El Insabi comenzó a operar en 2020 con el objetivo de dar acceso universal y gratuito a los servicios de salud para toda la población sin seguridad social, pero a tres años, Morena, el partido que lo respaldó, decidió desintegrarlo.
Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– La desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el programa insignia del Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de salud, tiene en incertidumbre tanto a pacientes como a trabajadoras y trabajadores, quienes ejercieron los tres años que operó el sistema sin estabilidad laboral.
El Insabi fue creado el 29 de noviembre de 2019, cuando se publicó un decreto que reformó la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos Nacionales de Salud con el objetivo de brindar acceso universal y gratuito a servicios de salud y a medicamentos. El 1 de enero de 2020 el instituto comenzó a operar reemplazando al Seguro Popular, que durante los tres sexenios pasados brindó servicios médicos a personas sin seguridad social, pero con la diferencia de que no era necesario afiliarse o pagar cuotas, sólo se estableció como requisito para las y los usuarios presentar la credencial del INE, la CURP o el acta de nacimiento.
Desde su entrada en vigor, el Presidente López Obrador insistió en que el Insabi permitiría a México contar con un sistema de salud como el de Dinamarca o Noruega, donde los servicios son gratuitos, y prometió que garantizarían la atención de alta especialidad. Pero a finales de abril las y los legisladores de Morena aprobaron una reforma a la Ley General de Salud que termina con el Insabi y establece que el IMSS Bienestar —que ya opera en 20 estados del país— absorberá los servicios brindados por la institución.
La propuesta de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asumiera estas funciones ya sonaba entre las filas de simpatizantes al Gobierno federal desde diciembre de 2018, cuando el entonces director del instituto, Germán Martínez Cázares, lo propuso y siguió insistiendo en ello en 2019, antes de que se oficializara la creación del Insabi, al asegurar que para evitar “contratiempos” debería aprovecharse la experiencia del IMSS.
A tres años en operación, el actual Senador del Grupo Plural calificó que el Insabi “fue un fracaso rotundo, criminal e inhumano que costó vidas”, por lo que celebró la decisión de sumarlo al IMSS Bienestar. “Me da tristeza por tanta gente que exigía esta rectificación, que asumió este error con vidas, con dolor, esa aventura de grillos mediocres que le vendieron al Presidente que el Insabi podía”, dijo en entrevista para Radio Fórmula la semana pasada.
En el mismo sentido, diputados y senadores de oposición han considerado que la medida comprueba el “fracaso” del Insabi, opinión que comparten algunos pacientes y personas cuyos familiares fueron atendidos en los últimos años por cáncer.
Como Guadalupe Reyes, quien fue diagnosticada con cáncer de mama en 2018 y desde ese año comenzó a tratarse de manera gratuita en la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), una de las que recibía recursos del Seguro Popular, pero en 2020 el Gobierno federal confirmó que ya no financiaría a esta y otras fundaciones, por lo que desde entonces las mujeres tienen que pagar si quieren seguir siendo atendidas ahí. Por su parte, la Secretaría de Salud anunció que los tratamientos podrían seguir con el Insabi en el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Juárez y el Hospital General de México.
Guadalupe y otras mujeres protestaron y consiguieron que Fucam les garantizaran procedimientos que ya les habían programado desde antes de la entrega en vigor del Insabi, pero cuando estos terminaron, y al no poder cubrir los gastos, continúo su atención en estos últimos dos hospitales. Por el trato que recibió, denuncia, tuvo que regresar a la fundación, lo que le implicó gastos y ahora se ve obligada a trabajar turnos extensos vendiendo comida y otros productos para costear sus tratamientos.
Explica que tomó esa decisión porque “[en los hospitales que cubre el Insabi] nunca había medicamentos, teníamos que comprarlos por fuera y las consultas me las daban hasta en cuatro o cinco meses. Sabemos que el cáncer no puede esperar tanto tiempo, lamentablemente en este transcurso compañeras que sí se fueron [a atenderse con los servicios del instituto] murieron por el tiempo de sus consultas, de sus quimioterapias, el cáncer avanzó y fallecieron”.
Un problema similar vivieron niñas y niños enfermos de cáncer. Israel Rivas, padre de Dana diagnosticada con leucemia en 2018 y quien recientemente libró la enfermedad, recordó que desde que su hija era atendida por el Seguro Popular el desabasto de medicinas era la constante, algo que, narra, empeoró con el cambio al Insabi. Ello lo llevó a organizarse con otras familias y en los últimos años han exigido medicamentos.
Desde que la creación del instituto se discutía en el Congreso de la Unión, él y otros familias exigieron a legisladores modificar la iniciativa para garantizar que las pólizas y tratamientos de quimioterapia de sus hijas e hijos no se interrumpieran, pero sus propuestas no fueron tomadas en cuenta.
“El Insabi nunca funcionó, hoy se lo decimos en su cara a las autoridades, desde antes de su creación les pedimos que nos escucharan”, reclama y ve con preocupación que ahora, al pasar al IMSS-Bienestar, esta institución se vea saturada y las y los pacientes enfrenten los mismos problemas que quienes se atendieron en el Insabi.
Pero desde el Gobierno federal han defendido la eliminación del instituto. Al ser cuestionado sobre el tema la semana pasada, el Presidente López Obrador justificó que con ello generarán ahorros, también reconoció que el Insabi y el IMSS-Bienestar ya realizaban labores similares.
“¿Por qué se hizo la modificación a la ley? ¿Por qué el Insabi pasa a formar parte de la Secretaría de Salud para funciones de carácter normativo? Bueno, porque ya tenemos el IMSS Bienestar y no vamos a tener dos instituciones; necesitamos ahorrar, ser eficaces, no propiciar la duplicidad de funciones, no estamos para eso”, dijo el 26 de abril.
Mientras que el coordinador de Operación y Distribución del Insabi, Enrique Pérez Olguín, también aseguró que está garantizado el abastecimiento de fármacos y la atención médica hasta que se concrete la desaparición del organismo. “La garantía del abastecimiento de los medicamentos está, los procesos de equipamiento, de infraestructura, de todo lo necesario, sigue”, afirmó en un encuentro con familiares de menores de edad enfermos de cáncer.
El antecedente del Insabi, el Seguro Popular, cerró el 2019 con 51 millones de personas afiliadas, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mientras que la última proyección del instituto creado en el Gobierno actual buscó dar servicio a 66 millones 273 mil personas sin seguridad social pero hasta el momento la dependencia no ha transparentado en sus informes el total de personas beneficiadas.
A tres años del Insabi, entrevistas con pacientes de hospitales como el General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, el Hospital General “Dr. Rubén Leñero” y Hospital Juárez de México en la capital del país muestran que así como algunos están preocupados por lo que pasará con su atención, otro sector importante desconoce el programa. Por ejemplo, aunque varios y varias reconocieron que ahora ya no pagan por sus tratamientos, no saben por qué, también desconocen el nombre del programa que sustituyó al Seguro Popular y no sabían de su próxima desaparición.
“Me di cuenta de que la atención es gratuita cuando el año pasado mi hija fue atendida en el Hospital Juárez porque le dio hepatitis y no nos cobraron nada, ella sólo se registró. No sabía [del Insabi]”.
También hay testimonios como los de Jazmín, ella reconoce que los ocho años que se atendió en el Seguro Popular el trato “fue malísimo, tardaban más de cuatro meses para darme citas cuando quería, por ejemplo, chequeos generales como un papanicolaou –procedimiento para revisar la superficie del cuello uterino y el área que lo rodea–”, por lo que ahora dice estar sorprendida por la atención que su hijo ha recibido en el Insabi desde que padece cáncer. “No sabía que desaparecerá, pero con que nos garanticen atención estamos bien”.
Hasta este año sólo Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco no se adhirieron al Insabi. La iniciativa que avaló la desaparición del instituto reconoce que los 43 años de experiencia del IMSS-Bienestar lo hacen la mejor opción para seguir con la política de acceso universal a los servicios de salud, pero en la práctica desde el año pasado la institución ya estaba absorbiendo las funciones del Insabi.
Con la iniciativa, todos los recursos del Insabi, tanto financieros como humanos, serán transferidos al IMSS-Bienestar –incluidos los 42 hospitales y 111 centros de salud creados en todo el país para el programa hasta mayo de 2022– y la Secretaría de Salud contará con 180 días naturales para establecer los términos, plazos y condiciones del traspaso.
TRABAJADORES, SIN CERTEZAS
La eliminación del Insabi preocupa particularmente a empleados del sector salud, quienes desde la creación del instituto y en distintos puntos del país han denunciado que ejercen con contratos temporales y sin certeza laboral, pues sus pagos se retrasan y aún no se les ha reconocido como trabajadores regulares, un compromiso hecho por el Presidente López Obrador desde enero de 2020, cuando anunció el Programa de Basificación de personal de la salud del Insabi y otras dependencias.
Aunque la Coordinación de Recursos Humanos y Regularización de Personal del Insabi, encabezada por Candelario Pérez Alvarado, aseguró esta semana que los cambios a la Ley General de Salud contemplan la protección de los derechos laborales de las y los empleados, el personal duda de ello, como lo hacen empleados que ejercen en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de estados como Tamaulipas y Morelos.
Laura, de Victoria, Tamaulipas, ingresó a la bolsa del trabajo del sistema de salud desde 2015 donde ejerció con contratos de poco más de 40 días y desde 2020, cuando inició la pandemia, comenzó a laborar en el Insabi en un hospital de segundo nivel, pero en diciembre de ese año, asegura, el funcionario Pérez Alvarado le informó a ella y varios de sus compañeros que ya no formaban parte del Insabi y ahora sería el ISSSTE la instancia que respondería por ella y ellos, pero tampoco le ha dado respuesta
El 30 de junio termina el último contrato y temen que ni el Insabi ni el ISSSTE renueven sus servicios. ”En el ISSSTE estamos ante un hermetismo total por parte de las autoridades en relación a nuestra permanencia, y por el otro lado nos sentimos como los hijos huérfanos del Insabi, porque ni la institución ISSSTE ni ellos nos reconocen, la mayoría de ellos no pertenece ni a la bolsa de trabajo de nuestra institución a pesar de tener una antigüedad de tres años en su mayoría”, se lee en una carta enviada al Jefe del Ejecutivo el 16 de febrero y firmada por personal del Insabi contratado para responder a la emergencia de la COVID-19.
En una situación similar se encuentra Ever, un trabajador del área de triage respiratorio de Morelos. Él denuncia que desde junio de 2021, cuando comenzó a ejercer en una clínica de primer nivel del ISSSTE al sur de la entidad, se ha enfrentado al pago a destiempo de su sueldo, además de laborar, al igual que sus compañeros, sin derecho a vacaciones
“Cada tres meses se entregan papeles y cuando se genera un contrato los pagos tardan entre un mes y mes y medio en realizarse (…) en mi caso, y en de los compañeros que estamos laborando aquí en Morelos en la zona sur, no hemos tenido vacaciones prácticamente desde que empezó la pandemia, no nos brindan permutas, no podemos pagar guardias. La respuesta siempre ha sido negativa y muy tajante: nos dicen que no tenemos derecho y tenemos un contrato que nos obliga renunciar a cualquier demanda en contra de la institución”, expone.
Esta no es la primera vez que empleados del Insabi revelan las malas condiciones en las que ejercen, pues en enero y febrero se registraron protestas en distintos puntos del país, incluida la Ciudad de México, para denunciar el retraso en sus pagos, aunque estos se concretaron, las y los trabajadores dejaron al descubierto una problemática constante en el programa.
En cuanto a la basificación prometida por el Gobierno, desde 2021 comisiones de representantes de estados como Chihuahua, Durango, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Puebla, Estado de México, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz se han reunido con trabajadores del Insabi, pero ahora, con la próxima eliminación del Insabi, trabajadores como Laura y Ever siguen sin certeza de qué pasará con sus empleos.
LA ASF DETECTÓ IRREGULARIDADES
La operación del Insabi también estuvo marcada por deficiencias, una muestra de ello fue que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en las adquisiciones consolidadas de medicamentos y material de curación hechas por el instituto en 2021, por ejemplo, al elegir fármacos sin registro sanitario y contratar proveedores que ofrecían los precios más altos.
En el informe de la Cuenta Pública de ese año, la ASF encontró que el Insabi no acreditó cuánto pagó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) por costos de adquisiciones, gerencia y operaciones, además de los costos indirectos. La auditoría también concluyó que “no se cumplió con la totalidad de las necesidades de medicamentos y material de curación de las Instituciones Públicas Participantes requeridas al Insabi”, pues de las 3 mil 485 claves de insumos requeridas por las instituciones sanitarias en noviembre de 2020, la UNOPS adjudicó sólo mil 050 claves, es decir, 30.1 por ciento de lo requerido.
Además, al revisar la adquisición consolidada y distribución de medicamentos oncológicos, la Auditoria Superior alertó un probable daño o a la Hacienda Pública Federal ya que el Insabi no comprobó 751 mil 811.95 pesos de sus gastos porque no presentó documentación para acreditar la aplicación de penas convencionales a dos proveedores relacionadas con la compra de medicamentos.
De igual forma, la ASF concluyó que el Insabi no informó detalladamente o de la cantidad de medicamentos oncológicos entregados a 32 instituciones públicas por la UNOPS aunque tenía la responsabilidad de hacerlo al estar a cargo de la distribución de ellos y del material de curación hasta su destino final.
A ello se suma que, de acuerdo con su último monitoreo de metas publicado el año pasado, hasta 2021 las obras terminadas y de mantenimiento en los servicios de salud estatales que realizó no superó el 46.7 por ciento. Mientras que en materia de personal médico por cada mil habitantes sin seguridad social, el Insabi se planteó cerrar 2021 con 2.05, pero el resultado fue menor al quedar en 1.86.
Esta semana la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó al director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, a rendir informe sobre las actividades y gastos de la institución que presidió, algo que deberá entregar entre el 16 y 19 de mayo. Esta será la primera vez en tres años que presenta sus resultados a la Cámara Baja.
