Aún es temprano para calificar las obras de infraestructura del Gobierno de AMLO. Hasta el momento, han habido consultas (Santa Lucía, los trenes Maya e Itsmo, la refinería de Tabasco y la termoeléctrica de Morelos) y anuncios de inversión de al menos 113.75 mil millones de pesos para infraestructura física. Sin embargo, a casi 100 días de Gobierno, las polémicas y conflictos sociales por algunos de los proyectos gubernamentales han generado especulación, e inclusive, falta de confianza en algunas estrategias de Gobierno.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- “Sin infraestructura no hay progreso”, se lee en el “Proyecto de Nación 2018-2024” del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por ello, el político tabasqueño plantea impulsar proyectos de inversión física “con una visión de desarrollo”, sobre todo en la región sureste del país.
La estrategia del Presidente estará enfocada en ocho grandes proyectos, como lo son la construcción de dos pistas aéreas en Santa Lucía (Edomex); dos trenes, uno en el Istmo de Tehuantepec y otro en la Península de Yucatán; la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco; la ampliación, modernización y conservación de la infraestructura carretera a nivel nacional; el fortalecimiento de la autosuficiencia hídrica del país; la ampliación de la cobertura de banda ancha en las zonas marginadas de México, y la reconstrucción tras los sismos de 2017 y 2018.
El primer año de gobierno –de cualquier administración entrante– suele ser complicado para el desarrollo de infraestructura, ya que los proyectos empiezan con fases de diagnóstico y estructuración. Sin embargo, a 96 días de mandato de López Obrador, la dinámica fue diferente a la que experimentamos en los albores del sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto (EPN).
En los primeros 62 días de Gobierno de EPN, la inversión física (128.06 mil mdp) fue 15.30 por ciento mayor a la inversión registrada (108.47 mil mdp) en los primeros 62 días de gobierno de AMLO, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, la inversión en materia de transporte con AMLO, en ese mismo periodo, fue 175.48 por ciento mayor que con EPN (6.64 contra 2.41 mil mdp), quien dio mayor énfasis a las comunicaciones (invirtió 356.3 mdp, en contraste con los cero pesos erogados por la administración de AMLO).
Más allá de los números, la dinámica de este Gobierno contrasta con la de su antecesor.
Entre enero y marzo de 2013, Enrique Peña Nieto realizó giras por el Estado de México y Morelos para impulsar los proyectos de infraestructura estatal, y visitó Tabasco para presentar un plan contra las inundaciones.
Su Gobierno también impulsó la Reforma Financiera (2013-2014) y una enmienda al artículo tercero constitucional para fortalecer y garantizar, entre otras cosas, las infraestructuras general (en el primer caso) y educativa (en el segundo). Pero asimismo, para febrero, el ex Presidente ya era criticado por vacacionar en un hotel de lujo (St. Regis) en Nayarit, mientras el país estaba de luto por la muerte de 37 personas, luego de una explosión registrada en el anexo B de la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la capital del país.
Durante los primeros tres meses de este año, el Gobierno federal comprometió al menos 113 mil 754 millones 660 mil 088 pesos para ejecutar las primeras etapas de los ocho grandes proyectos de infraestructura, así como para la continuación de las obras del Tren Interurbano México-Toluca.
Para la realización de las obras insignia del sexenio de AMLO, hubo cuatro consultas populares en que la mayoría de los encuestados votó de manera favorable.
Entre octubre y noviembre del año pasado, la población votante aprobó los proyectos de Santa Lucía (69 por ciento), de los trenes Maya (89.9) e Istmo (90) y de la refinería de Tabasco (91 por ciento). Además de estos proyectos, en febrero de 2019 hubo una aprobación mayoritaria (59.5 por ciento) con respecto a la entrada en operación de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos.
A pesar de las consultas, en los últimos meses han habido conflictos sociales por las obras de infraestructura física del Gobierno federal. Así las protestas en contra de la construcción de las pistas en Santa Lucía, del Tren Maya y de la termoeléctrica. En cambio, el proyecto de la refinería fue criticado por su inviabilidad (por la falta de tiempo y dinero requeridos para su construcción).
En el marco de una nueva administración, urge un impulso favorable al desarrollo de infraestructuras para potenciar la productividad y crecimiento nacionales.
Las cifras de los Presupuestos de Egresos de la Federación indican que, para este año, el presupuesto de inversión del Gobierno federal (711.4 mil mdp) es 6.39 por ciento mayor que el del año pasado (668.7 mil mdp). No obstante, el presupuesto para la inversión física de 2019 (646.5 mil mdp) es 3.37 por ciento mayor que en 2018 (625.4 mil mdp).
En promedio entre 2012 y 2018, el sector público mexicano destinó el 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a infraestructura física, de acuerdo con las cifras de la SHCP. Fue a partir de 2015 que este tipo de inversión comenzó a dar marcha atrás.
Entre 2015 y 2018, la inversión física del sector público retrocedió 20.06 por ciento real, pues el gasto ejercido –no presupuestado– pasó de 772.55 a 617.61 mil millones de pesos. Como proporción del PIB, la reducción implicó pasar del 4.17 al 2.68 por ciento.
En ese periodo, la inversión privada en infraestructura física también dio marcha atrás en 25.75 por ciento, al pasar de 496.93 a 368.98 mil millones de pesos. Su aportación como porcentaje del PIB pasó de 2.68 a 1.60 por ciento, según datos de Hacienda y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
De esta forma, la capacidad de inversión pública y privada de México pasó de 6.85 (2015) a 4.28 (2018) puntos de su PIB, cuando el mínimo aporte en infraestructura del sector público y privado, “para lograr la competitividad”, debería de ser de un mínimo de cinco puntos porcentuales, de acuerdo con los actuales estándares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
LAS OBRAS QUE URGEN
La infraestructura física de México es “adecuada”, según los resultados del “Reporte de Competitividad Global 2018” del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En la actualidad, México ocupa el lugar 49 de 140 economías evaluadas, con una calificación de 72.9 sobre 100 puntos.
Los resultados del WEF indican que la infraestructura nacional es fuerte en materia de (combate a la) “exposición a agua potable insegura” (95.7), en lo referente a la infraestructura eléctrica (95.25 en promedio) y a la conectividad vial (93.5 puntos de 100) y aeroportuaria (92.4).
Sin embargo, el país falla en materia de “densidad [o distribución] ferroviaria” (34), “eficiencia de servicios ferroviarios” (34.5), “conectividad de transporte marítimo regular” (43.7), “eficiencia de servicios [marítimos] portuarios” (54.5), “calidad vial” (58.3), “eficiencia de los servicios de transporte aéreo” (58.7) y “confiabilidad del suministro de agua” (62.4 puntos de 100).
En el “Proyecto de Nación 2018-2024” del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), las infraestructuras aérea, carretera, ferroviaria e hídrica tienen prioridad.
En los próximos tres años, por ejemplo, el nuevo Gobierno buscará sacar adelante la construcción de dos pistas aéreas en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México. Para ello, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 contempla una inversión de 15 mil millones de pesos, además de cerca de 3 mil millones adicionales para modernizar la infraestructura aeroportuaria nacional.
Esta obra, de acuerdo con un análisis del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), tendrá un costo final de 385.73 mil millones de pesos, cantidad 66.1 por ciento superior al costo estimado (232.23 mil mdp) para la construcción del aeropuerto de Texcoco, que fue cancelado por López Obrador.
En infraestructura vial, por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) destinará el 12.21 por ciento (8.02 mil mdp) de su presupuesto (66.55 mil mdp) para la “conservación y mantenimiento carretero” a nivel nacional, así como el 4.21 por ciento (2.76 mil mdp) en estudios de construcción y obras de conservación de la “infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras”.
Según el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, a lo largo de este año el Gobierno federal erogará 78 mil millones para la conservación de al menos 8.5 mil kilómetros de carretera (2.13 por ciento de la red) a nivel nacional, para la atención de 5.5 mil kilómetros de caminos en cabeceras municipales (la mitad de los caminos no pavimentados) en todo el país, y para cubrir los programas portuarios y aeroportuarios, así como aquellos ferroviarios y de telecomunicaciones (como el proyecto de banda ancha). Con ello, generarán 304 mil empleos directos e indirectos en 2019.
De 2000 a la fecha, según las cifras oficiales, el Gobierno con mejores resultados en materia de expansión de la red carretera de México fue el de Vicente Fox Quesada (2000-2006) quien añadió y mejoró 33 mil 880 kilómetros. Le siguen las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con 20 mil 715, y la de Enrique Peña Nieto (2012-2018) con 15 mil 813 kilómetros.
En infraestructura ferroviaria, la actual administración buscará ejecutar tres proyectos: el Tren Maya (que cruzará por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán), el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Veracruz), así como la conclusión de las obras del Tren Interurbano México-Toluca (Estado de México).
Para este año, el 66.24 por ciento (5.82 mil mdp) del presupuesto de la SCT (8.78 mil mdp) será destinado a “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga”, según datos del PEF. Dicha cantidad incluye 120 millones de pesos en estudios de “preinversión” de la vía ferroviaria del Tren Maya, con la finalidad de saber si su construcción es rentable y factible como proyecto de negocios y de desarrollo social.
Asimismo, la Secretaría de Turismo (Sectur) erogará 60 millones de pesos en estudios para determinar el impacto (ambiental, legal, productivo, social y turístico) del tren –cuyo costo total está estimado en 6.9 mil millones de pesos– en la vida de las comunidades por las que atraviesa su ruta.
Para el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, cuya extensión de 206 kilómetros, 148 puentes y 399 alcantarillas es sometida cada año a “trabajos de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo” (SCT), el Gobierno federal asignó 1.08 mil millones de pesos.
El 46.23 por ciento (500 mdp) de esa cantidad será destinada a la inversión física del proyecto, a través del “Programa de Inversión de Mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab”. Esto es 22.5 por ciento menos que lo invertido en 2018, cuando fueron destinados 645.63 millones de pesos para “conservar y mantener en estado óptimo la infraestructura ferroviaria, mediante la sustitución de durmientes, rieles y material de fijación en mal estado”.
En el caso de las obras pendientes de construcción del Tren Interurbano México-Toluca, el Gobierno federal dispondrá (en 2019) de 3 mil millones de pesos.
Además, el presupuesto de este año contempla 3 mil 584 millones 660 mil 088 pesos para fortalecer la infraestructura hídrica nacional.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ejercerá 480.68 millones en “agua potable, drenaje y tratamiento”, aparte de los 1.28 mil millones que destinará para mejorar la “infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento”.
Las secretarías de Hacienda y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagrada) invertirán, respectivamente, 730.9 y 660.6 millones de pesos para el “mejoramiento productivo de suelo y agua”, así como para impulsar la “infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua” a nivel nacional.
Por su parte, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) tendrá, según el PEF, 431.48 millones para lograr sus objetivos, como “crear un alto valor agregado para las instituciones del sector hídrico mediante el conocimiento, la creación y adaptación de tecnologías y el suministro de servicios tecnológicos altamente especializados”.
OTRAS OBRAS DE AMLO
Entre las prioridades del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador también está la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco; el Programa Nacional de Reconstrucción para atender a la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018; el impulso a las Administraciones Portuarias Integrales (APIS) del país, además de la ampliación de la cobertura de banda ancha en las zonas marginadas de México.
Este año, Pemex Transformación Industrial destinará 1.79 mil millones de pesos para la construcción de la refinería de Tabasco, que tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles diarios de crudo pesado “en una configuración de coquización” y “conversión de residuales”.
Asimismo, la empresa productiva del Estado invertirá 48.2 mil millones de pesos para el “desarrollo de la ingeniería, procura y construcción de plantas de proceso, equipos y servicios auxiliares” de la primera etapa de la instalación de la refinería.
Este proyecto ha sido criticado por organismos internacionales y nacionales debido a la falta de garantías para su construcción, en un momento en que Pemex atraviesa por una crisis financiera y en que el Gobierno federal ha prometido no endeudar más a la compañía. En cambio, la propuesta de modernizar las refinerías existentes cuenta con más apoyo como estrategia del ramo energético.
De acuerdo con el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, será en el segundo semestre de este año que inicie “la preparación del sitio [de la refinería] y se espera iniciar con la construcción hacia finales de año”. El proyecto tendrá inyecciones de capital de 57 mil millones de pesos en 2019, aunque de acuerdo con el directivo, en el primer semestre sólo serán elaboradas las evaluaciones y autorizaciones internas para la consecución de la refinería.
Por su parte, el Gobierno federal aportará 8 mil millones de pesos para el Programa Nacional de Reconstrucción, además de 3.64 mil millones del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y 180.93 millones del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).
A pesar de la inversión, en febrero de este año el titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, fue cuestionado en el Congreso de la Unión por el recorte de 85.23 por ciento de los recursos del Fonden, en comparación con lo asignado en 2018 (24.64 mil mdp).
Sin embargo, de acuerdo con Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), este año serán invertidos 21 mil millones de pesos, considerando la inversión a través de “la carpeta de proyectos de obras públicas”.
Dichas obras incluyen la reparación y construcción de viviendas, 11 centros de salud y 6 mil 237 inmuebles educativos a nivel nacional, así como 649 recintos del “patrimonio histórico de México”.
En lo que respecta a la infraestructura portuaria del país, el PEF 2019 contempla 6.83 mil millones de pesos para 10 de las 16 APIS federales.
La mayor parte de este monto (80.46 por ciento equiparable a 5.5 mil mdp) irá destinado a los puertos de Veracruz. Le siguen los presupuestos de las API’s de Lázaro Cárdenas en Michoacán (5.63 por ciento o 385 mdp), Altamira en Tamaulipas (3.83 por ciento o 262 mdp), Mazatlán en Sinaloa (2.81 por ciento o 192 mdp), Manzanillo en Colima (2.11 por ciento o 144 mdp), Topolobampo en Sinaloa (2.08 por ciento o 142 mdp), Coatzacoalcos en Veracruz (1.52 por ciento o 103.6 mdp), Ensenada en Baja California (1.21 por ciento u 83 mdp), Progreso en Yucatán (0.34 por ciento o 23 mdp) y Chiapas (0.01 por ciento u 845 mil pesos).
El comercio marítimo es de especial importancia para México considerando que, de acuerdo con la Organización Marítima Internacional (OMI), el 90 por ciento del comercio mundial se mueve a través de los más de 50 mil buques mercantes registrados en más de 150 países.
En la actualidad, México cuenta con 117 puertos y terminales habilitados, 74 de ellos gestionados por las APIS.
De acuerdo con los datos de la SCT, entre 2012 y 2017 los puertos mexicanos crecieron en 56.15 por ciento (al incrementar de 260 a 406 millones de toneladas su capacidad conjunta de manejo de volumen comercial). Entre los más importantes –sin considerar los petroleros–destacan los de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Ensenada.
En el caso de la inversión en telecomunicaciones, que incluye la inversión para el proyecto de banda ancha, la SCT dispondrá de 3.32 mil millones de pesos, de acuerdo con el PEF 2019.
Los datos (2018) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) refieren que en México hay 17.87 millones de suscripciones de banda ancha fija, además de 82.69 millones de suscriptores de banda ancha móvil.
Entre junio de 2017 y 2018, México fue el segundo país con mayor crecimiento (7.1 por ciento) de penetración del servicio de banda ancha fija. En el caso de la banda móvil, el crecimiento fue de 6.5 por ciento.
Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), “los datos publicados por la OCDE confirman que México se encuentra en el camino correcto hacia el objetivo de lograr mayor penetración de banda ancha y reafirman la efectividad de las políticas regulatorias que el IFT ha implementado desde su creación” en 2013.
Las nuevas perspectivas de la OCDE con respecto a México han dado un giro completo en los últimos nueve años. En 2010, por ejemplo, dicha organización refirió que “la densidad de banda ancha en México es la segunda más baja de los países de la OCDE y la velocidad de descarga sigue siendo lenta como resultado de la inversión insuficiente en infraestructuras”.
