Greenpeace
06/03/2017 - 12:00 am
Berta Cáceres germina en un grito por nuestros derechos
Por María Colín* A un año de su muerte, Berta Cáceres sigue más viva que nunca. Ahora como un faro moral para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Berta fue baleada por hombres que irrumpieron en su casa la noche del 2 de marzo de 2016. Las pesquisas oficiales solo han […]
Por María Colín*
A un año de su muerte, Berta Cáceres sigue más viva que nunca. Ahora como un faro moral para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.
Berta fue baleada por hombres que irrumpieron en su casa la noche del 2 de marzo de 2016. Las pesquisas oficiales solo han conseguido detenciones relacionadas con el crimen material, sin vincular el homicidio con lo obvio: Berta fue asesinada por su defensa del territorio y los derechos del pueblo indígena Lenca, ante la amenaza que suponía el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Antes de ese fatídico día de marzo, recibió al menos 33 amenazas de muerte por su oposición al proyecto impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), en el río Gualcarque (sagrado para los Lenca), ubicado en Intibucá, Honduras.
Pero la lucha de Berta no se limitó a una hidroeléctrica. Al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), que cofundó en 1993, Berta plantó cara a corporaciones multinacionales, proyectos madereros ilegales y represas que amenazaban el derecho a la alimentación y al agua de pueblos indígenas.
Su enérgica postura le valió en 2015 el Premio Goldman, considerado el Nobel del medio ambiente. Pero también le granjeó poderosos enemigos, y con ello intimidaciones, persecuciones y amenazas, de las que ni siquiera la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decretada en 2009, la pudo salvar.
A un año de su cobarde asesinato, Berta nos regala la oportunidad para revisar la escalada de violencia contra defensores. Solo en Honduras, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados desde el golpe de Estado ocurrido en 2009, según un reporte de Global Witness presentado a principios de este año. Las cifras concluyen que el Estado hondureño ha fracasado en tomar medidas de protección efectivas para personas defensoras de estos derechos.
Pero esta realidad también abarca al mundo y, ciertamente, a México. Globalmente, las personas defensoras ambientales padecen amenazas, intimidaciones y hostigamientos frecuentemente. Por sus actividades son sometidos arbitrariamente a procesos penales, estigmatizados y declarados enemigos del desarrollo y hasta “talibanes del medio ambiente”. De 185 asesinatos de defensores de la tierra y el ambiente a nivel global, 122 ocurrieron en América Latina, reportó GW en 2015.
En el caso de México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó por lo menos 109 casos de ataques contra de defensores ambientales en 23 estados del país en solo un año, entre mayo de 2014 y junio de 2015.
La agraviante situación en México en esta materia quedó plasmada en los vívidos testimonios de más de 800 defensores, presentados al relator de la ONU sobre los defensores de derechos humanos, Michel Forst, durante su visita al país el pasado 24 de enero. Las voces dieron cuenta de la inseguridad, violencia en su contra por parte de empresas privadas y funcionarios públicos que trabajan en proyectos de desarrollo. Entre los actores más criminalizados se encuentran líderes comunitarios y defensores de derechos a la tierra, al agua y al ambiente sano, de manera particular ante la multiplicación de los llamados megaproyectos.
Ante este escenario, Greenpeace hace un llamado a que los agentes del Estado, empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos. Es esencial que se adopten medidas dirigidas a afrontar las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras y a crear un ambiente favorable para ejercitar el derecho a defender derechos humanos en todo el mundo.
El asesinato de Berta, después del repudio e indignación, nos da la ocasión de hacer este llamado, recordando sus valientes palabras ante esta dura pelea: “Tenemos que seguir luchando, con alegría y esperanza”.
*María Colín es asesora legal de Greenpeace México
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