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Cientos de embarazos de adolescentes en México se dan por violencia sexual, denuncia ONG

06/05/2016 - 12:03 am

De entre todas las circunstancias que fomentan los embarazos en la adolescencia, son las relaciones de poder desiguales, la desinformación, el matrimonio infantil y la violencia sexual, los principales factores de riesgo que llevan cada año a más de 400 mil mujeres menores de 20 años a ser madres en México.

La campaña incluye los testimonios de madres adolescentes. Imagen: Hastaelultimonino.mx
La campaña incluye los testimonios de madres adolescentes. Imagen: Hastaelultimonino.mx

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- Pese a que las cifras gubernamentales no lo registran, la organización internacional Save the Children denunció que el grupo más joven de las mujeres embarazadas cada año en México, de entre 10 y 14 años, es víctima de abuso sexual, el cual no sólo incluye una violación, sino situaciones como el incesto, el matrimonio forzado y el uso de lenguaje explícito.

En su informe Estado de las madres en México: embarazo y maternidad en la adolescencia, la asociación civil apunta que tan solo en los dos primeros años de este sexenio (2013-2014) se registraron 394 nacimientos de niñas de 10 años.

“Esto es especialmente grave puesto que aunque no hay datos conclusivos sobre el tema, se puede asumir que en la mayoría de los casos, estos embarazos son producto de la coerción y la violencia. No existe un dato más certero porque las fuentes estadísticas no lo demuestran: ni la Secretaría de Gobernación ni las bases de datos sobre mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registran los episodios de violencia sexual hacia poblaciones de 10 a 12 años”, escriben en el reporte.

Claudia Alonso Pesado, coordinadora de políticas públicas del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo a SinEmbargo que esta recolección de datos es parte de su estrategia como órgano gubernamental, “el Sistema Nacional de Salud en sus espacios de atención, las procuradurías, los centros de atención a víctimas de violencia, es de donde se irá recolectando la información […] pero definitivamente el Sistema Nacional de Protección en la búsqueda de diagnóstico y la Consulta Nacional nos apuntan a que tenemos que trabajar hacia ese rumbo. Estamos en la construcción de toda la estrategia, de cómo el Sistema Nacional de Información tendría que inducir, facilitar, promover, a que el Inegi pueda recolectar información.

Y visibilizar el problema, ese es el asunto, todos lo sabemos pero no lo queremos contar”.

PROMO_SAVE

Además, en conferencia de prensa donde se presentó el informe, que forma parte de la campaña “Hasta el último niño y niña”, Alonso Pesado resaltó los casos de embarazos de niñas entre 10 y 12 años y adolescentes entre los 12 y los 14, “nos vuelve a corroborar lo que algunos estudios nos daban de indicio, que esos son abusos sexuales, eso son relaciones que no guardan la responsabilidad que una joven o una niña puedan tomar en una decisión”.

Save the Children toma como referencia un informe de 2015 del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), para decir que “los adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia sexual y enfrentan desafíos particulares en el manejo de sus consecuencias, incluyendo el embarazo. La mayoría de los casos de violencia sexual en México son contra las mujeres y suceden en el seno de la propia casa y cometidos por familiares (padres, padrastros, hermanos, tíos, primos), hombres conocidos (vecinos, compadres) o gente de ‘confianza’ (amigos). Los cuerpos de las mujeres a menudo son vistos como propiedades de los hombres, de las familias y las comunidades”.

“Esto tiene implicaciones graves sobre la salud física y mental de las adolescentes por la violencia impuesta a las niñas y mujeres que, por un lado, legitima el autoritarismo y machismo en donde se desconoce, niega o castiga la sexualidad de la mujer, y por otro, se impone el control y el abuso del hombre sobre su cuerpo”, continúan.

Aceptaron que ha habido avances, como la NOM 046, en la que se estipula que las víctimas de violación sexual pueden acceder a los servicios de interrupción legal del embarazo sin presentar una denuncia judicial, asismimos, las adolescentes de 12 años o más podrán solicitar tales servicios son el permiso de sus padres o tutores, sin embargo, denunciaron que los criterios para atender la violencia sexual que hoy en día existen son muy altos, pues estipula a la violación sólo como una de las formas de violencia sexual, cuando en ésta también intervienen situaciones como el acoso y el hostigamiento.

DESINFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y POBREZA

Integrantes de la ONG, voceras y funcionarios en la presentación del informe. Imagen: Especial
Integrantes de la ONG, voceras y funcionarios en la presentación del informe. Imagen: Especial

El estudio concluye que una de cada dos adolescentes de 12 a 19 años que inicia su vida sexual, se embaraza por causas relacionadas con la violencia sexual, la nupcialidad temprana, el no uso o uso incorrecto de anticonceptivos, y en general la poca educación integral en sexualidad que tienen las y los adolescentes,

Señala, que en la ya de por sí excluida población adolescente, “la falta de información y de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, los estereotipos de género, las relaciones de poder desiguales, la discriminación y desigualdad, la violencia sexual y de género, los matrimonios infantiles y la falta de oportunidades económicas, son algunos de los factores analizados que tienen influencia en la decisión de tener hijos a temprana edad”.

Sí, una decisión, pues cerca del 40 por ciento de los embarazos entre adolescentes que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo son deseados, “muchas de ellas desean el embarazo por falta de oportunidades y de un contexto en donde la maternidad es el único rol valorado de las mujeres en sus comunidades”.

Por ello, entre sus recomendaciones están: Asegurar el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, la cobertura universal de salud; fomentar la corresponsabilidad masculina en la salud reproductiva; favorecer una política de abasto de métodos anticonceptivos accesibles; contar con un financiamiento justo y eliminar las barreras de la discriminación.

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