Desde el domingo y por los próximos 60 días habrá campañas políticas en la capital del país. Con 286 cargos públicos en juego, las autoridades electorales tendrán grandes retos de aquí al 6 de junio, cuando la población acuda a depositar su voto en las urnas. De acuerdo con el consejero electoral capitalino, Mauricio Huesca Rodríguez, hay dos factores que agravan y que hacen única la complejidad de estas elecciones: la crisis sanitaria y la posibilidad de reelección de alcaldes y diputados.
Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- Los procesos electorales siempre son complicados. Pero este año lo serán más, en un contexto en que la participación ciudadana está deprimida por la pandemia de COVID-19, en que hay “una fuerte percepción” del electorado en materia de delitos e irregularidades electorales, además de un problema presupuestario, ya que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tiene menos recursos de los que necesita para garantizar elecciones imparciales con estricto apego a la ley, dijo en entrevista con SinEmbargo el consejero Mauricio Huesca Rodríguez.
Por un lado, el abogado refirió que en las condiciones actuales, uno de los principales retos de las autoridades electorales federales y capitalinas será promover la participación política, tanto para que los ciudadanos asuman su responsabilidad como integrantes de las mesas directivas de casilla, como para que acudan a las urnas a emitir su voto.
En ese sentido, Huesca Rodríguez explicó que si en una “elección de carro completo” —que es aquella en que también resulta electo el Jefe de Gobierno capitalino— es normal que haya una participación del 70 por ciento del electorado, y que en una intermedia —como la de este año— haya una participación mínima equivalente al 45 por ciento de la lista nominal, en un escenario de contingencia sanitaria, en que aún tiene efectos la tercera ola de contagios a nivel nacional, hay un “caldo de cultivo idóneo para que no participe la gente”.
Para facilitar y promover la participación ciudadana, el consejero electoral capitalino refirió que será necesario implementar medidas que van más allá de una fuerte campaña de invitación al voto.
Aplicarán un esquema electoral diseñado para que no pueda haber más de 750 personas por casilla al mismo tiempo, además de medidas de prevención sanitaria que incluyen mecanismos de sanitización de instalaciones, así como protocolos para evitar, en la mayor medida posible, el contacto entre funcionarios de casilla y votantes.
“También queremos invitar a los partidos políticos a que aprendan a hacer campañas de manera distinta a lo ordinario: que no haya concentraciones o no haya mítines, o evitarlos en la mayor medida posible. Y si hay, que sean en espacios públicos, preferentemente ventilados, al aire libre y con poca concentración de personas”, indicó Huesca Rodríguez.
Además de los problemas de participación ciudadana, el consejero del IECM explicó que otro de los grandes retos de las autoridades electorales será frenar el uso abusivo de recursos públicos en la campaña electoral, incluido el uso pernicioso de programas sociales y los actos anticipados de campaña.
“Al día de hoy llevamos cerca de 250 quejas presentadas ante el Instituto en todo el proceso electoral. Lo preocupante es que casi el 70 por ciento de esas quejas fueron presentadas por ciudadanas y ciudadanos”, porque es un indicador de que “la ciudadanía tiene una fuerte percepción de que hay una violación de la norma por parte de quienes aspiran a un cargo de elección popular, y son dos las principales razones: uno, el quebrantamiento al principio de imparcialidad del uso de los recursos públicos de quienes están buscando la reelección, porque sí hay un gran porcentaje de quejas en contra de aspirantes que buscan la reelección en las alcaldías y en el Congreso de la Ciudad de México, […] y desde luego, el segundo bloque de quejas de mayor número, que es el hecho de que muchos de los contendientes estuvieron haciendo actos anticipados de campaña”.
La información pública disponible indica que nueve alcaldes capitalinos buscarán reelegirse, además de dos que buscarán una diputación local o federal, y dos más que van por gubernaturas en Campeche y Guerrero.
Pese a que el IECM tiene varias propuestas para solucionar los retos electorales de los próximos meses, una piedra en su zapato será la falta de presupuesto, que además de limitar su capacidad operativa, pone en vilo tareas básicas como la impresión de materiales y documentación electorales, así como procesos ligados al PREP y al conteo rápido, además de la contratación de asistentes electorales en un momento en que el IECM requiere a tres mil 500 operadores de campo, entre ellos algunos supervisores electorales, y en que tendrá que desembolsar recursos para instalar 13 mil 500 casillas locales, que implican costos adicionales ligados a la instalación de insumos básicos de sanitización, desinfección y de cuidados para los votantes e integrantes de las mesas directivas de casilla.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el IECM solicitó un presupuesto de casi 2.2 mil millones de pesos para 2021, pero el Congreso local le aprobó un presupuesto 27 por ciento inferior, con un recorte de casi 590 millones de pesos.
“Nos mocharon más de 550 millones de pesos, que es un monto equivalente al financiamiento de los partidos políticos, o el monto que necesitamos para la organización del proceso electoral. […] Hoy por hoy, todavía no tenemos definición por parte de la Secretaría de Finanzas y del Gobierno central de la Ciudad de México. […] Hoy ya estamos en un escenario en que nos preguntamos ¿qué va a pasar con el presupuesto? Y seguramente tendremos que impugnar ante tribunales para poder, por esa vía, exigir los recursos”, explicó Huesca Rodríguez.
QUEJAS Y FOCOS ROJOS
En junio de 2021, los capitalinos elegirán a 66 diputados locales, 16 alcaldes y 204 regentes, concejales o representantes comunitarios. En ese sentido, uno de los grandes problemas o retos de las autoridades electorales federales y locales será prever y evitar irregularidades y delitos electorales.
De acuerdo con el consejero Mauricio Huesca Rodríguez, hasta el momento “Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón son las dos alcaldías en las que hay el mayor número de quejas presentadas” por cuestiones electorales.
–¿Qué está haciendo el IECM al respecto?
–Como muchas de estas quejas están relacionadas con actos anticipados de campaña o la utilización de programas sociales, se han estando dictando medidas preventivas y cautelares a efecto de, por ejemplo, retirar propaganda que no se justifica previo al inicio de las campañas. También y desde hace varias semanas, hemos estado pidiendo a las alcaldías que nos apoyen con el retiro de la propaganda en cuestión, además de iniciar procedimientos sancionadores en contra de quienes aparezcan en ella. En cuanto al uso de recursos de programas sociales, nosotros en el instituto pedimos toda la información relacionada con los mismos: cuáles son, cuál es el padrón de beneficiarios y cuáles son las reglas de operación, para a partir de esto ver qué programa puede tener un tinte electoral y de esa manera, pedir en todo caso que se baje ese programa.
–¿Hablamos de un problema aislado o recurrente? ¿Cómo es en comparación con lo que sucede en otras entidades federativas?
–El uso electoral de recursos públicos es recurrente en todos los procesos electorales. En la Ciudad de México, a diferencia de lo que ocurre en otros estados […] nuestra problemática siempre es la misma: la utilización de recursos públicos o la utilización de programas sociales. Sin embargo, hoy por hoy hay un componente adicional: que se permite la reelección.
Lamentablemente como la Constitución y la ley [electoral] no prevén más que la posibilidad de reelegirse, no hubo ningún elemento [legislado] que pudiera contener a quienes busquen esta reelección. Hubimos quienes votamos porque pusiéramos unos límites a este ejercicio: que si fueran reelectas o reelectos, por ejemplo, que tuvieran que separarse del cargo con cierta temporalidad, revisar los recursos de trabajo con los que cuentan para que estén reportando que están haciendo, y poder hacer cruces de si están haciendo un tipo de campaña a beneficio de un servidor o servidora públicos. La idea es que podamos contener siempre estos efectos perniciosos del proceso electoral. Justamente hace tres años, el proceso de la Alcaldía de Coyoacán estuvo a punto de ser anulado, precisamente por el tema de utilización de recursos públicos. Es un tema al que recurren mucho nuestras servidoras y servidores públicos electos popularmente, y el Instituto siempre tiene que estar detrás de ellos como autoridad, buscando la equidad en la contienda.
–¿Qué impacto tienen, en ese sentido, los acuerdos de elecciones limpias que proponen las autoridades electorales, los partidos e incluso la Presidencia de la República? ¿Funcionan en realidad, o es discurso político?
–Acá en el Instituto suscribimos muy recientemente un acuerdo, y sería el segundo acuerdo que suscribimos en estos términos. El primero lo suscribimos por diciembre-enero, en el cual llamamos a una organización y celebración de un proceso electoral en términos de neutralidad, en términos de un pacto de civilidad, para efecto de que los partidos políticos y las candidaturas que elijan se rijan bajo el principio de un proceso democrático limpio y neutro, en el cual no haya desequilibrios, no haya descalificativos innecesarios, que sean campañas positivas, campañas que informen realmente a la ciudadanía y en que el único componente que pueda determinar quién gana y quién pierde, es el buen o mal Gobierno y desde luego, las críticas a las propuestas y a la falta de cumplimiento de las propuestas de quien en su caso las lleve al poder público. En ese sentido hemos tratado de desincorporar, entre otros, los argumentos que inciten a la violencia, que inciten a la violencia política por razón de género.
La firma de acuerdos, aunque sí ayuda de manera generalizada cuando lo firmamos con partidos políticos, […] siempre hay puntos, alcaldías o distritos […] en que los ánimos se caldean y los ánimos se pueden prender. Es ahí donde también tenemos mecanismos para poder desactivar y desarticular cualquier situación que pudiera enrarecer el clima de la elección.
–Además de las irregularidades e ilícitos electorales, por ejemplo, en otras entidades federativas, hay registro de actos de violencia relacionados con las elecciones, como puede ser el robo de boletas electorales. En ese sentido, ¿hay focos rojos en la capital del país?
–En la Ciudad de México este tipo de hechos siempre se da de manera aislada, por fortuna. No son un hecho generalizado como en otras elecciones, como por ejemplo en Puebla, […] donde hace tres años incluso implicó que hubiera una reposición de proceso electoral. La reposición de proceso se ordena cuando ese tipo de incidentes sí son generalizados; pero cuando son aislados, lo que se hace es que se discrimina la votación que pudo haber sido alterada o manipulada perniciosamente, y si no es relevante para el procedo electoral, se quita y simplemente se anulan esos votos.
En la Ciudad de México hemos tenido problemáticas sobre todo en la etapa de cómputo de la elección. A diferencia de las elecciones federales, ya empezado el cómputo de votos el mismo domingo de la jornada electoral, han llegado grupos que pretenden robarse los paquetes de los consejos distritales. Ha pasado casi en todos los procesos electorales, y nosotros lo que tratamos de hacer es tener protocolos de acción porque no podemos evitar que pase, pero lo que sí podemos hacer es abatir el riesgo de que ocurra esto, o bien, contenerlo.
–¿De qué manera lo contienen?
–Con seguridad pública, con ayuda del C-5 incluso, y con mecanismos de recuperación de paquetes electorales. […] En caso de que haya robo de urnas o de paquetes de boletas, aunque son problemáticas a nivel menor, tenemos protocolos para poderlas, en todo caso, controlar. Si se sale de total control un paquete robado y alterado, lo que hacemos es quitar ese paquete de la votación total, siempre y cuando, si en la elección, la diferencia entre el primer y segundo lugar no fuera determinante, toda vez que incluso sumándole todos esos votos al segundo lugar, los resultados fueran iguales. De lo contrario, que pudiera haber un cambio de ganador, se podría repetir la elección.
Aunque no hay un mapeo de focos rojos como tal, sí nos informan los consejos distritales, que son los que tienen el pulso más cercano de lo que está ocurriendo en su Distrito, y nos van diciendo si hay o no un foco rojo. Lo que hacemos es tomar medidas particulares para dar atención a cada caso en concreto; y aunque sí tenemos identificados los casos recurrentes en donde hay una complejidad, siempre tratamos, a efecto de no echar a andar los protocolos de manera innecesaria, de ir contrastando casos.
–La generación de violencias y de irregularidades ligadas a procesos electorales también ha sido vinculada a grupos delictivos en algunas entidades federativas. ¿Existe el riesgo de que esto ocurra en la capital del país?
–Sí. Siempre hay riesgo de que el crimen organizado, por la importancia de lo que está en juego en los procesos electorales, se pueda inmiscuir. Nosotros, cuando hacemos contacto con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México pedimos que nos ayuden a determinar zonas de riesgo para poder tener un catálogo y tener mayores precauciones en algunas zonas. También muchas veces esto se va conociendo desde las propias quejas: se va viendo cómo van presentándose y en qué perfil se van presentando. Puede ser por actos ilegales de campaña o por cuestiones de dinero, […] y el tema es de fiscalización, para efectos de poder determinar qué comportamiento atípico está ocurriendo en un Distrito o Alcaldía. Hoy por hoy, pese a que no desconocemos y no cerramos los ojos ante esta situación, por fortuna no hemos detectado ningún riesgo para esta elección en la Ciudad de México.
