La dependencia determinó que, con base en la información que fue presentada ante ella, no había podido acreditar irregularidades o un posible conflicto de interés entre el Presidente de México, su hijo José Ramón López Beltrán, y el empresario Daniel Chávez Morán en torno al proyecto de infraestructura.
Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– La Secretaría de la Función Pública (SFP) descartó que existiera un conflicto de interés entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo José Ramón López Beltrán y el empresario Daniel Chávez Morán –fundador y dueño del Grupo Vidanta– en lo referente al proyecto del Tren Maya.
En un comunicado emitido este viernes, la dependencia recordó que en febrero de este año recibió un escrito donde se le imputaba al Presidente de la República y a Daniel Chávez Morán de presuntamente haber incurrido en “conflicto de interés, cohecho y soborno” debido a que López Beltrán trabaja como asesor legal en KEI Partners, una empresa de los hijos del empresario que a su vez fue designado como supervisor del megaproyecto en junio de 2020.
La denuncia fue interpuesta por la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalara que en 2020 el Gobierno de México otorgó a Grupo Vidanta una ampliación de una concesión para ocupar una playa por 15 años más.
Al respecto de la investigación abierta por los hechos, la SFP indicó que no había acreditado irregularidades en el nombramiento de Daniel Chávez Morán ni en los actos jurídicos relacionados con la empresa Grupo Vidanta, después de revisar la información presentada y determinar que “no se encontraron evidencias competentes y concluyentes”.
“Se acreditó que el C. Daniel Chávez Morán, nombrado como ‘supervisor honorario’ en el proyecto Tren Maya, no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la Administración Pública Federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, remarcó la entidad gubernamental.
Asimismo, destacó que no hubo irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta, de Chávez Morán, e instituciones del Gobierno federal.
La Secretaría recordó que el límite de su competencia es la Administración Pública Federal, por lo que aclaró que no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a este ámbito ni actos celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners.
Según MCCI, Grupo Vidanta recibió en 2020 la ampliación por 15 años de una concesión para ocupar playas en diversas entidades, entre ellas Guerrero. así como un permiso para construir un teleférico sobre el río Ameca, que conectará dos megaproyectos turísticos en Jalisco y Nayarit.
La ONG agregó que la concesión y el permiso fueron otorgados a Vidanta el mismo año en que el hijo mayor del mandatario nacional, José Ramón López Beltrán, obtuvo la visa para trabajar en Estados Unidos por gestión e invitación de KEI Partners, empresa inmobiliaria fundada en Houston por los hijos de Chávez Morán, quienes también han tenido participaciones accionarias en compañías de dicho consorcio turístico.
