En 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense registró más de 800 mil detenciones de migrantes mexicanos sin documentos en su frontera sur. La gran mayoría, se desplazan por la inseguridad y clima de violencia que viven en sus lugares de origen.
Por Verónica Martínez
Ciudad Juárez, 6 de febrero (LaVerdad).– Hasta hace unos días, Antonio se desempeñaba como policía en Michoacán, uno de los estados más violentos de México, ahora se encuentra en un albergue de esta ciudad, junto a su esposa y su hijo, un bebé de ocho meses, en espera de cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. Huyen de la violencia.
“La inseguridad, esa es la razón principal por la que nosotros tuvimos que emigrar”, dice el hombre de 25 años mientras intenta dormir a su bebé en sus brazos, sentado en una silla del comedor del albergue donde encontró refugio temporal mientras sigue su camino.
Antonio, a quien se le cambió el nombre por cuestiones de seguridad, cuenta que a través de su labor como policía pudo ver las deficiencias de un sistema de seguridad colapsado. Para él, salir a las calles a trabajar era “rifársela todos los días”, hasta que fue amenazado y eso lo hizo dejar todo.
Pero él no es el único que tomó camino hacia el norte. Tan solo el año pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de Estados Unidos registró 800 mil 689 detenciones de migrantes mexicanos indocumentados en su frontera sur –algunas de esas personas quizá fueron aseguradas en más de un intento de internarse al territorio estadounidense, pero de esto no se tienen datos precisos–.
La cifra de detenciones del año pasado supera en más de un 13 por ciento el registro del 2021, cuando CBP reportó 706 mil 644 aseguramientos de migrantes de origen mexicano. Aunque el flujo de connacionales que salen de sus lugares de origen con la intención de cruzar a Estados Unidos, ha ido en aumento desde el 2017, de acuerdo con datos oficiales.
Por el sector de El Paso, CBP reportó 125 mil 656 encuentros con connacionales mexicanos durante el 2022.
Esos números contradicen las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asegura que los apoyos del Bienestar que ofrece su Gobierno han reducido el número de migrantes que salen de sus comunidades en México.
AMLO presumió ese supuesto logro de su administración ante el Presidente Joe Biden en la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte, en donde además especificó que alrededor de 30 millones de familias reciben apoyo de alguno de los programas para el Bienestar.
Previo a ese encuentro, durante la conferencia mañanera del pasado 27 de diciembre, expuso que plantearía a Biden subsidiar más programas de este tipo en países de Centroamérica que registran altas tazas de pobreza y migración.
“Ya tenemos nosotros algunos ejemplos de como sí funciona, de que se ofrezcan opciones a los que se ven obligados a optar por migrar. Si hay programas de bienestar en sus pueblos se quedan”, dijo entonces López Obrador refiriéndose a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.
Sembrando Vida ya se ha extendido a Haití, El Salvador y Guatemala, mientras Jóvenes Construyendo el Futuro también ha llegado a Guatemala y Honduras.
Sin embargo, estos programas no han frenado el éxodo personas desde sus comunidades, empujados principalmente por la violencia y la pobreza.
María Inés Barrios, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), considera que eso se debe a que los programas de Bienestar se han enfocado en el desarrollo económico y social, y aunque pueden mejorar las condiciones financieras de los beneficiaros, la migración de personas mexicanas es impulsada principalmente por un desplazamiento forzado.
“Posiblemente el Presidente esté haciendo referencia a una migración económica, pero estos programas de Bienestar no están impactando en las personas desplazadas internas. No son personas que están saliendo por razones económicas si no que están huyendo de lugares de alta violencia”, dice Barrios.
La académica detalla que este aumento de migrantes mexicanos que llegan a la frontera norte se empezó a hacer más visible desde el 2013 e investigaciones en el tema migratorio ya han señalado una relación directa de estos flujos con los índices de violencia en algunos estados del país como Michoacán, Guerrero y Zacatecas.
Aunque este aumento de la migración por el desplazamiento interno forzado en México no tiene atención por los miles de personas que se movilizan con las caravanas de migrantes centroamericanos que se han dado desde finales del 2018, explica Barrios.
“Creo que sí hay un invisibilidad [del desplazamiento forzado por la violencia] la cual se ha agudizado ante el actual contexto tan cambiante de la migración en los últimos años”, afirma.
En los últimos cinco años se ha dado un aumento general en los flujos migratorios incluyendo a personas provenientes de Centroamérica.
DE BENEFICIARIO DE BIENESTAR A DESPLAZADO POR VIOLENCIA
Antonio y su esposa han emigrado en dos ocasiones, la más reciente al salir de su hogar en Michoacán y por primera vez cuando dejaron a su familia en Guerrero, para buscar mejores condiciones de vida.
En Morelia, Antonio estudió la preparatoria y continuó su carrera con una licenciatura en Derecho. Ahí él encontró mejores oportunidades laborales por lo que se quedó a vivir por más de 10 años.
Cuando decidieron salir de ciudad capital de Michoacán, la pareja no consideró volver a Guerrero debido a los altos niveles de violencia en sus comunidades de origen.
“En Guerrero esta peor. Allá en donde viven mis papás por todo te piden cuota”, dice Antonio, quien asegura que en ese estado del sur de México casi todo esta está controlado por el crimen organizado, desde la venta de productos agrícola y animal hasta la organización de fiestas y eventos.
Siendo de comunidades rurales, los padres de Antonio fueron beneficiarios del programa Sembrando Vida. El proyecto agroforestal que emplea a campesinos para hacer las labores de siembra, cuidado y cosecha de árboles frutales, por el pago de hasta 6 mil pesos mexicanos (300 dólares) al mes. El proyecto busca combatir la pobreza en comunidades de bajos recursos y la degradación ecológica.
Antonio y Rubí fueron beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa de becas enfocado en adolescentes y jóvenes que habitan en municipios de alta marginación y con pocas oportunidades para desarrollar actividades productivas.
Aunque se dan estos apoyos, Antonio considera que más allá de impulsar a su comunidad esos programas han beneficiado indirectamente al crimen organizado.
“El Gobierno federal ha dado becas, tanto a campesinos como estudiantes. El detalle es que allá el crimen organizado te quita la mitad de la beca entonces de nada sirve”, dice Antonio. “No conviene esforzarte tanto si al final no vas a tener nada”.
Hasta junio del 2022, Sembrando Vida reportó 455 mil 749 beneficiarios en 21 estados y más de mil municipios de México, y Jóvenes Construyendo el Futuro becó a más de 2 millones 357 mil jóvenes de entre 18 y 29 años, según los reportes de la Secretaría de Bienestar.
Barrios, la investigadora social del Colef, señala que estos programas de Bienestar están enfocados en atender contextos socioeconómicos que sí apremian a comunidades marginalizadas, pero que no están diseñados para atender los aspectos estructurales de inseguridad, motivo por el cual las personas salen de sus lugares de origen.
Antonio considera que ya no se puede vivir tranquilamente en Guerrero. La gente no transita las carreteras por la noche, ya no se hacen reuniones y se vive vigilado por los grupos criminales.
“Son programas de desarrollo y el desarrollo sí se puede dar siempre y cuando se haya combatido la delincuencia o se refuerce la seguridad”, dice Antonio.
“Obviamente estos programas podrían dar fruto en cualquier lugar pero en Guerrero no. No cuando te quitan la mitad de la ganancia”, comenta el hombre que tampoco pudo continuar su vida en Michoacán y ahora permanece en Ciudad Juárez a la espera de cruzar la frontera.
LAS COMUNIDADES CAMBIADAS POR LA VIOLENCIA
En una de las comunidades cercanas a General Francisco Murguía, en Zacatecas, Gustavo y María vivieron tranquilamente por décadas. Sus nombres fueron cambiados por seguridad.
Los dos nacieron, crecieron y criaron a una familia en esa comunidad rural y como muchos en la región centro-norte del país se dedicaron a la producción de maíz y frijol y a la crianza de chivas. Viviendo en una comunidad pequeña, el matrimonio nunca perdía la oportunidad de bailar en las fiestas del pueblo, ya fuera una quinceañera, boda o un cumpleaños.
Fue hace tres años que la violencia ocasionada por grupos criminales atemorizó al pueblo. Ya no se realizan fiestas, a partir de las nueve de la noche nadie sale de sus casas y ocasionalmente se escucha a las camionetas blindadas acelerar por las calles del pueblo.
“Todos se quieren ir y toda la gente se queja. Irse ya es obligado”, dice María.
Muchas personas huyeron, detalla la mujer de 58 años. Entre los desplazados estuvo su hija que ahora ya está en Estados Unidos. Este año, Gustavo y María fueron dos más de las personas desplazadas en México que dejaron atrás sus hogares. El 19 de enero llegaron a Ciudad Juárez y han permanecido en un albergue con planes de solicitar asilo humanitario en Estados Unidos.
“Preferimos sufrirla acá”, dice Gustavo. “Acá duerme uno tranquilo y allá a todo que ande afuera de las nueve para adelante se lo llevan. A muchos sueltan, pero otros ya no regresan”.
Para resguardarse del frío de Chihuahua, el hombre de 61 años usa una chamarra que lleva bordado “Los Ángeles” en el frente, y porta un sombrero vaquero. En Zacatecas dejó su casa, un vehículo que usaba en la labor del campo, sus ejidos y a sus chivas encargadas con su hermano.
Se empezaron a registrar casos de desaparición de jóvenes en la comunidad y además un grupo criminal empezó a cobrar piso a los negocios de las rancherías. Con una tienda de abarrotes, María temía que ella y su marido fueran amenazados.
“¿Si les dábamos a ellos lo que ganábamos con qué íbamos a volver a surtir?”, se pregunta María agregando que mientras su marido salía a trabajar en el campo, ambos temían que le llegara a pasar algo mientras ella se quedaba en la tienda sola.
La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos data de hace más de 160 años, explica Barrios, pero desde los años treinta hasta los noventa esta población había sido de hombres viajando solos para trabajar en territorio estadounidense. A partir del 2006 se empieza a dar un cambio en las razones para emigrar y ya no solo es una migración laboral, sino también forzada huyendo de los contextos de violencia en México.
En una reciente encuesta realizada por el Grupo Interdisciplinario de Temas Migratorios (GITM) se buscó determinar las razones de desplazamiento a personas mexicanas alojadas en albergues de Ciudad Juárez.
Las ediciones de la encuesta realizadas en 2019 y en 2022 arrojaron que las principales razones de desplazamiento son asociadas a la inseguridad y violencia. En el 2022, el 63 por ciento señaló a las amenazas, extorsiones a inseguridad ejercidas por el narcotráfico como principal razón para salir de sus comunidades, mientras que en el 2019, este llegó a ser el 85 por ciento.
En contraste, los motivos asociados con la pobreza y empleo representaron el seis por ciento en el 2019 y cuatro por ciento en el 2022.
En el 2021, el número de episodios de desplazamiento interno por violencia no solo tuvo un incremento notable si no que es la cifra as alta registrada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
La organización señaló en su informe anual Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México que fueron 28 mil 943 personas desplazadas en el 2021. La cifra más alta anteriormente había sido 22 mil 110 en el 2016.
El informe anual también señala a Michoacán, Chiapas, y Zacatecas como los principales estados expulsores por motivos de violencia, concentrando al 85 por ciento de las personas desplazadas. Aunque la movilidad de personas se registra mayormente desde 10 estados del país.
A pesar de ser un problema prominente en México, el desplazamiento forzado ha sido un problema desatendido por décadas, declara Barrios. No solo existe una violación de derechos humanos al momento de que estas personas huyen de sus localidades, sino también se registra una violación sistemática durante su proceso de tránsito y desplazamiento hasta en los lugares de destino, porque no tienen un reasentamiento ni hay una restitución de derechos.
La Encuesta a Mexicanos Desplazados y Solicitante de Asilo en Ciudad Juárez del GITM también reveló que solo uno de cada tres personas entrevistadas pidió ayuda a las autoridades señalando que esta baja incidencia se debe al miedo a represalias por parte de los generadores de violencia y los posibles vínculos de autoridades con los grupos criminales.
“Estos migrantes están en un contexto más amplio de vulnerabilidad porque no hay un marco normativo que responde a sus realidades”, afirma Barrios.
Las cifras de CBP muestran un aumento en estos flujos migratorios. Sin embargo, Barrios advierte que la cantidad de personas desplazadas podría ser mayor ya que muchos permanecen en las ciudades fronterizas a la espera de cambios de la política migratoria para intentar solicitar asilo.
En la encuesta realizada por el GITM, los investigadores identificaron que el porcentaje de mexicanos que habían intentado cruzar a Estados Unidos era muy bajo en comparación con el de los centroamericanos, pero va en aumento.
“El hecho de que el número de encuentros sea bajo en comparación con los migrantes extranjeros no quiere decir que los migrantes [mexicanos] no estén llegando a la frontera norte”, afirma.
Para Antonio, quien continúa en Juárez con su familia esperando poder iniciar un proceso de asilo y así cruzar a Estados Unidos, volver a Michoacán o Guerrero es una opción descartada, porque considera que sería poner a su familia en peligro.
“Mi voluntad fue salir de ahí y si vuelvo porque me rendí sería retroceder”, dice Antonio. “Yo tengo una esposa y un hijo, y mis mejores deseos son que a lo mejor no tengan una vida de lujos, pero sí una vida digna”.
