Una recomendación de la CNDH emitida hace poco más de dos meses al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, documentó violaciones a los migrantes en Ciudad Juárez, incluso contra quienes contaban con permiso para permanecer en México y pidió investigar al encargado de la estación, ahora detenido por la tragedia migrante.
Ciudad Juárez, 6 de abril (La Verdad).– La Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba informada de violaciones a derechos humanos, a derechos jurídicos, a violaciones a la libertad personal y de tránsito en la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez antes del incendio que ha dejado 40 migrantes muertos y más de 20 heridos.
Incluso la CNDH emitió una recomendación el 31 de enero de este año en la que pide que se abra una investigación en contra del encargado de la Estación Provisional, Daniel G.Y., representante local de la región Noreste, ahora detenido y vinculado a proceso como uno de los presuntos responsables por la muerte de los migrantes, así como contra otros cinco agentes de Migración que estaban asignados al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.
El 20 de mayo de 2022, tres ciudadanos turcos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Abraham González, por cinco agentes del Instituto Nacional de Migración.
Los ciudadanos turcos presentaron su documentación en regla ya que contaban con un permiso de estancia turística legal por 180 días que les acaban de entregar dos días antes el Aeropuerto Internacional de Cancún.
A pesar de identificarse legalmente y de presentar la documentación requerida para transitar por el país, los agentes de Migración argumentaron que cayeron en contradicciones en sus entrevistas y que no tenían un vuelo de regreso a la Ciudad de México por lo que los llevaron detenidos a las Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración del Puente Lerdo.
Daniel G.Y. aprobó su internamiento en las celdas e inició el proceso para generar un oficio de salida definitivo del país en un término no mayor a 15 días para abandonar México por la frontera sur más cercana.
De acuerdo con lo narrado por las víctimas, el funcionario federal les pidió dinero a cambio de regresarles sus documentos y dejarlos en libertad, a lo que se negaron.
El 23 de mayo les entregaron los oficios para que abandonaran el país de manera definitiva, a pesar de contar con la estancia legal por 180 días. Pero aún así los mantuvieron detenidos. Seis días estuvieron detenidos en la Estación Migratoria.
Luego de eso interpusieron su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Tras 8 meses de seguimiento la CNDH lanzó una recomendación al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, para que investigara a los oficiales que estuvieron en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez y al representante local de la Región Noreste y por lo tanto de la Estación Migratoria del puente Lerdo.
De acuerdo con la CNDH se violó el Artículo 7 de la Convención Americana “… nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”.
También determinó que:
“Conforme a los numerales 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II y 26 de la Ley General de Víctimas, existe la obligación de las autoridades de todos los ámbitos de gobierno de reparar a las víctimas de una forma integral, por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones a derechos humanos que les causaron, a través de medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición”.
Sin embargo, la detención de migrantes con permiso para permanecer en México continuó, en el incendio del 27 de marzo murió Julián Villamil, un colombiano de 22 años que tenía un permiso vigente, llegó en avión, rentó un departamento y fue detenido arbitrariamente.
A Eduardo de Jesús Carballo López, un venezolano de 26 años de edad, lo detuvieron elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando caminaba por la calle hacia una farmacia de la zona Centro, para comprar medicamento para su hija de un año que sufre de convulsiones.
Él se identificó y trató de mostrar los documentos que acreditan su estancia legal en el país, sin embargo los elementos de Migración lo trasladaron al centro de detención temporal alrededor de la 1:30 de la tarde del lunes 27 de marzo. Alcanzó a hacer una llamada a su esposa, Viangly Infante, venezolana de 26 años con estancia legal para transitar en México en su trayecto a Estados Unidos.
Viangly llegó a las instalaciones del INM junto a sus tres hijos alrededor de las 2:00 de la tarde con los papeles que acreditan la estancia legal de su esposo. A pesar de demostrar que tienen permiso para estar en México las autoridades de Migración la dejaron esperando.
Para las 9:00 de la noche no tenía respuesta, minutos después empezó a escuchar gritos desde el área de las celdas, había iniciado el incendio. Eduardo sobrevivió pero estuvo internado grave en la Clínica 35 del IMSS en Ciudad Juárez, de donde fue trasladado a un hospital del Paso, junto con su familia.
De acuerdo con un exempleado del Instituto Nacional de Migración, que pidió la reserva de su identidad por razones de seguridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un constante monitoreo de las condiciones en que se encuentra la Estación Migratoria del INM en Ciudad Juárez.
El integrante de la organización Uno de Siete Migrantes, Jorge Cobos, mencionó que ellos interpusieron una queja ante la CNDH porque se les negó el acceso a la Estación Migratoria desde 2019 para observar las condiciones de los migrantes detenidos, sin embargo, aun está en proceso de investigación y no se ha lanzado una recomendación al respecto.
