contra mujeres fueron 17 amenazas: siete de muerte y una de daño sexual. También se documentaron 16 agresiones físicas o materiales contra mujeres; ocho lesiones y una violación sexual.
Los principales ataques documentados fueron 66 ataques físicos y materiales, de los cuales 29 causaron lesiones, uno se trató de una violación sexual, siete fueron homicidios, cuatro ataques con armas de fuego, uno con arma punzocortante y dos homicidios posteriores a desapariciones forzadas.
Artículo 19 también tuvo conocimiento de 51 intimidaciones, de las cuales 20 fueron amenazas de muerte. Además de 47 ataques a medios de comunicación, de los cuales destacan 23 ataques cibernéticos, seis actos de alteración o falsificación de información, seis bloqueos informativos o a fuentes de información y cuatro ataques a instalaciones con uso de armas y explosivos.
Además se registraron 20 actos de hostigamiento y acoso, de los cuales sobresalen seis casos de perseguimiento y acoso laboral, cuatro despidos injustificados, dos actos de censura y dos actos de desprestigio sobre la dimensión sexual.
De igual forma se registraron 10 actos de intimidación por parte de autoridades; nueve casos de violencia institucional, incluyendo cinco inicios de un proceso penal; y un caso de intrusión no autorizada al domicilio de un periodista.
También se documentaron 23 actos de privación ilegal de la libertad, 17 detenciones arbitrarias, 5 retenciones ilegales y un secuestro.
GUERRERO, A LA CABEZA EN AGRESIONES
La mayoría de las agresiones registradas en Guerrero se concentraron en los municipios de Acapulco, Iguala, Chilapa, Tixtla y Tlapa “termómetro de la situación de violencia en las zonas donde impera la violencia, el crimen organizado y la falta de instituciones sólidas”, recalcó Artículo 19.
En el reporte semestral sobre la situación de la prensa en México, se precisó que en Iguala, donde el pasado 26 de septiembre fueron desaparecidos 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la instabilidad política y la violencia ha convertido al estado en un foco rojo para los periodistas.
Artículo 19 tuvo conocimiento de cinco agresiones en ese municipio: dos fueron amenazas de muerte, un bloqueo informativo, el secuestro del periodista Bernardo Javier Cano Torres y el homicidio con arma de fuego del voceador del Diario de la Tarde, Alfonso Solano Tierrablanca.
En Acapulco, la organización documentó seis agresiones, cuatro al personal del diario El Sur.” Este medio ha sido víctima de seis agresiones en lo que va de 2015: dos agresiones físicas y materiales en Chilapa; y dos agresiones físicas y dos amenazas en Acapulco”, mencionó el organismo.
Dijo que por el contexto en donde laboran, “El Sur es uno de los medios con mayor riesgo en lo que va documentado del 2015″.
Refirió que en Chilapa la disputa por el poder entre grupos del crimen organizado ha convertido al municipio en uno de los más peligrosos para ejercer periodismo. Dijo que tan sólo en mayo se registraron 15 agresiones a periodistas por parte de integrantes del crimen organizado: seis amenazas, ocho ataques físicos y materiales y una retención ilegal.
Guerrero fue además uno de los estados en donde el contexto electoral resultó más adverso en contra de comunicadores y manifestantes. En la ciudad de Tixtla, la elección fue oficialmente anulada tras la quema de cerca del 20 por ciento de las casillas.
Artículo 19 dijo que en la colonia Vicente Guerrero, se registraron cinco casos de amenazas de agresión física, amenaza de muerte, robo de material de trabajo y bloqueo informativo en contra de periodistas mexicanos y extranjeros:
Sobre esta situación Mario López, periodista de Somos el Medio, relató a la organización:
“A unos metros de llegar a donde se encontraba la casilla nos taparon el paso alrededor de unas 20 personas, mujeres y hombres que con palos y una pala comenzaron a pegar el piso y a gritar que nos fuéramos. Intentamos decir unas palabras pero no permitieron ni siquiera que habláramos. Inmediatamente dimos vuelta para regresar al auto, mientras nos gritaban, ‘Éstos son anarquistas, lárguense de aquí, no los queremos aquí, los mataremos'”.
Por su parte, una periodista española independiente, que pidió reservar su nombre por razones de seguridad, dijo:”En algún momento, un hombre perfectamente identificable se puso a gritar ‘Sabemos quiénes son, que están en Ayotzinapa y los vamos a linchar’. También nos amenazaron a los extranjeros, ‘Lárguense a su país o los vamos a linchar”.
En el mismo sentido Emilie Barraza, periodista franco chilena, colaboradora de diversos medios extranjeros, señaló:
“Un hombre me retiró el cuaderno de las manos de manera violenta, preguntándome con tono amenazador ‘¿Para quién trabajas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí?’. Vio que escribía en francés y que no tenía acento mexicano, entonces, me dijo ‘Te voy a expulsar de aquí. Vete de mi país, no te queremos’, entre otras cosas”
Artículo 19 manifestó su preocupación ante la persistencia de amenazas a periodistas extranjeros, “que utilizan discurso de odio y de tipo xenófobo. Esta particularidad es grave ya que inhibe el trabajo de periodistas extranjeros en el país inhibiendo la diversidad de voces en México”.
AGRESIONES EN EL PROCESO ELECTORAL
Artículo 19 refirió que durante el proceso electoral del pasado 7 de junio activó la red #RompeElMiedo donde tuvo conocimiento de 37 agresiones contra representantes de los medios de comunicación.
Explicó que esta plataforma articuló medios independientes y colectivos de personas defensoras de derechos humanos con el objetivo de garantizar la protección y seguridad de comunicadores durante las elecciones.
Mencionó que constó con el apoyo de 14 colectivos de medios independientes y defensores que permitieron monitorear el ejercicio de la libertad de expresión durante la jornada electoral en siete estados del país: Guerrero, Michoacán, Puebla, Distrito Federal, Estado de México, Oaxaca y Guanajuato.
De las agresiones documentadas, la organización mencionó que el estado donde se registraron más ataques fue Oaxaca con ocho; delante de Guerrero con siete, Puebla con cinco, y Veracruz y Jalisco con cuatro cada uno.
Dijo que dieciocho fueron ataques físicos y materiales, nueve ataques a medios de comunicación, siete amenazas y tres privaciones de la libertad. Mencionó que los principales perpetradores fueron personas y militantes de partidos políticos, responsables de 12 casos. Le siguieron miembros de organizaciones sindicales con ocho casos y funcionarios con cuatro.
Artículo 19 destacó las agresiones cometidas por los integrantes de la Sección 22 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a nueve periodistas.
“Estas agresiones se encuadran en el contexto de un mensaje que se difundió en redes sociales, el día 9 de junio, donde presuntamente integrantes de la CNTE llamaron a no dejarse tomar fotografías por reporteros, cuando realicen bloqueos, tomas de oficinas o enfrentamientos, ya que así serán fácilmente identificados por el gobierno”, explicó la organización.
No obstante, dijo que no ha podido corroborar que este mensaje haya sido difundido por la CNTE, ni se han adjudicado el mismo.
Dijo que el 4 de junio, Juan Antonio Llescas, colaborador del medio MVM Televisión Oaxaca, fue agredido por integrantes de la Sección XXII de la CNTE en la ciudad de Oaxaca, quienes le robaron equipo de filmación mientras daba cobertura al incendio de la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Mencionó además los casos del periodista freelance José Luis Plata a quien le intentaron quitar la cámara; de Tomás Martínez, del diario Noticias de Oaxaca y Radio la Z 97.9 del grupo Radio Centro, a quien le robaron la tarjeta de la cámara y lo obligaron a borrar las imágenes que había tomado durante la marcha de la CNTE.
El reporte documenta las amenazas contra Citlalli López, periodista de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca y Radio Fórmula. También refiere que a Alejandra Alarcón y AmadoDomínguez, de Azteca Oaxaca, fueron retirados del lugar a empujones mientras daban cobertura a las elecciones.
ATAQUES CIBERNÉTICOS Y EN INTERNET
En el informe de Artículo 19 se denunció la persistencia de agresiones a mujeres periodistas y comunicadoras por medio de redes sociales junto a los 18 ataques cibernéticos reportados en el primer semestre del presente año.
Con respecto a la primera situación, el organismo civil dijo que a lo largo de seis meses tuvo conocimiento de ocho casos de acoso y hostigamiento a través de Twitter y/o Facebook, solo un caso menos de los registrados a lo largo de todo el año 2014.
“En todos estos casos persiste el uso de lenguaje violento con connotación sexual, discriminatorio y misógino que inhibe el libre flujo de información. En los casos registrados se presentan los siguientes tipos de violencia: acoso sexual, amenazas de violencia física, amenazas de muerte, publicación de fotografías y material privado sin consentimiento, diseminación de fotomontajes que buscan estigmatizar y suplantación de personalidad en redes sociales”, refirió.
Mencionó la situación de Luisa Velázquez, cofundadora de “Colectiva lesboterrorista”, activa en redes sociales desde el 2011 con el usuario @menstruadora, quien se vio obligada a cerrar su cuenta tras recibir amenazas de muerte durante en mayo. Por medio de Twitter, además, fue publicada información sobre sus datos personales.
“Las amenazas a Luisa y a las integrantes de ‘Colectiva lesboterrorista’ constituyen actos de lesbofobia y un mecanismo para la censura, por lo tanto una violación grave a la libertad de expresión que impide escuchar la pluralidad de voces en México”, dijo Artículo 19.
También reportó la agresión contra la periodista de TV Sureste de Veracruz, de 22 años de edad, quien el 30 de mayo fue privada de la libertad y después víctima de violencia sexual, en el municipio de Acayucan.
Dijo que dos meses antes de la agresión, TV Sureste recibió amenazas por parte de autoridades locales a raíz de la difusión de algunos reportajes de investigación.
Artículo 19 condenó que las líneas de investigación que se llegan a abrir en estos casos lleven de manera recurrente la atención sobre la privacidad de las víctimas, acusando que el móvil es un asunto personal, familiar o incluso pasional, desvirtuando el trabajo de las periodistas.
De igual forma documentó 18 ataques cibernéticos contra el ejercicio de la libertad de expresión, frente a un total anual de 12 ataques documentados del año pasado.
Dijo que los ataques cibernéticos no sólo agreden los proveedores del sitio web, sino que afectan directamente la difusión y recepción de información.
“Así se viola el derecho de la ciudadanía a recibir información misma que puede ser de vital importancia para tomar una decisión electoral de forma razonada. Por lo tanto, los ataques cibernéticos representan agresiones directas contra la democracia”, dice el reporte.
Artículo 19 dijo que en el contexto electoral documentó 3 ataques cibernéticos, en el día de las elecciones otros 3 ataques y un ataque dos días antes dela jornada electoral.
Refirió que el 14 de mayo de 2015, los portales en internet de noticias Rompeviento TV, SinEmbargo, La Jornada Oriente, sufrieron ataques que afectaron su funcionamiento, borraron sus contenidos y en algunos casos tiraron sus páginas de internet por algunas horas, imposibilitando el flujo de datos en todos los casos.
Dijo que el día 5 de junio, La Jornada Oriente volvió a sufrir un ataque cibernético que afectó su funcionamiento, después de publicar información relacionada con la gestión del Gobernador Rafael Moreno Valle.
En la misma entidad, el 7 de junio de 2015, el Diario Cambio, así como el periódico Centro Online sufrieron un ataque de DDOS (Denegación Distribuida de Servicios), que inhabilitó los sitios por algunas horas.
En el mismo sentido, la revista Proceso emitió un comunicado el día 26 de junio, en el que informó que su página sufrió un ataque cibernético, que empezó desde el día 7 de junio.
LOS CASOS DE MOISÉS Y CANCHÉ
En su informe “Primer semestre 2015: Más violencia, más silencio”, Artículo 19 dio una mención especial al caso del periodista veracruzano Moisés Sánchez, secuestrado y asesinado a inicio de este año, y de Pedro Canché, periodista maya encarcelado por el gobierno del Roberto Borge Angulo.
Sobre Moisés Sánchez, la organización dijo que los avances en las investigaciones del fuero común “se han caracterizado por su lentitud, ociosidad y diligencias erradas para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales”.
Dijo que elementos de prueba sumamente valiosos para dar con los responsables no fueron recabados de manera inmediata. Precisó que la Fiscalía solicitó el juicio de procedencia contra el Alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, después de cerca de tres meses de los hechos se declaró procedente por el Congreso del Estado.
No obstante, mencionó que el Edil se encuentra sustraído de la justicia y las cuatro personas detenidas por la muerte de Moisés Sánchez están obteniendo amparos favorables para ser liberadas ante la falta de elementos jurídicos para sustentar su participación.
“Básicamente, la teoría del caso por parte de la Fiscalía veracruzana se sustenta en la confesión de Clemente Noé Hernández, misma que no ha sido fortalecida con otros datos de prueba y que resulta inconsistente al contrastarse con testimonios de otros testigos”, dijo.
Con respecto al caso de Pedro Canché, Artículo 19 dijo que en respuesta a la detención arbitraria del periodista la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que pidió la disculpa pública institucional del Gobernador, Roberto Borge, y del director de la Defensoría Pública del estado.
“No obstante, la recomendación no fue aceptada por las autoridades y el contenido de su justificación es desconocido por el principal agraviado y sus representantes”, dijo la organización.
