La CNDH reveló este día que 11 estados del país concentran el 82.71 por ciento de los desaparecidos en el país (23 mil 934). Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, Sonora, Guerrero, Puebla y Michoacán.
Respecto al hallazgo de fosas clandestinas, el organismo autónomo informó que los estados reportaron, entre enero de 2007 a septiembre de 2016, la localización de 855 fosas, aunque no todas las entidades dieron información, de ahí se exhumaron mil 548 cadáveres. Guerrero Nuevo León y Veracruz, encabezan la lista.
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Ciudad de México, 6 de abril (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó este día a la opinión pública el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México.
De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y de las proporcionadas por instancias de procuración de justicia al organismo nacional humanitario, en la última década se advierte un incremento en el número de personas desaparecidas.
En 2007 hubo 662 casos; en 2008, 822; 2009, mil 401; 2010, 3 mil 227; 2011, 4 mil 094; 2012, 3 mil 343; 2013, 3 mil 878; 2014, 4 mil 196; 2015, 3 mil 768, y hasta octubre de 2016, 3 mil 805 casos.
El 82.71 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas del fuero común que corresponde a 23 mil 934 casos, se concentra en 11 estados del país: Tamaulipas 19.22 por ciento, 5 mil 563 casos; México, 10.31 por ciento, 2 mil 984; Jalisco, 8.71 por ciento, 2 mil 523; Sinaloa 8.24 por ciento, 2 mil 385; Nuevo León 8.20 por ciento, 2 mil 374; Chihuahua 6.68 por ciento, mil 933; Coahuila, 5.59 por ciento , mil 620; Sonora 4.45 por ciento, mil 288; Guerrero, 3.99 por ciento, mil 155; Puebla 3.73 por ciento, mil 080 y Michoacán 3.55 por ciento, mil 029 casos.
“El resultado de la investigación de este fenómeno confirma que las desapariciones subsisten en el país, como consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de procuración de justicia pronta y expedita que, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos reconocidos en la Constitución General de la República”, concluyó la CNDH.
Estimó preocupante el aumento de hallazgos de fosas clandestinas y cadáveres exhumados de ellas; del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016 se localizaron 855 fosas clandestinas, de las que se exhumaron mil 548 cadáveres, de los que sólo se ha identificado a 796, indicó el recuento que hizo la comisión a partir de las respuestas de las autoridades ministeriales.
Las autoridades de Baja California, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Ciudad de México señalaron no contar con antecedente alguno relacionado, en tanto que las de
Aunque no todos las entidades respondieron a la solicitud de la CNDH para informar sobre las fosas clandestinas en su territorio, tal es el caso de Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas, la Comisión documentó que el estado con más fosas fue Guerrero (195), seguido de Nuevo León y Veracruz (191 cada uno), Zacatecas (83), Coahuila (51), Colima (35), San Luis Potosí (34), Durango (18) Jalisco (17) y Sonora (12).
Por su parte las instancias de procuración de justicia de Coahuila, Colima, Nuevo León y Veracruz informaron haber exhumado o encontrado 13 mi l 825; 37; 222 y 21 mil 874 fragmentos de restos óseos humanos, respectivamente, que suman un total de 35 mil 958.
El informe incluye 102 propuestas para la atención integral de desapariciones, dirigidas al Secretario de Gobernación, Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Legislaturas de los estados y Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Titulares de la Procuraduría General de la República y de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades del país.
